El consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, ha destacado el aumento de fondos destinados a la financiación básica de las universidades públicas andaluzas, que crecen más del 7 por ciento hasta situarse en 1.282,5 millones de euros, "lo que permite a éstas tener certeza sobre los recursos mínimos con los que va a contar, facilitando así la planificación de sus actuaciones".
Ramírez de Arellano ha explicado que este aumento de la financiación básica responde a la estructura presupuestaria acordada con las universidades dentro de la revisión del modelo de financiación universitaria, que “consolidaremos en 2018”.
Asimismo, se enmarca en el crecimiento del presupuesto destinado a las instituciones académicas de educación superior para el próximo ejercicio de 2018, cuya partida se incrementa un 4,4 por ciento hasta alcanzar los 1.536 millones de euros.
En concreto, la financiación básica operativa sube hasta los 1.204,3 millones de euros, como consecuencia de llevar al máximo aquellas partidas limitadas por la regla de gasto e incorporar recursos para la recuperación efectiva de los derechos del personal público. Además, se destinan 46,8 millones de euros para financiación de infraestructuras, de los que 40,5 irán a nuevos proyectos.
El consejero ha señalado asimismo el cambio que se ha producido en torno a la financiación de la I+D+i, multiplicando por cuatro la financiación básica a los grupos de investigación (37,7 millones de euros), destinando 121,5 millones de euros para el desarrollo del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (Paidi) 2020, además de incluir 33,5 millones de euros para la continuación del programa de Capacitación de Jóvenes.
En este ámbito ha permitido la contratación temporal de 1.283 técnicos de apoyo a la investigación el pasado mes de mayo durante un plazo máximo de un año, a los que se unen otros 1.061 para investigadores que se encuentran en plena convocatoria en estos días y los 250 contratos para doctores previstos en 2018.
Dentro de la financiación básica también se mantienen los planes de excelencia y apoyo a los estudiantes, que cuentan con una dotación de 76,5 millones de euros y donde se incluye la bonificación al 99 por ciento de los créditos aprobados en primera matrícula, con lo que se cubrirá la parte correspondiente al inicio del año 2018-19, consolidando así una medida implantada como “estructural e irreversible”.
El consejero ha reivindicado la gratuidad de la educación superior, que el Gobierno andaluz concibe como “un derecho”. Con la bonificación la Junta de Andalucía evita la exclusión de jóvenes del sistema universitario por razones económicas y “avanza hacia los países europeos de referencia” donde las matrículas son simbólicas o gratuitas.
Ramírez de Arellano ha reconocido la implicación de las universidades a la hora de poner en marcha esta nueva estructura presupuestaria, dado que les ha llevado a asumir “un papel de gestión más activo” como consecuencia de la ampliación de la financiación básica –asumiendo la ejecución de las bonificaciones o la contratación de los jóvenes investigadores, entre otras cuestiones– con el que ha sido posible una “rápida puesta en marcha” de las nuevas medidas.
Por lo que respecta a la concreción del resto del nuevo modelo de financiación de las universidades, se ha mostrado convencido de que se consensuará un sistema de reparto adecuado “que permita además avanzar en la convergencia del sistema universitario”.
También ha subrayado que respecto al cierre de acuerdos sobre la trayectoria plurianual de los fondos, es “básico” que se cierre un nuevo modelo de financiación de las comunidades autónoma en el que se incluyan la financiación universitaria y de investigación.
El consejero también se ha referido a la deuda que mantiene la Junta de Andalucía con las universidades, que se ha “acotado con precisión” y que “no afecta a su funcionamiento cotidiano”. Se trata de 225 millones de euros que ha reclamado al Gobierno central que se puedan incorporando a la financiación de las universidades como inversiones con el fin de que se pueda hacer uso de dichos fondos, que en la actualidad están bloqueados por la normativa de estabilidad presupuestaria.
En cuanto al presupuesto de 2017, que se encuentra en ejecución, ha explicado que el pasado mes de mayo se llegó a un acuerdo con las universidades para un calendario de pagos cuya aplicación permitirá alcanzar los 1.437 millones de euros. Hasta el mes de septiembre se habían abonado 994 millones de euros, de los que 941 correspondieron a 2017 y 53 millones al año 2016.
Entre otras medidas el acuerdo contempla el pago de la financiación básica a través de pagos mensuales de 97 millones de euros y extraordinarios en mayo, junio, octubre y diciembre por valor de 116,7 millones de euros, además de una partida de 24,6 millones cuyo desembolso decide la Dirección General de Fondos Europeos. Respecto a la investigación, se prevé el abono “una vez se reconozcan las obligaciones estimadas en unos 70 millones de euros”. A esto se une el pago en junio de la ITI de Cádiz por valor de 3,4 millones.
El titular de Economía y Conocimiento ha señalado que las medidas adoptadas a lo largo de esta legislatura por el Gobierno andaluz demuestran su “apuesta por alcanzar una universidad fuerte a través de una financiación suficiente que blinde su actividad” permitiendo “la recuperación de la certidumbre y el regreso a la senda de la excelencia”, que ahora además toma el carácter de “excelencia incluyente”.
