El agotador procés que el Gobierno de la Generalitat lleva años impulsando en Cataluña para declarar la independencia de aquella región respecto de España peca de muchas cosas pero, en especial, de cinismo. Los agentes soberanistas que persiguen la secesión en la Comunidad Autónoma catalana se manifiestan –expresan y actúan– con un cinismo insultante, a caballo entre el descaro y la provocación.
No solo muestran deslealtad al Estado que representan en aquel territorio, sino que también adoptan iniciativas deliberadamente ilegales que no respetan el Estado de Derecho y no dudan en reescribir la historia para adecuarla a sus pretensiones independentistas.
Exhiben en todo lo que hacen un cinismo que nadie toleraría en cualquier otra circunstancia. Solo hay que acudir al diccionario para percatarse de esa actitud, pues mienten sin ocultarse ni sentir vergüenza como modus operandi.
Son cínicos al querer confundir su afán independentista con la verdad histórica, como si Cataluña hubiera sido alguna vez un reino independiente de España que fuera conquistado, colonizado y sometido por Castilla en los arcaicos tiempos fundacionales de España como nación.
Así elaboran la gran mentira con la que se vale el nacionalismo soberanista catalán para promover la secesión de España y constituirse en república independiente, incluso en caso de que tal pretensión no sea avalada por la mayoría matemática de los ciudadanos catalanes.
Gracias a este ardid pseudohistórico, el cinismo independentista construye un enemigo (que prohíbe su identidad, que rechaza su lengua, que inhibe su talento, que les roba) contra el que enfrentarse y que justifica la rebelión.
Ello permite, también, identificar la veleidad de algunos, por muchos que sean, con una supuesta realidad nacional, se equiparan con el pueblo al que dicen representar sin que nadie se lo pida, de tal manera que, o bien estás con ellos, o bien no eres un buen y auténtico catalán. Ellos son el pueblo catalán; los demás, todos los que discrepen, son traidores españolistas. Es cinismo elevado a la máxima expresión.
Y con esa dinámica cínica exigen un referéndum como acto evidente, en si mismo, de democracia, pero en el que solo una parte restringida del cuerpo en el que reside la soberanía nacional puede participar, a pesar de que la cuestión afecte a la totalidad del mismo.
Y ello, además, en condiciones tan laxas que cualquier resultado quedaría invalidado, no solo por carecer de rigor, sino fundamentalmente porque no representaría, en puridad democrática, la voluntad mayoritaria de los electores concernidos, ni siquiera la de la mayoría de los catalanes.
Pervierten la legalidad al convocar un referéndum ilegal del que son conscientes que no podrán realizar sin cometer delitos punibles por la justicia y actuando desde la deslealtad institucional, la arbitrariedad jurídica y con claro desprecio del Estado de Derecho.
Lo hacen cínicamente con la excusa de satisfacer un supuesto “derecho a decidir” (¿no deciden cuando votan en elecciones legales?), pero para decidir sólo lo que a ellos interesa y con el resultado asegurado previamente gracias a esas condiciones laxas de participación (eximen de un resultado cualificado y de una participación también incontestable) y al control absoluto de su organización (depuración del Govern de los consellers poco dados a quebrantar la legalidad, nombramiento de radicales independentistas al frente de la Policía autónoma, constante movilización ciudadana por organizaciones soberanistas que chantajean al Ejecutivo catalán, incluida la burda manipulación de cualquier tipo de manifestación ciudadana, como la celebrada en contra del terrorismo, etcétera.).
Es tal la influencia de tales organizaciones radicales en la Generalitat (CUP, Asamblea Nacional...), que el Gobierno catalán actúa al dictado de ellas si pretende seguir gobernando. Ejemplo palmario de tal influencia es Carmen Forcadell, activista de Omnium Cultural y de la Asamblea Nacional Catalana, organizaciones que reclaman la independencia de Cataluña, que con su actitud consiguió ser designada presidenta del Parlamento catalán, no por sus méritos jurídicos y de servicio público, sino por la fuerza intimidatoria de sus movilizaciones.
Ahora es ella la responsable de controlar la labor del Parlamento en favor de las iniciativas de sus afines independentistas. Y si para ello hay que subvertir la legislación vigente y no acatar las resoluciones del Tribunal Constitucional, ella está dispuesta a consentirlo desde su tribuna parlamentaria, la misma desde la que niega la labor de discusión de las leyes y el control al Gobierno por parte de la oposición. Si eso no es cinismo, habrá que redefinir el concepto.
Una de las razones, cínicas por supuesto, para impulsar un referéndum ilegal es la negativa del Gobierno de España a negociarlo tal como conviene a los convocantes, partiendo del desprecio de la ley que no les faculta a promover tal medida.
Nunca han querido discutir si ello era posible o no, asumiendo que la negativa sería la posibilidad más probable, por respeto a la legalidad, de esa imposible negociación. Su exigencia de negociación se basaba en el sí o sí, convencidos de que si ganan la consulta (por la mayoría que fuese) impondrían su criterio independentista, pero si perdían, obtendrían una excusa, a modo de agravio, para seguir intentándolo en el futuro, cuando las condiciones fueran más favorables, y así tantas veces como sean necesarias hasta culminar sus propósitos separatistas.
