La Oficina Provincial de Intermediación Hipotecaria de la Diputación de Córdoba ha llevado a cabo, desde su creación, un total de 243 actuaciones de gestión, asesoramiento o intermediación en materia de vivienda en la provincia. Así lo dio a conocer ayer la delegada de Bienestar Social en la institución provincial, Felisa Cañete, quien se reunió con representantes de la Asociación de Familias Necesitadas (Anfane) en el marco del convenio de colaboración suscrito entre ambas entidades el pasado año.
La mayor parte de las acciones emprendidas corresponde a asistencias en procedimientos de reclamación para la devolución de los importes de las cláusulas suelo y de los gastos de constitución de préstamos hipotecarios, ámbito en el que se han abierto 234 expedientes.
La Oficina ha trabajado, asimismo, en seis casos de procedimientos de desahucio de familias con problemas para hacer frente al pago de su hipoteca, en Moriles, Rute, Cardeña, Luque y Montilla, de los que ya se han resuelto tres.
Igualmente, se han atendido tres casos de ocupaciones irregulares de familias con problemas de solución ocupacional, para lo que se ha negociado con distintas entidades bancarias un alquiler social que ha beneficiado a un total de diez personas en El Carpio, Lucena y Almodóvar del Río.
Además de la prestación de asesoramiento y asistencia a ciudadanos y el inicio de procedimientos de reclamación, la Oficina se ha centrado en la colaboración con los ayuntamientos de la provincia y otros organismos para la detección de casos de familias con problemas económicos para hacer frente al pago de su hipoteca y/o alquiler, con el fin de prestarles un servicio adecuado.
En este sentido cabe destacar que 53 consistorios se han acogido ya al convenio marco de colaboración con la institución provincial, acuerdos a los que se suman los convenios firmados con los Colegios de Abogados de Córdoba y Lucena, la entidad financiera CajaSur Banco y la asociación Anfane.
En virtud de dicho acuerdo, la Asociación de Familias Necesitadas pone a disposición de la Oficina Provincial de Intermediación Hipotecaria la relación de personas afectadas en la materia, a fin de que la Oficina pueda habilitar los mecanismos y poner a su disposición los recursos de los que dispone para evitar el desahucio o facilitar su realojo.
Dicho convenio recoge, además, la necesidad de informar con carácter periódico al colectivo de las labores de gestión, asesoramiento o intermediación realizadas, balance que la vicepresidenta primera ha trasladado al presidente de Anfane, Rafael Cidrés.
Cañete mostró el “compromiso de la Diputación de Córdoba con las familias en riesgo de desahucio y exclusión social, para lo que se creó esta oficina de intermediación especializada, que les presta el apoyo y la asistencia necesaria en cada momento”.
La delegada de Bienestar Social valoró, además, “la colaboración mantenida con Anfane para garantizar un derecho básico de las personas como es la vivienda y su conocimiento de las familias que requieren de estos servicios”.
La mayor parte de las acciones emprendidas corresponde a asistencias en procedimientos de reclamación para la devolución de los importes de las cláusulas suelo y de los gastos de constitución de préstamos hipotecarios, ámbito en el que se han abierto 234 expedientes.
La Oficina ha trabajado, asimismo, en seis casos de procedimientos de desahucio de familias con problemas para hacer frente al pago de su hipoteca, en Moriles, Rute, Cardeña, Luque y Montilla, de los que ya se han resuelto tres.
Igualmente, se han atendido tres casos de ocupaciones irregulares de familias con problemas de solución ocupacional, para lo que se ha negociado con distintas entidades bancarias un alquiler social que ha beneficiado a un total de diez personas en El Carpio, Lucena y Almodóvar del Río.
Además de la prestación de asesoramiento y asistencia a ciudadanos y el inicio de procedimientos de reclamación, la Oficina se ha centrado en la colaboración con los ayuntamientos de la provincia y otros organismos para la detección de casos de familias con problemas económicos para hacer frente al pago de su hipoteca y/o alquiler, con el fin de prestarles un servicio adecuado.
En este sentido cabe destacar que 53 consistorios se han acogido ya al convenio marco de colaboración con la institución provincial, acuerdos a los que se suman los convenios firmados con los Colegios de Abogados de Córdoba y Lucena, la entidad financiera CajaSur Banco y la asociación Anfane.
En virtud de dicho acuerdo, la Asociación de Familias Necesitadas pone a disposición de la Oficina Provincial de Intermediación Hipotecaria la relación de personas afectadas en la materia, a fin de que la Oficina pueda habilitar los mecanismos y poner a su disposición los recursos de los que dispone para evitar el desahucio o facilitar su realojo.
Dicho convenio recoge, además, la necesidad de informar con carácter periódico al colectivo de las labores de gestión, asesoramiento o intermediación realizadas, balance que la vicepresidenta primera ha trasladado al presidente de Anfane, Rafael Cidrés.
Cañete mostró el “compromiso de la Diputación de Córdoba con las familias en riesgo de desahucio y exclusión social, para lo que se creó esta oficina de intermediación especializada, que les presta el apoyo y la asistencia necesaria en cada momento”.
La delegada de Bienestar Social valoró, además, “la colaboración mantenida con Anfane para garantizar un derecho básico de las personas como es la vivienda y su conocimiento de las familias que requieren de estos servicios”.
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