Ramírez de Arellano ha explicado que este aumento de la financiación básica responde a la estructura presupuestaria acordada con las universidades dentro de la revisión del modelo de financiación universitaria, que “consolidaremos en 2018”.
Asimismo, se enmarca en el crecimiento del presupuesto destinado a las instituciones académicas de educación superior para el próximo ejercicio de 2018, cuya partida se incrementa un 4,4 por ciento hasta alcanzar los 1.536 millones de euros.
En concreto, la financiación básica operativa sube hasta los 1.204,3 millones de euros, como consecuencia de llevar al máximo aquellas partidas limitadas por la regla de gasto e incorporar recursos para la recuperación efectiva de los derechos del personal público. Además, se destinan 46,8 millones de euros para financiación de infraestructuras, de los que 40,5 irán a nuevos proyectos.
El consejero ha señalado asimismo el cambio que se ha producido en torno a la financiación de la I+D+i, multiplicando por cuatro la financiación básica a los grupos de investigación (37,7 millones de euros), destinando 121,5 millones de euros para el desarrollo del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (Paidi) 2020, además de incluir 33,5 millones de euros para la continuación del programa de Capacitación de Jóvenes.
En este ámbito ha permitido la contratación temporal de 1.283 técnicos de apoyo a la investigación el pasado mes de mayo durante un plazo máximo de un año, a los que se unen otros 1.061 para investigadores que se encuentran en plena convocatoria en estos días y los 250 contratos para doctores previstos en 2018.
Dentro de la financiación básica también se mantienen los planes de excelencia y apoyo a los estudiantes, que cuentan con una dotación de 76,5 millones de euros y donde se incluye la bonificación al 99 por ciento de los créditos aprobados en primera matrícula, con lo que se cubrirá la parte correspondiente al inicio del año 2018-19, consolidando así una medida implantada como “estructural e irreversible”.
El consejero ha reivindicado la gratuidad de la educación superior, que el Gobierno andaluz concibe como “un derecho”. Con la bonificación la Junta de Andalucía evita la exclusión de jóvenes del sistema universitario por razones económicas y “avanza hacia los países europeos de referencia” donde las matrículas son simbólicas o gratuitas.
Ramírez de Arellano ha reconocido la implicación de las universidades a la hora de poner en marcha esta nueva estructura presupuestaria, dado que les ha llevado a asumir “un papel de gestión más activo” como consecuencia de la ampliación de la financiación básica –asumiendo la ejecución de las bonificaciones o la contratación de los jóvenes investigadores, entre otras cuestiones– con el que ha sido posible una “rápida puesta en marcha” de las nuevas medidas.
Por lo que respecta a la concreción del resto del nuevo modelo de financiación de las universidades, se ha mostrado convencido de que se consensuará un sistema de reparto adecuado “que permita además avanzar en la convergencia del sistema universitario”.
También ha subrayado que respecto al cierre de acuerdos sobre la trayectoria plurianual de los fondos, es “básico” que se cierre un nuevo modelo de financiación de las comunidades autónoma en el que se incluyan la financiación universitaria y de investigación.
El consejero también se ha referido a la deuda que mantiene la Junta de Andalucía con las universidades, que se ha “acotado con precisión” y que “no afecta a su funcionamiento cotidiano”. Se trata de 225 millones de euros que ha reclamado al Gobierno central que se puedan incorporando a la financiación de las universidades como inversiones con el fin de que se pueda hacer uso de dichos fondos, que en la actualidad están bloqueados por la normativa de estabilidad presupuestaria.
En cuanto al presupuesto de 2017, que se encuentra en ejecución, ha explicado que el pasado mes de mayo se llegó a un acuerdo con las universidades para un calendario de pagos cuya aplicación permitirá alcanzar los 1.437 millones de euros. Hasta el mes de septiembre se habían abonado 994 millones de euros, de los que 941 correspondieron a 2017 y 53 millones al año 2016.
Entre otras medidas el acuerdo contempla el pago de la financiación básica a través de pagos mensuales de 97 millones de euros y extraordinarios en mayo, junio, octubre y diciembre por valor de 116,7 millones de euros, además de una partida de 24,6 millones cuyo desembolso decide la Dirección General de Fondos Europeos. Respecto a la investigación, se prevé el abono “una vez se reconozcan las obligaciones estimadas en unos 70 millones de euros”. A esto se une el pago en junio de la ITI de Cádiz por valor de 3,4 millones.
El titular de Economía y Conocimiento ha señalado que las medidas adoptadas a lo largo de esta legislatura por el Gobierno andaluz demuestran su “apuesta por alcanzar una universidad fuerte a través de una financiación suficiente que blinde su actividad” permitiendo “la recuperación de la certidumbre y el regreso a la senda de la excelencia”, que ahora además toma el carácter de “excelencia incluyente”.
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
