El Gobierno andaluz aprobó ayer una modificación de la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas con el fin de reducir de tres a dos el número de personas socias que se exige para la constitución de este tipo de empresas. De este modo, el Ejecutivo autonómico aprobó el proyecto de ley que hará posible esta medida de flexibilización, orientada a facilitar el desarrollo de un sector estratégico del que Andalucía es actualmente líder nacional en número de entidades (3.974) y figura en segundo lugar en cuanto a empleo (47.900 trabajadores).
La reducción del número de socios, acordada con el sector, eliminará una dificultad a la creación de nuevas empresas sin alterar los principios ni la forma jurídica del cooperativismo y sin impedir las futuras ampliaciones de la base social mediante adhesiones voluntarias y abiertas.
Para la constitución de una cooperativa con dos socios, se especifica que la aportación al capital social de uno de ellos podrá llegar hasta el 75 por ciento del total. En los estatutos, los promotores podrán optar entre una administración única o solidaria.
Con estos cambios, Andalucía se convertirá en una de las comunidades autónomas más flexibles en cuanto a la puesta en marcha de este tipo de sociedades, caracterizadas por su capacidad para vertebrar el territorio, su estabilidad (promedio de vida de 17 años) y una marcada responsabilidad social que se traduce en la creación de empleo de calidad.
Junto con esta flexibilización, la ley modificada también incorporará el régimen sancionador para las cooperativas con sección de crédito, una materia que actualmente aparece regulada principalmente en su reglamento de 2014 y que establece multas de hasta 30.000 euros y la posibilidad de prohibir la actividad en los casos de las infracciones más graves.
La actual Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas, que sustituyó a la de 1999, ya introdujo numerosas medidas de agilización de los trámites administrativos para crear sociedades, incorporar socios, crear puestos de trabajo, mejorar la flexibilidad interna y permitir una mayor libertad en la distribución de los beneficios. Asimismo, fomentó el perfil inversor de las sociedades, permitió la creación de grupos empresariales cooperativos y aumentó las posibilidades de contratar por cuenta ajena.
La economía social tiene especial importancia en el tejido empresarial andaluz, con 6.092 empresas (3.974 cooperativas y 2.118 sociedades laborales) que en su conjunto dan empleo a 69.044 trabajadores. Andalucía es la primera comunidad en número de entidades y de personas ocupadas por la economía social, con un 20,1 por ciento y un 16,7 por ciento del conjunto nacional, respectivamente, y con un protagonismo destacado de las cooperativas de trabajo y las agroalimentarias.
La reducción del número de socios, acordada con el sector, eliminará una dificultad a la creación de nuevas empresas sin alterar los principios ni la forma jurídica del cooperativismo y sin impedir las futuras ampliaciones de la base social mediante adhesiones voluntarias y abiertas.
Para la constitución de una cooperativa con dos socios, se especifica que la aportación al capital social de uno de ellos podrá llegar hasta el 75 por ciento del total. En los estatutos, los promotores podrán optar entre una administración única o solidaria.
Con estos cambios, Andalucía se convertirá en una de las comunidades autónomas más flexibles en cuanto a la puesta en marcha de este tipo de sociedades, caracterizadas por su capacidad para vertebrar el territorio, su estabilidad (promedio de vida de 17 años) y una marcada responsabilidad social que se traduce en la creación de empleo de calidad.
Junto con esta flexibilización, la ley modificada también incorporará el régimen sancionador para las cooperativas con sección de crédito, una materia que actualmente aparece regulada principalmente en su reglamento de 2014 y que establece multas de hasta 30.000 euros y la posibilidad de prohibir la actividad en los casos de las infracciones más graves.
La actual Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas, que sustituyó a la de 1999, ya introdujo numerosas medidas de agilización de los trámites administrativos para crear sociedades, incorporar socios, crear puestos de trabajo, mejorar la flexibilidad interna y permitir una mayor libertad en la distribución de los beneficios. Asimismo, fomentó el perfil inversor de las sociedades, permitió la creación de grupos empresariales cooperativos y aumentó las posibilidades de contratar por cuenta ajena.
La economía social tiene especial importancia en el tejido empresarial andaluz, con 6.092 empresas (3.974 cooperativas y 2.118 sociedades laborales) que en su conjunto dan empleo a 69.044 trabajadores. Andalucía es la primera comunidad en número de entidades y de personas ocupadas por la economía social, con un 20,1 por ciento y un 16,7 por ciento del conjunto nacional, respectivamente, y con un protagonismo destacado de las cooperativas de trabajo y las agroalimentarias.
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR
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