Cada 14 de abril se conmemora el aniversario de la Segunda República española (1931-1936), proclamada pacíficamente y con alborozo popular tras unas elecciones municipales celebradas dos días antes, en las que 45 de las 52 capitales de provincia pasaron a ser gobernadas por partidarios republicanos, lo que obligó al entonces rey de España, Alfonso XIII, partir hacia el exilio en Roma.
Los españoles no perdonaron en las urnas el apoyo del monarca Borbón a la dictadura de Miguel Primo de Rivera ni a la “dictablanda” de los gobiernos de Dámaso Berenguer y Juan Bautista Aznar. A pesar de ser un período convulso, cuyos males y la violencia que generaron venían de antiguo, desde, al menos, la época de la Restauración y la referida dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República supuso un serio esfuerzo por la modernización de España, pero que fue inmediatamente boicoteado por las fuerzas reaccionarias y conservadoras que temían perder sus privilegios. Era la última democracia que florecía en Europa tras la Primera Guerra Mundial, y no la dejaron, ni supo ni pudo, consolidarse para aplicar su política reformista.
Los detractores del orden republicano contaban con el apoyo de buena parte de la burguesía y de una Iglesia a la que se intentó expulsar de los ámbitos público y educativo para que se circunscribiera a la esfera privada de las personas, conforme al estricto laicismo constitucional republicano que respetaba, no obstante, la libertad de culto para todos los credos.
Sólo por esa voluntad cercenada de reducir la presencia clerical en lo público, desde donde la Iglesia pretende tutelar gobiernos y leyes, siento una nostalgia infinita de la República. Entre otras cosas porque el peso actual de las sotanas en España es asfixiante, como son intolerables las continuas muestras de subordinación religiosa del Gobierno de Mariano Rajoy cuando concede medallas y otras condecoraciones a vírgenes y hermandades religiosas o autoriza ondear la enseña nacional a media asta en señal de luto durante la Semana Santa por la “muerte de Dios”, sin importarle la supuesta aconfesionalidad del Estado, recogida en la Constitución.
Es evidente que la Segunda República supo ser, en esta materia, al menos, mucho más valiente y coherente con la independencia del Estado frente a la Iglesia que los gobiernos contemporáneos de nuestra monarquía parlamentaria.
Pero es que, en relación a derechos y libertades que hoy consideramos esenciales en una democracia, aquella joven República fue novedosa y bastante ambiciosa, ya que emprendió, en su corta vida, una reforma agraria y de las relaciones laborales; universalizó el derecho a la educación y la sanidad; declaró la laicidad del Estado y la libertad de culto; reconoció el voto de la mujer por primera vez en la historia de este país y estableció el sufragio universal sin distinción.
A su vez, eliminó la censura y amparó la libertad de manifestación y reunión, reconoció el derecho al divorcio y al aborto, defendió la unidad integral de España pero autorizó el derecho a la autonomía de municipios y regiones, emprendió una reforma militar y consolidó un sistema parlamentario y democrático acorde con la clásica separación de poderes.
Todo lo cual, en el contexto de los años treinta del siglo pasado, supone el programa de reformas más vasto jamás emprendido en España, incluso en comparación con la restauración de la actual democracia. Es también por eso que siento añoranza de una República nada timorata en apostar decididamente por extender y aumentar derechos sociales y garantizar los intereses y libertades de los ciudadanos.
Tan inmenso fue su afán por modernizar y democratizar este país que si nuestra Carta Magna reconoce esos derechos en los españoles es porque ya figuraban, total o parcialmente, en la Constitución republicana.
Siento añoranza porque admiro esa voluntad de la Segunda República de convertir España en un país moderno, pacífico, plural y progresista, en contraste con unos tiempos actuales en los que se manifiesta el sectarismo ideológico, el integrismo moral y el liberalismo económico en perjuicio del interés social.
Es verdad, como todo el mundo sabe, que no fue un régimen perfecto y que cometió grandes y graves errores, pero nadie puede negar el hecho de que fuera el primer régimen verdaderamente democrático en la historia de nuestro país, del que deberíamos sentirnos orgullosos y guardar una memoria mucho más fiel con la verdad histórica. Aun cuando su imagen esté condicionada por la Guerra Civil como ejemplo de fracaso.
Un fracaso provocado por una derecha que continúa, todavía hoy, impidiendo cuanto puede el eficaz reconocimiento de derechos sociales y el ejercicio de libertades ciudadanas que considera perjudiciales para sus privilegios, con la inevitable bendición de los purpurados. Por eso trata, por todos los medios, de impedir que se conozca la importante labor de la Segunda República española y no se reconozca su legado. Para eso, piensa y actúa, no hizo una guerra.
