La Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Córdoba ha aprobado incentivos por un valor total de 258.907 euros para que 25 pymes y autónomos cordobeses puedan realizar proyectos que mejoren su seguridad y salud laboral. Estas ayudas, convocadas en régimen de concurrencia competitiva, apoyan una inversión empresarial cercana a los 360.000 euros para avanzar en prevención de riesgos laborales. La resolución con el listado de ayudas concedidas está publicada en el tablón de anuncios de la página web de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.
El responsable territorial, Manuel Carmona, ha explicado que las subvenciones están diseñadas para propiciar que las pymes y los trabajadores autónomos mejoren sus condiciones de seguridad y salud en sus centros de trabajo, y que la mayoría de las pymes y autónomos apoyados “se encuadran en el sector agrario, con ayudas concedidas que van desde los 8.925 euros las de cuantía menor a los 15.000 euros de las mayores, llegando a cubrir en el 88 por ciento de los proyectos las tres cuartas partes de la inversión”.
Carmona ha informado que estas subvenciones se destinarán principalmente a la adquisición de atomizadores y dispositivos de aviso antivuelco para maquinaria agrícola. También en otros casos para la adquisición de vibradores para olivos, barras de tratamiento herbicida de bajo volumen, la compra de andamios o la implantación y certificación de un sistema de gestión conforme a la OHSAS 18001. Las empresas tendrán entre seis y doce meses para llevar a cabo las actuaciones, ha puntualizado.
La norma reguladora de estas ayudas establece como beneficiarios del programa los sectores de actividad con mayores índices de siniestralidad, como la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; la industria manufacturera; la construcción, y el transporte y almacenamiento de mercancías.
Asimismo, en esta convocatoria se han priorizado las solicitudes para proyectos de mejora de la protección en actividades concretas, como las relacionadas con la exposición a sílice (empresas de transformado del cuarzo); agentes cancerígenos, mutágenos y teratógenos (malformaciones); control del ruido en la industria de la madera; implantación de dispositivos de prevención del vuelco de maquinaria; proyectos de ergonomía participativa (estrategias para prevenir los trastornos musculoesqueléticos por las cargas físicas en los centros de trabajo), o mejora de la ergonomía en la industria agroalimentaria.
El programa de ayudas, que se convocó en régimen de concurrencia competitiva, tiene cuatro modalidades o tipologías de proyectos subvencionables. La primera línea destinada a incentivar proyectos de mejora de la estructura preventiva propia en la empresa y de formación en seguridad laboral, así como gastos de contratación de técnicos de seguridad.
La segunda modalidad financia la puesta en marcha de proyectos para facilitar el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad laboral; la tercera línea recoge ayudas para la implantación de nuevos equipos y medidas de seguridad y la cuarta modalidad recoge incentivos para promover el diseño de iniciativas innovadoras y el desarrollo e intercambio de buenas prácticas preventivas entre las empresas.
El responsable territorial, Manuel Carmona, ha explicado que las subvenciones están diseñadas para propiciar que las pymes y los trabajadores autónomos mejoren sus condiciones de seguridad y salud en sus centros de trabajo, y que la mayoría de las pymes y autónomos apoyados “se encuadran en el sector agrario, con ayudas concedidas que van desde los 8.925 euros las de cuantía menor a los 15.000 euros de las mayores, llegando a cubrir en el 88 por ciento de los proyectos las tres cuartas partes de la inversión”.
Carmona ha informado que estas subvenciones se destinarán principalmente a la adquisición de atomizadores y dispositivos de aviso antivuelco para maquinaria agrícola. También en otros casos para la adquisición de vibradores para olivos, barras de tratamiento herbicida de bajo volumen, la compra de andamios o la implantación y certificación de un sistema de gestión conforme a la OHSAS 18001. Las empresas tendrán entre seis y doce meses para llevar a cabo las actuaciones, ha puntualizado.
La norma reguladora de estas ayudas establece como beneficiarios del programa los sectores de actividad con mayores índices de siniestralidad, como la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; la industria manufacturera; la construcción, y el transporte y almacenamiento de mercancías.
Asimismo, en esta convocatoria se han priorizado las solicitudes para proyectos de mejora de la protección en actividades concretas, como las relacionadas con la exposición a sílice (empresas de transformado del cuarzo); agentes cancerígenos, mutágenos y teratógenos (malformaciones); control del ruido en la industria de la madera; implantación de dispositivos de prevención del vuelco de maquinaria; proyectos de ergonomía participativa (estrategias para prevenir los trastornos musculoesqueléticos por las cargas físicas en los centros de trabajo), o mejora de la ergonomía en la industria agroalimentaria.
El programa de ayudas, que se convocó en régimen de concurrencia competitiva, tiene cuatro modalidades o tipologías de proyectos subvencionables. La primera línea destinada a incentivar proyectos de mejora de la estructura preventiva propia en la empresa y de formación en seguridad laboral, así como gastos de contratación de técnicos de seguridad.
La segunda modalidad financia la puesta en marcha de proyectos para facilitar el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad laboral; la tercera línea recoge ayudas para la implantación de nuevos equipos y medidas de seguridad y la cuarta modalidad recoge incentivos para promover el diseño de iniciativas innovadoras y el desarrollo e intercambio de buenas prácticas preventivas entre las empresas.
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR
