Que los Estados disponen en sus sótanos de cloacas por las que evacuan los elementos sucios que genera todo organismo, como el Gobierno, es un hecho indiscutible, propio de cualquier arquitectura de poder. Y que por esos laberintos hediondos pululan toda clase de funcionarios semiclandestinos que sirven, protegen y maquillan la cara visible de la política, es también de sobra conocido. Porque es sabido que todo poder construye las cañerías que necesita para canalizar las emisiones turbias que produce y debe ocultar.
Un hábitat no apto para olfatos delicados y escrúpulos morales o legalistas. Sin embargo, es el ambiente sórdido en el que sobrevive una fauna acostumbrada a respirar y alimentarse de una putrefacción que al resto de los mortales provoca asco y náuseas.
Son los llamados “fontaneros” del poder, auténticas “ratas” de la política que se nutren de fondos reservados, información confidencial, acceso a lo legal e ilegal, relaciones inconfesables y permisos velados para, en teoría, defender el Estado de Derecho y la democracia de cualquier amenaza real o potencial. Actúan en la sombra y se refugian en ella.
Ahí es donde, precisamente, se mueve a sus anchas, cual roedor de alcantarillas, el comisario jubilado José Manuel Villarejo, un policía cordobés que, desde sus inicios profesionales, desempeñaba labores antiterroristas en la Comisaría de San Sebastián, en los años en que tal actividad suponía jugarse el pellejo.
Y sacó provecho de esa experiencia en el espionaje de organizaciones y personas sospechosas, así como en la organización de operaciones para contrarrestar la actividad no solo de ETA, sino de cualquier objetivo considerado potencialmente ofensivo o peligroso. Se hizo un redomado experto en obtención de información delicada, no siempre disponible por las vías legales o canales oficiales de la sociedad.
Villarejo está de actualidad no solo porque haya acabado en la cárcel, desde noviembre de 2017, por cohecho, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, falsedad documental y revelación de secretos, sino porque, desde la cárcel, puede echar un pulso a la Justicia y chantajear al Gobierno o al Estado.
No en vano, llegó a presumir, cuando fue apresado, de que su detención sería pasajera: “En tres meses estoy fuera y sin que se levante el secreto del sumario”, declaró ufano. No se cumplió su pronóstico y, desde entonces, han comenzado a llegar grabaciones de audio a los medios de comunicación que airean conversaciones de sus encuentros con personajes y personalidades de variada condición.
En una de ellas da a conocer una charla sobre negocios o relaciones que afectan al Rey emérito y su “amiga”, la princesa Corinna Larsen o, en la más reciente, a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y al exjuez Baltasar Garzón, en la que se alude vulgarmente a otro juez, hoy ministro, por su condición sexual.
Tal es el convencimiento en el poder de la información que posee que, incluso desde la cárcel, este policía ha hecho llegar al juez cartas en las que aporta revelaciones supuestamente comprometedoras para el Estado. Pero, por la procedencia y el hedor, toda esa información no es más que el producto de aguas fecales que salen a la superficie desde las cloacas.
Y es que el excomisario sabe utilizar la materia en la que siempre ha chapoteado como en su salsa. Desde que fuera destinado al equipo de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Madrid hasta integrarse como agente encubierto en la Secretaría de Estado de Interior, Villarejo disfrutó de una excedencia de diez años para lucrarse con sus habilidades y conocimientos.
Llegó a crear más de 46 empresas de “asesorías” e información, ejerciendo actividades de investigación como detective para organismos públicos y privados. Aunque el grueso de sus “trabajos” es un completo enigma, se conocen algunos “dossieres” con los que siempre ha intentado, además de ganar una fortuna, cubrirse las espaldas, dejando entrever que dispone de mucha más información que la revelada.
Así, el informe Carol sobre la princesa Corinna, el informe King acerca de una trama política en Guinea, el informe Iron sobre espionaje a abogados o el informe Land acerca de seguimientos al clan de los García Cereceda, entre otros, son ejemplos de su quehacer profesional en el manejo de información sensible, obtenida en muchos casos con métodos prohibidos.
