De un tiempo a esta parte, la preocupación que no deja conciliar el sueño a los españoles es si los políticos fueron honestos cuando cursaron sus estudios universitarios. Al parecer, nos causa desasosiego que, conseguida la licenciatura o el doctorado correspondiente, alguien pueda descubrir que un miembro del Gobierno, algún diputado o un simple concejal ha copiado en un examen o plagiado frases en su tesina o tesis, sin citar la debida referencia, empañando así su currículo académico y su credibilidad personal.
Nos hemos vuelto exquisitos a la hora de exigir una virtud que no somos capaces de cumplir como ciudadanos comunes y corrientes. En cuanto individuos anónimos, copiamos, plagiamos y pirateamos todo lo que podemos y sin el menor recato. Y, aunque es cierto que hay que ser honestos y decentes en cualquier aspecto de la vida, con algunas personas somos implacables en la exigencia de pureza ética pero con otras –entre las que nos incluimos– mostramos una indulgencia contemporizadora, rayana en el paternalismo.
Olvidamos que tendemos a imitar hasta las críticas y las condenas contra quienes han sido pillados en falta, sin percatarnos de que copiamos, no sólo el argumentario o las descalificaciones ajenas, sino incluso cualquier estrategia que influya en nuestra opinión como miembros de una colectividad.
Cosa, por cierto, bastante fácil para los expertos porque en este país, en el que la educación y el mérito no merecen respeto, copiar, buscar atajos al esfuerzo y enchufes para un trabajo son exponentes de listeza e ingenio mientras que estudiar, respetar las normas y tener criterio propio o fundado es perder el tiempo y cosa de pánfilos.
Por eso, resulta llamativo este repentino sarampión de moralidad justiciera en una sociedad que tiende más bien hacia la mediocridad y la estulticia, que prefiere el “pelotazo” antes que la excelencia, lo que no exime, afortunadamente, de notables excepciones individuales, dignas de encomio.
Todo esto viene a raíz de los “escándalos” que han brotado como champiñones a cuenta de unos másteres, tesis y plagios con los que se atizan entre sí las formaciones políticas y los medios de comunicación afines, a partir del caso Cifuentes.
No era cuestión, por lo que parece, que un único partido albergara en su seno algún “listillo” que consiguiese un diploma con el que completar su formación gracias a sus relaciones privilegiadas e influencias. Y menos aún si dicho “adorno” académico podía ser excusa para la desafección del interfecto y motivo de una inoportuna investigación judicial que, tirando del hilo, desvela la falta de rigor y el chalaneo clientelar con que funcionan ciertos centros de estudios de postgrado.
Tal deshonra era inaceptable, por lo que se ha puesto de moda rastrear el currículo de todo “quisque” con una dedicación digna del mejor periodismo de investigación, si tal cosa, que requiere tiempo, documentación, diligencia e independencia, pudiera darse entre los medios nacionales.
Y como, quien busca, encuentra (o le chivatean terceros), pues se han hallado dos másteres sospechosos de trato de favor y una tesis doctoral con algunos párrafos plagiados, abundantes en el libro elaborado a partir de ella para su difusión divulgativa.
Con un celo que ya quisiera el caso Watergate, hasta se han encontrado rastros de autoplagio en la tesis aludida, lo que parece una afrenta imperdonable en un autor que no se cita a sí mismo. Y en esas estamos, a día de hoy, acusándonos, desde una trinchera y otra, de ser poco fiables y de no tener credibilidad para ejercer cualquier cargo político por culpa de unos trabajos universitarios que evidencian la endeble capacidad intelectual del afectado y la mediocridad de unas universidades que expenden títulos a troche y moche, más atentas a la cantidad que a la calidad.
Pero una cosa es un plagio más o menos limitado a unos cuantos párrafos, en comparación con el volumen total de la obra, que unos másteres conseguidos de manera fraudulenta. Lo primero es una falta de rigor académico y decencia personal, pero lo segundo es un supuesto delictivo, tanto por parte del alumno como de la entidad que “regala” el título. Uno es cuestionable moralmente, pero el otro podría ser un ilícito penal, tipificado como cohecho impropio y prevaricación.
Hasta la fecha, se han detectado tres casos de personalidades de la política española acusados de obtener másteres sin mérito académico y un caso de plagio en la tesis doctoral del actual presidente del Gobierno. Y todos son utilizados como armas arrojadizas en la controversia partidiaria y el desgaste de las personas afectadas, que ostentan grandes responsabilidades públicas y políticas.
Además del presidente del Gobierno (PSOE), están insertos en la sospecha el presidente del principal partido de la oposición, Pablo Casado (PP), una ministra recién dimisionaria del Gobierno, Carmen Montón (PSOE), y la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes (PP). La guerra, por tanto, se ha desatado con la búsqueda del peor expediente académico.
Hay que recordar que todo comenzó cuando se descubrió que Cristina Cifuentes, entonces presidenta de la Comunidad de Madrid y líder del PP que blandía la bandera del rechazo a la corrupción, desligándose de la que afectaba a su partido, obtuvo un máster en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) sin asistir a clases, sin realizar exámenes, sin presentar el trabajo fin de máster (TFM) y habiendo formalizado la matrícula fuera de plazo.
También se descubrió en su expediente una alteración de notas, que sustituían sendos “no presentados” por “notables”, y firmas falsas de profesores. El escándalo fue tan mayúsculo, coincidiendo además con la aparición de un vídeo que la mostraba robando en un supermercado, que la presidenta de Madrid tuvo que dimitir del cargo, abandonar sus responsabilidades en el partido y dejar la política. El caso está siendo aun investigado en los tribunales.
Poco después, se conoció que Pablo Casado, la joven promesa elegida presidente del PP tras la dimisión de Mariano Rajoy, despertaba también las sospechas acerca de un máster en Derecho Autonómico y Local, el mismo que había seguido su excompañera Cifuentes, que cursó igualmente en la URJC y en el que, junto a otros alumnos con vínculos políticos o personales con miembros de la Universidad, obtuvo el título presuntamente como trato de favor y sin merecimiento académico por parte del exdirector del Instituto de Derecho Público de esa Universidad, el catedrático Enrique Álvarez Conde, cerebro del tráfico de másteres.
Una magistrada del Juzgado de Instrucción de Madrid inició causa por presuntos delitos de prevaricación y cohecho impropio, teniendo que remitirla, junto a su argumentación, al Tribunal Supremo, que es el quien tiene competencias para investigar a un aforado, como es el diputado conservador.
De las 22 asignaturas del referido máster, a Casado le convalidaron 18. Y tampoco tuvo que afrontar ningún examen. Descubiertas tales irregularidades, el líder del PP se ha negado a hacer público su TFM y prefirió esperar a la decisión del tribunal, que decidió archivar la causa por prescripción del hecho denunciado, como solicitaba el fiscal de la Sala.
Posteriormente, en esta guerra cruzada de escrutinios académicos, se descubre que la ministra de Sanidad, la socialista Carmen Montón, también pudo obtener un máster sobre Estudios Interdisciplinares de Género en la misma URJC sin asistir a clases y sin tratar a los profesores, habiendo satisfecho la matrícula fuera de plazo y con discordancias entre la fecha del título oficial y la de su expediente.
Se descubre, asimismo, que la exministra copió en su TFM textos de otros autores, cuyas tesis y artículos académicos figuraban publicados en Internet. Se repiten, una vez más, las irregularidades y el modus operandi con los que se benefician unos pocos escogidos. Y, por repetir, se repite hasta el centro universitario sospechoso de “regalar” másteres a alumnos privilegiados.
Ante las demandas de responsabilidad ética, a las que el presidente del Gobierno también se suma cuando los acusados pertenecen a otras formaciones, la ministra se ve obligada a dimitir. Curiosamente, la misma magistrada del caso Casado ha acabado abriendo diligencias al caso Montón a partir de una denuncia anónima, pero como causa aparte y no pieza separada de la investigación a Cifuentes, Casado y otros imputados, por ser másteres distintos.
La última novedad en esta caza de exalumnos “aventajados” ha sido el hallazgo de signos de plagio en la tesis doctoral del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE). Inmediatamente se ha generado una espiral de acusaciones y explicaciones que en nada alteran la intencionalidad inicial: el presidente, al que se acusa de acceder al Gobierno de manera ilegítima tras una moción de censura apoyada por una mayoría democrática del Parlamento, no es digno de ejercer el cargo al carecer de credibilidad por plagiar algunos párrafos en su trabajo de doctorado.
A modo de prueba, aparecen en la prensa porcentajes recabados de programas que detectan el plagio y que sirven a unos y otros para cuestionar o amparar la limpieza intelectual del alumno convertido ahora en presidente del Ejecutivo. Para más “inri”, el libro escrito a partir de la tesis, en coautoría con otra persona, muestra mayor abundancia de textos copiados de diversa procedencia sin que se reseñen de manera explícita ni se entrecomillen.
Ello ha dado lugar a que se mezclen de forma espuria, ante una opinión pública aturdida con tanta indecencia, unos casos con otros, sin hacer distingos entre probables ilícitos penales y prácticas éticamente reprochables pero no delictivas. Y es que todo vale, como en la guerra, para la confrontación política.
Y quienes en la vida no hemos tenido medios para cursar ningún máster pero hemos realizado exámenes y aprobado asignaturas con más o menos esfuerzo y ayuda, nos vemos en la actualidad participando en una refriega partidista según las opiniones que se amoldan a nuestras preferencias, asumiendo argumentos de otros y, en definitiva, plagiando como propias ideas y acusaciones que pertenecen a quienes nos las suministran tan torticeramente.
Mientras tanto, los alumnos y el profesorado de nuestras universidades asisten perplejos y abochornados a la descalificación gratuita del sistema universitario y al desprestigio de unas enseñanzas en las que la mayoría consigue una titulación sólo a base de esfuerzo y mérito, no con triquiñuelas como las que ahora se ventilan, sin aclarar suficientemente entre un supuesto hecho delictivo y una falta de rigor ético. En los tajos y en las tabernas no se habla de otra cosa.
Nos hemos vuelto exquisitos a la hora de exigir una virtud que no somos capaces de cumplir como ciudadanos comunes y corrientes. En cuanto individuos anónimos, copiamos, plagiamos y pirateamos todo lo que podemos y sin el menor recato. Y, aunque es cierto que hay que ser honestos y decentes en cualquier aspecto de la vida, con algunas personas somos implacables en la exigencia de pureza ética pero con otras –entre las que nos incluimos– mostramos una indulgencia contemporizadora, rayana en el paternalismo.
Olvidamos que tendemos a imitar hasta las críticas y las condenas contra quienes han sido pillados en falta, sin percatarnos de que copiamos, no sólo el argumentario o las descalificaciones ajenas, sino incluso cualquier estrategia que influya en nuestra opinión como miembros de una colectividad.
Cosa, por cierto, bastante fácil para los expertos porque en este país, en el que la educación y el mérito no merecen respeto, copiar, buscar atajos al esfuerzo y enchufes para un trabajo son exponentes de listeza e ingenio mientras que estudiar, respetar las normas y tener criterio propio o fundado es perder el tiempo y cosa de pánfilos.
Por eso, resulta llamativo este repentino sarampión de moralidad justiciera en una sociedad que tiende más bien hacia la mediocridad y la estulticia, que prefiere el “pelotazo” antes que la excelencia, lo que no exime, afortunadamente, de notables excepciones individuales, dignas de encomio.
Todo esto viene a raíz de los “escándalos” que han brotado como champiñones a cuenta de unos másteres, tesis y plagios con los que se atizan entre sí las formaciones políticas y los medios de comunicación afines, a partir del caso Cifuentes.
No era cuestión, por lo que parece, que un único partido albergara en su seno algún “listillo” que consiguiese un diploma con el que completar su formación gracias a sus relaciones privilegiadas e influencias. Y menos aún si dicho “adorno” académico podía ser excusa para la desafección del interfecto y motivo de una inoportuna investigación judicial que, tirando del hilo, desvela la falta de rigor y el chalaneo clientelar con que funcionan ciertos centros de estudios de postgrado.
Tal deshonra era inaceptable, por lo que se ha puesto de moda rastrear el currículo de todo “quisque” con una dedicación digna del mejor periodismo de investigación, si tal cosa, que requiere tiempo, documentación, diligencia e independencia, pudiera darse entre los medios nacionales.
Y como, quien busca, encuentra (o le chivatean terceros), pues se han hallado dos másteres sospechosos de trato de favor y una tesis doctoral con algunos párrafos plagiados, abundantes en el libro elaborado a partir de ella para su difusión divulgativa.
Con un celo que ya quisiera el caso Watergate, hasta se han encontrado rastros de autoplagio en la tesis aludida, lo que parece una afrenta imperdonable en un autor que no se cita a sí mismo. Y en esas estamos, a día de hoy, acusándonos, desde una trinchera y otra, de ser poco fiables y de no tener credibilidad para ejercer cualquier cargo político por culpa de unos trabajos universitarios que evidencian la endeble capacidad intelectual del afectado y la mediocridad de unas universidades que expenden títulos a troche y moche, más atentas a la cantidad que a la calidad.
Pero una cosa es un plagio más o menos limitado a unos cuantos párrafos, en comparación con el volumen total de la obra, que unos másteres conseguidos de manera fraudulenta. Lo primero es una falta de rigor académico y decencia personal, pero lo segundo es un supuesto delictivo, tanto por parte del alumno como de la entidad que “regala” el título. Uno es cuestionable moralmente, pero el otro podría ser un ilícito penal, tipificado como cohecho impropio y prevaricación.
Hasta la fecha, se han detectado tres casos de personalidades de la política española acusados de obtener másteres sin mérito académico y un caso de plagio en la tesis doctoral del actual presidente del Gobierno. Y todos son utilizados como armas arrojadizas en la controversia partidiaria y el desgaste de las personas afectadas, que ostentan grandes responsabilidades públicas y políticas.
Además del presidente del Gobierno (PSOE), están insertos en la sospecha el presidente del principal partido de la oposición, Pablo Casado (PP), una ministra recién dimisionaria del Gobierno, Carmen Montón (PSOE), y la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes (PP). La guerra, por tanto, se ha desatado con la búsqueda del peor expediente académico.
Hay que recordar que todo comenzó cuando se descubrió que Cristina Cifuentes, entonces presidenta de la Comunidad de Madrid y líder del PP que blandía la bandera del rechazo a la corrupción, desligándose de la que afectaba a su partido, obtuvo un máster en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) sin asistir a clases, sin realizar exámenes, sin presentar el trabajo fin de máster (TFM) y habiendo formalizado la matrícula fuera de plazo.
También se descubrió en su expediente una alteración de notas, que sustituían sendos “no presentados” por “notables”, y firmas falsas de profesores. El escándalo fue tan mayúsculo, coincidiendo además con la aparición de un vídeo que la mostraba robando en un supermercado, que la presidenta de Madrid tuvo que dimitir del cargo, abandonar sus responsabilidades en el partido y dejar la política. El caso está siendo aun investigado en los tribunales.
Poco después, se conoció que Pablo Casado, la joven promesa elegida presidente del PP tras la dimisión de Mariano Rajoy, despertaba también las sospechas acerca de un máster en Derecho Autonómico y Local, el mismo que había seguido su excompañera Cifuentes, que cursó igualmente en la URJC y en el que, junto a otros alumnos con vínculos políticos o personales con miembros de la Universidad, obtuvo el título presuntamente como trato de favor y sin merecimiento académico por parte del exdirector del Instituto de Derecho Público de esa Universidad, el catedrático Enrique Álvarez Conde, cerebro del tráfico de másteres.
Una magistrada del Juzgado de Instrucción de Madrid inició causa por presuntos delitos de prevaricación y cohecho impropio, teniendo que remitirla, junto a su argumentación, al Tribunal Supremo, que es el quien tiene competencias para investigar a un aforado, como es el diputado conservador.
De las 22 asignaturas del referido máster, a Casado le convalidaron 18. Y tampoco tuvo que afrontar ningún examen. Descubiertas tales irregularidades, el líder del PP se ha negado a hacer público su TFM y prefirió esperar a la decisión del tribunal, que decidió archivar la causa por prescripción del hecho denunciado, como solicitaba el fiscal de la Sala.
Posteriormente, en esta guerra cruzada de escrutinios académicos, se descubre que la ministra de Sanidad, la socialista Carmen Montón, también pudo obtener un máster sobre Estudios Interdisciplinares de Género en la misma URJC sin asistir a clases y sin tratar a los profesores, habiendo satisfecho la matrícula fuera de plazo y con discordancias entre la fecha del título oficial y la de su expediente.
Se descubre, asimismo, que la exministra copió en su TFM textos de otros autores, cuyas tesis y artículos académicos figuraban publicados en Internet. Se repiten, una vez más, las irregularidades y el modus operandi con los que se benefician unos pocos escogidos. Y, por repetir, se repite hasta el centro universitario sospechoso de “regalar” másteres a alumnos privilegiados.
Ante las demandas de responsabilidad ética, a las que el presidente del Gobierno también se suma cuando los acusados pertenecen a otras formaciones, la ministra se ve obligada a dimitir. Curiosamente, la misma magistrada del caso Casado ha acabado abriendo diligencias al caso Montón a partir de una denuncia anónima, pero como causa aparte y no pieza separada de la investigación a Cifuentes, Casado y otros imputados, por ser másteres distintos.
La última novedad en esta caza de exalumnos “aventajados” ha sido el hallazgo de signos de plagio en la tesis doctoral del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE). Inmediatamente se ha generado una espiral de acusaciones y explicaciones que en nada alteran la intencionalidad inicial: el presidente, al que se acusa de acceder al Gobierno de manera ilegítima tras una moción de censura apoyada por una mayoría democrática del Parlamento, no es digno de ejercer el cargo al carecer de credibilidad por plagiar algunos párrafos en su trabajo de doctorado.
A modo de prueba, aparecen en la prensa porcentajes recabados de programas que detectan el plagio y que sirven a unos y otros para cuestionar o amparar la limpieza intelectual del alumno convertido ahora en presidente del Ejecutivo. Para más “inri”, el libro escrito a partir de la tesis, en coautoría con otra persona, muestra mayor abundancia de textos copiados de diversa procedencia sin que se reseñen de manera explícita ni se entrecomillen.
Ello ha dado lugar a que se mezclen de forma espuria, ante una opinión pública aturdida con tanta indecencia, unos casos con otros, sin hacer distingos entre probables ilícitos penales y prácticas éticamente reprochables pero no delictivas. Y es que todo vale, como en la guerra, para la confrontación política.
Y quienes en la vida no hemos tenido medios para cursar ningún máster pero hemos realizado exámenes y aprobado asignaturas con más o menos esfuerzo y ayuda, nos vemos en la actualidad participando en una refriega partidista según las opiniones que se amoldan a nuestras preferencias, asumiendo argumentos de otros y, en definitiva, plagiando como propias ideas y acusaciones que pertenecen a quienes nos las suministran tan torticeramente.
Mientras tanto, los alumnos y el profesorado de nuestras universidades asisten perplejos y abochornados a la descalificación gratuita del sistema universitario y al desprestigio de unas enseñanzas en las que la mayoría consigue una titulación sólo a base de esfuerzo y mérito, no con triquiñuelas como las que ahora se ventilan, sin aclarar suficientemente entre un supuesto hecho delictivo y una falta de rigor ético. En los tajos y en las tabernas no se habla de otra cosa.
DANIEL GUERRERO