Con todas las cartas marcadas, exigen cínicamente el “derecho” a decidir el sí, pero solo el sí, como les interesa, cuando les conviene y únicamente para lo que están dispuestos a consultar a una parte fragmentada de los electores y sin demasiados requisitos que preserven la voluntad de la mayoría. Se trata, por tanto, de un referéndum cínico promovido por cínicos representantes de la política nacionalista catalana, facción independentista.
Pero lo más peligroso de este envite cínico no es que una independencia de Cataluña sumiera en el aislamiento y la irrelevancia a la nueva república por causa del rechazo de la Unión Europea y del Derecho Internacional a reconocerla, en el improbable caso de que triunfara la consulta por mayoría indiscutible, sino el riesgo de enfrentamiento armado que podría derivarse entre Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que actuarían dependiendo de los poderes públicos en defensa de la legalidad constitucional, por un lado, y del “autogolpe” catalán, por el otro.
Es un peligro cada vez más evidente conforme se acerca la fecha prevista del referéndum, aunque casi nadie lo aluda ni lo comente. Sin embargo, podría producirse un escenario de enfrentamiento violento entre los Mossos d´Esquadra y la Guardia Civil o el Ejército, cada cual obedeciendo órdenes en defensa de diversas legalidades, la existente y la que quiere imponer la Generalitat en sustitución de la constitucional vigente.
Unos querrían asegurar la viabilidad del proceso electoral, otros impedirlo por ser ilegal. Afectados por una mutua desconfianza y directrices opuestas, no sería descabellado pensar que la tensión hiciera que se perdieran los nervios en algún momento.
También, incluso, que unidades del Ejército tomaran el control de centros y organismos relevantes de una Comunidad a la que se le suspenden sus competencias por parte del Gobierno ante el claro incumplimiento constitucional y legal y su actuación contraria al interés general de España, según contempla la aplicación del Artículo 155 de la Constitución.
No es, pues, un escenario improbable, sino factible y al que parece conducir la actual dinámica de los acontecimientos. Provocarlo y desearlo es, en realidad, una actitud cínica irresponsable, por cuanto se pueden producir víctimas inocentes que enconarían todavía más el enfrentamiento, la división social y el odio en una región hasta la fecha pacífica y tolerante con las ideas, las culturas, los idiomas, las razas y los credos.
Perseguir deliberadamente la ruptura de esa tradición y la buena convivencia que hasta ahora imperaban en Cataluña es un acto de cinismo supremo por parte de dirigentes independentistas catalanes, contrarios a cualquier solución que no sea la previamente diseñada en sus mentes cínicas.
No solo muestran deslealtad al Estado que representan en aquel territorio, sino que también adoptan iniciativas deliberadamente ilegales que no respetan el Estado de Derecho y no dudan en reescribir la historia para adecuarla a sus pretensiones independentistas.
Exhiben en todo lo que hacen un cinismo que nadie toleraría en cualquier otra circunstancia. Solo hay que acudir al diccionario para percatarse de esa actitud, pues mienten sin ocultarse ni sentir vergüenza como modus operandi.
Son cínicos al querer confundir su afán independentista con la verdad histórica, como si Cataluña hubiera sido alguna vez un reino independiente de España que fuera conquistado, colonizado y sometido por Castilla en los arcaicos tiempos fundacionales de España como nación.
Así elaboran la gran mentira con la que se vale el nacionalismo soberanista catalán para promover la secesión de España y constituirse en república independiente, incluso en caso de que tal pretensión no sea avalada por la mayoría matemática de los ciudadanos catalanes.
Gracias a este ardid pseudohistórico, el cinismo independentista construye un enemigo (que prohíbe su identidad, que rechaza su lengua, que inhibe su talento, que les roba) contra el que enfrentarse y que justifica la rebelión.
Ello permite, también, identificar la veleidad de algunos, por muchos que sean, con una supuesta realidad nacional, se equiparan con el pueblo al que dicen representar sin que nadie se lo pida, de tal manera que, o bien estás con ellos, o bien no eres un buen y auténtico catalán. Ellos son el pueblo catalán; los demás, todos los que discrepen, son traidores españolistas. Es cinismo elevado a la máxima expresión.
Y con esa dinámica cínica exigen un referéndum como acto evidente, en si mismo, de democracia, pero en el que solo una parte restringida del cuerpo en el que reside la soberanía nacional puede participar, a pesar de que la cuestión afecte a la totalidad del mismo.
Y ello, además, en condiciones tan laxas que cualquier resultado quedaría invalidado, no solo por carecer de rigor, sino fundamentalmente porque no representaría, en puridad democrática, la voluntad mayoritaria de los electores concernidos, ni siquiera la de la mayoría de los catalanes.
Pervierten la legalidad al convocar un referéndum ilegal del que son conscientes que no podrán realizar sin cometer delitos punibles por la justicia y actuando desde la deslealtad institucional, la arbitrariedad jurídica y con claro desprecio del Estado de Derecho.
Lo hacen cínicamente con la excusa de satisfacer un supuesto “derecho a decidir” (¿no deciden cuando votan en elecciones legales?), pero para decidir sólo lo que a ellos interesa y con el resultado asegurado previamente gracias a esas condiciones laxas de participación (eximen de un resultado cualificado y de una participación también incontestable) y al control absoluto de su organización (depuración del Govern de los consellers poco dados a quebrantar la legalidad, nombramiento de radicales independentistas al frente de la Policía autónoma, constante movilización ciudadana por organizaciones soberanistas que chantajean al Ejecutivo catalán, incluida la burda manipulación de cualquier tipo de manifestación ciudadana, como la celebrada en contra del terrorismo, etcétera.).
Es tal la influencia de tales organizaciones radicales en la Generalitat (CUP, Asamblea Nacional...), que el Gobierno catalán actúa al dictado de ellas si pretende seguir gobernando. Ejemplo palmario de tal influencia es Carmen Forcadell, activista de Omnium Cultural y de la Asamblea Nacional Catalana, organizaciones que reclaman la independencia de Cataluña, que con su actitud consiguió ser designada presidenta del Parlamento catalán, no por sus méritos jurídicos y de servicio público, sino por la fuerza intimidatoria de sus movilizaciones.
Ahora es ella la responsable de controlar la labor del Parlamento en favor de las iniciativas de sus afines independentistas. Y si para ello hay que subvertir la legislación vigente y no acatar las resoluciones del Tribunal Constitucional, ella está dispuesta a consentirlo desde su tribuna parlamentaria, la misma desde la que niega la labor de discusión de las leyes y el control al Gobierno por parte de la oposición. Si eso no es cinismo, habrá que redefinir el concepto.
Una de las razones, cínicas por supuesto, para impulsar un referéndum ilegal es la negativa del Gobierno de España a negociarlo tal como conviene a los convocantes, partiendo del desprecio de la ley que no les faculta a promover tal medida.
Nunca han querido discutir si ello era posible o no, asumiendo que la negativa sería la posibilidad más probable, por respeto a la legalidad, de esa imposible negociación. Su exigencia de negociación se basaba en el sí o sí, convencidos de que si ganan la consulta (por la mayoría que fuese) impondrían su criterio independentista, pero si perdían, obtendrían una excusa, a modo de agravio, para seguir intentándolo en el futuro, cuando las condiciones fueran más favorables, y así tantas veces como sean necesarias hasta culminar sus propósitos separatistas.
Con todas las cartas marcadas, exigen cínicamente el “derecho” a decidir el sí, pero solo el sí, como les interesa, cuando les conviene y únicamente para lo que están dispuestos a consultar a una parte fragmentada de los electores y sin demasiados requisitos que preserven la voluntad de la mayoría. Se trata, por tanto, de un referéndum cínico promovido por cínicos representantes de la política nacionalista catalana, facción independentista.
Pero lo más peligroso de este envite cínico no es que una independencia de Cataluña sumiera en el aislamiento y la irrelevancia a la nueva república por causa del rechazo de la Unión Europea y del Derecho Internacional a reconocerla, en el improbable caso de que triunfara la consulta por mayoría indiscutible, sino el riesgo de enfrentamiento armado que podría derivarse entre Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que actuarían dependiendo de los poderes públicos en defensa de la legalidad constitucional, por un lado, y del “autogolpe” catalán, por el otro.
Es un peligro cada vez más evidente conforme se acerca la fecha prevista del referéndum, aunque casi nadie lo aluda ni lo comente. Sin embargo, podría producirse un escenario de enfrentamiento violento entre los Mossos d´Esquadra y la Guardia Civil o el Ejército, cada cual obedeciendo órdenes en defensa de diversas legalidades, la existente y la que quiere imponer la Generalitat en sustitución de la constitucional vigente.
Unos querrían asegurar la viabilidad del proceso electoral, otros impedirlo por ser ilegal. Afectados por una mutua desconfianza y directrices opuestas, no sería descabellado pensar que la tensión hiciera que se perdieran los nervios en algún momento.
También, incluso, que unidades del Ejército tomaran el control de centros y organismos relevantes de una Comunidad a la que se le suspenden sus competencias por parte del Gobierno ante el claro incumplimiento constitucional y legal y su actuación contraria al interés general de España, según contempla la aplicación del Artículo 155 de la Constitución.
No es, pues, un escenario improbable, sino factible y al que parece conducir la actual dinámica de los acontecimientos. Provocarlo y desearlo es, en realidad, una actitud cínica irresponsable, por cuanto se pueden producir víctimas inocentes que enconarían todavía más el enfrentamiento, la división social y el odio en una región hasta la fecha pacífica y tolerante con las ideas, las culturas, los idiomas, las razas y los credos.
Perseguir deliberadamente la ruptura de esa tradición y la buena convivencia que hasta ahora imperaban en Cataluña es un acto de cinismo supremo por parte de dirigentes independentistas catalanes, contrarios a cualquier solución que no sea la previamente diseñada en sus mentes cínicas.
DANIEL GUERRERO