También tuvo tiempo para estar implicado en todos los escándalos que han aflorado en los últimos años, como el caso Gürtel; el caso Gao Ping; las escuchas organizadas desde la cúpula de Interior del exministro Jorge Fernández Díaz para desprestigiar el independentismo catalán; el caso de corrupción que implica a Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, y su ático de Estepona; los casos que implican a Luis Bárcenas y a la familia Pujol con delitos por elusión fiscal y evasión de capitales; el caso del “pequeño Nicolás”, un chaval que quiso emular los pasos de Villarejo para medrar con información y relaciones peligrosas; y, últimamente, el extraño caso de la doctora Pinto, quien lo identificó como la persona que la apuñaló sin llegar a matarla, en abril de 2014, después de haber denunciado por acoso sexual, coacciones y agresiones al abogado Javier López Madrid, el amiguito íntimo de la reina Letizia (que lo llamó “compiyogui”), y uno de los detenidos en la Operación Lezo sobre corrupción en el Canal de Isabel II, empresa municipal que gestiona el abastecimiento de aguas de Madrid.
Así es y así se desenvuelve Juan Manuel Villarejo, el agente de información que pretende seguir viviendo a todo tren, acumulando millones, gracias a su condición de habitante de las cloacas y porque se cree inmune a sus efluvios tóxicos e impune con sus métodos.
Rabioso como rata acorralada, desde que está en la cárcel se atreve a amenazar al Gobierno y al Estado si no ceden a sus pretensiones y lo dejan en libertad. Procede como suele: sin aportar nunca pruebas a la Justicia, pero encendiendo el ventilador para esparcir bulos, rumores, indicios y mentiras, mezclados con algo de verdad convenientemente dosificada, con lo que amedrentar a propios y extraños si perjudican sus intereses personales. Es decir, amenaza con información secreta y medias verdades.
El último intento de chantaje conocido, que se sepa, ha sido el ejercido contra la actual ministra de Justicia, una exfiscal de la Audiencia Nacional de quien parece disponer grabaciones –como hacía por “norma” con todos los que se relacionaba, fueran “clientes”, políticos, jueces, abogados, empresarios o desconocidos–, obtenidas en cualquiera de esas reuniones que miembros de la Justicia y la Policía celebran por razones profesionales y en las que se habla sin las cautelas de un acto público.
Pero si indecente es la “estrategia de defensa” del excomisario Villarejo, más indecente es aun la instrumentalización que se hace de tales vertidos tóxicos para usarlos en la confrontación con el Gobierno y el desgaste de sus miembros.
Porque no es de recibo que, de inmediato y tomándolas al pie de la letra, los adversarios de la ministra y los críticos con el Gobierno concedan mayor credibilidad al corrupto que a la víctima de un chantaje tan falaz, llegando a pedir su dimisión y reprobándola en el Senado, Cámara donde dispone de mayoría absoluta el Partido Popular, el único partido condenado por corrupción en España.
Resulta sorprendente que unas grabaciones de procedencia sospechosa e intencionalidad manifiesta sean utilizadas, por personas públicas que deben conocer estos extremos, para cuestionar la integridad personal y la labor de un miembro del Gobierno, cuando otras similares, también obtenidas ilegalmente, han sido desestimadas por la Justicia a la hora de actuar contra nadie, ni siquiera contra un delincuente, como sucedió en el caso de “Padre coraje”, el padre gaditano que se introdujo en los ambientes que frecuentaba el asesino de su hijo hasta que consiguió grabar su confesión. Aquella grabación fue considerada ilegal y no pudo utilizarse como prueba.
Pero la remitida desde las alcantarillas a los medios de comunicación, tan burdas en su ilegalidad como en la manipulación de su edición, se considera perfectamente válida por algunos próceres de la patria para la confrontación política. Es algo sucio que se debe parar antes que se extienda el contagio del "todo vale".
Porque, aunque las ratas abunden en las alcantarillas y vivan de los desechos putrefactos que se eliminan desde la superficie, no han de condicionar la actividad cotidiana y legal que se desarrolla a plena luz en la sociedad ni afectar al modelo de convivencia, basado en las leyes y la democracia. Y ello ha de ser así porque las cloacas existen, entre otras razones, para la defensa del Estado de Derecho y el sistema democrático, no para atender propósitos menos dignos y prosaicos, en función del interés de cualquier particular, independientemente si habita en la superficie o las cloacas.