Los españoles no perdonaron en las urnas el apoyo del monarca Borbón a la dictadura de Miguel Primo de Rivera ni a la “dictablanda” de los gobiernos de Dámaso Berenguer y Juan Bautista Aznar. A pesar de ser un período convulso, cuyos males y la violencia que generaron venían de antiguo, desde, al menos, la época de la Restauración y la referida dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República supuso un serio esfuerzo por la modernización de España, pero que fue inmediatamente boicoteado por las fuerzas reaccionarias y conservadoras que temían perder sus privilegios. Era la última democracia que florecía en Europa tras la Primera Guerra Mundial, y no la dejaron, ni supo ni pudo, consolidarse para aplicar su política reformista.
Los detractores del orden republicano contaban con el apoyo de buena parte de la burguesía y de una Iglesia a la que se intentó expulsar de los ámbitos público y educativo para que se circunscribiera a la esfera privada de las personas, conforme al estricto laicismo constitucional republicano que respetaba, no obstante, la libertad de culto para todos los credos.
Sólo por esa voluntad cercenada de reducir la presencia clerical en lo público, desde donde la Iglesia pretende tutelar gobiernos y leyes, siento una nostalgia infinita de la República. Entre otras cosas porque el peso actual de las sotanas en España es asfixiante, como son intolerables las continuas muestras de subordinación religiosa del Gobierno de Mariano Rajoy cuando concede medallas y otras condecoraciones a vírgenes y hermandades religiosas o autoriza ondear la enseña nacional a media asta en señal de luto durante la Semana Santa por la “muerte de Dios”, sin importarle la supuesta aconfesionalidad del Estado, recogida en la Constitución.
Es evidente que la Segunda República supo ser, en esta materia, al menos, mucho más valiente y coherente con la independencia del Estado frente a la Iglesia que los gobiernos contemporáneos de nuestra monarquía parlamentaria.
Pero es que, en relación a derechos y libertades que hoy consideramos esenciales en una democracia, aquella joven República fue novedosa y bastante ambiciosa, ya que emprendió, en su corta vida, una reforma agraria y de las relaciones laborales; universalizó el derecho a la educación y la sanidad; declaró la laicidad del Estado y la libertad de culto; reconoció el voto de la mujer por primera vez en la historia de este país y estableció el sufragio universal sin distinción.
A su vez, eliminó la censura y amparó la libertad de manifestación y reunión, reconoció el derecho al divorcio y al aborto, defendió la unidad integral de España pero autorizó el derecho a la autonomía de municipios y regiones, emprendió una reforma militar y consolidó un sistema parlamentario y democrático acorde con la clásica separación de poderes.
Todo lo cual, en el contexto de los años treinta del siglo pasado, supone el programa de reformas más vasto jamás emprendido en España, incluso en comparación con la restauración de la actual democracia. Es también por eso que siento añoranza de una República nada timorata en apostar decididamente por extender y aumentar derechos sociales y garantizar los intereses y libertades de los ciudadanos.
Tan inmenso fue su afán por modernizar y democratizar este país que si nuestra Carta Magna reconoce esos derechos en los españoles es porque ya figuraban, total o parcialmente, en la Constitución republicana.
Siento añoranza porque admiro esa voluntad de la Segunda República de convertir España en un país moderno, pacífico, plural y progresista, en contraste con unos tiempos actuales en los que se manifiesta el sectarismo ideológico, el integrismo moral y el liberalismo económico en perjuicio del interés social.
Es verdad, como todo el mundo sabe, que no fue un régimen perfecto y que cometió grandes y graves errores, pero nadie puede negar el hecho de que fuera el primer régimen verdaderamente democrático en la historia de nuestro país, del que deberíamos sentirnos orgullosos y guardar una memoria mucho más fiel con la verdad histórica. Aun cuando su imagen esté condicionada por la Guerra Civil como ejemplo de fracaso.
Un fracaso provocado por una derecha que continúa, todavía hoy, impidiendo cuanto puede el eficaz reconocimiento de derechos sociales y el ejercicio de libertades ciudadanas que considera perjudiciales para sus privilegios, con la inevitable bendición de los purpurados. Por eso trata, por todos los medios, de impedir que se conozca la importante labor de la Segunda República española y no se reconozca su legado. Para eso, piensa y actúa, no hizo una guerra.
DANIEL GUERRERO