Hay que evitar que la inmundicia salga al exterior y controlar el perfecto funcionamiento de estas cañerías, procediendo a su limpieza, depuración e incluso a una desratización que evite las plagas, no vaya ser que los habituados a guerras sucias, fabricación de pruebas y demás métodos de esa mafia del poder se crean intocables y con impunidad, y pretendan atacar al Estado, exhalando un hedor insoportable, en vez de estar a su servicio. El hedor no puede propagarse fuera de las alcantarillas, como pretende el excomisario Villarejo.
Un hábitat no apto para olfatos delicados y escrúpulos morales o legalistas. Sin embargo, es el ambiente sórdido en el que sobrevive una fauna acostumbrada a respirar y alimentarse de una putrefacción que al resto de los mortales provoca asco y náuseas.
Son los llamados “fontaneros” del poder, auténticas “ratas” de la política que se nutren de fondos reservados, información confidencial, acceso a lo legal e ilegal, relaciones inconfesables y permisos velados para, en teoría, defender el Estado de Derecho y la democracia de cualquier amenaza real o potencial. Actúan en la sombra y se refugian en ella.
Ahí es donde, precisamente, se mueve a sus anchas, cual roedor de alcantarillas, el comisario jubilado José Manuel Villarejo, un policía cordobés que, desde sus inicios profesionales, desempeñaba labores antiterroristas en la Comisaría de San Sebastián, en los años en que tal actividad suponía jugarse el pellejo.
Y sacó provecho de esa experiencia en el espionaje de organizaciones y personas sospechosas, así como en la organización de operaciones para contrarrestar la actividad no solo de ETA, sino de cualquier objetivo considerado potencialmente ofensivo o peligroso. Se hizo un redomado experto en obtención de información delicada, no siempre disponible por las vías legales o canales oficiales de la sociedad.
Villarejo está de actualidad no solo porque haya acabado en la cárcel, desde noviembre de 2017, por cohecho, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, falsedad documental y revelación de secretos, sino porque, desde la cárcel, puede echar un pulso a la Justicia y chantajear al Gobierno o al Estado.
No en vano, llegó a presumir, cuando fue apresado, de que su detención sería pasajera: “En tres meses estoy fuera y sin que se levante el secreto del sumario”, declaró ufano. No se cumplió su pronóstico y, desde entonces, han comenzado a llegar grabaciones de audio a los medios de comunicación que airean conversaciones de sus encuentros con personajes y personalidades de variada condición.
En una de ellas da a conocer una charla sobre negocios o relaciones que afectan al Rey emérito y su “amiga”, la princesa Corinna Larsen o, en la más reciente, a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y al exjuez Baltasar Garzón, en la que se alude vulgarmente a otro juez, hoy ministro, por su condición sexual.
Tal es el convencimiento en el poder de la información que posee que, incluso desde la cárcel, este policía ha hecho llegar al juez cartas en las que aporta revelaciones supuestamente comprometedoras para el Estado. Pero, por la procedencia y el hedor, toda esa información no es más que el producto de aguas fecales que salen a la superficie desde las cloacas.
Y es que el excomisario sabe utilizar la materia en la que siempre ha chapoteado como en su salsa. Desde que fuera destinado al equipo de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Madrid hasta integrarse como agente encubierto en la Secretaría de Estado de Interior, Villarejo disfrutó de una excedencia de diez años para lucrarse con sus habilidades y conocimientos.
Llegó a crear más de 46 empresas de “asesorías” e información, ejerciendo actividades de investigación como detective para organismos públicos y privados. Aunque el grueso de sus “trabajos” es un completo enigma, se conocen algunos “dossieres” con los que siempre ha intentado, además de ganar una fortuna, cubrirse las espaldas, dejando entrever que dispone de mucha más información que la revelada.
Así, el informe Carol sobre la princesa Corinna, el informe King acerca de una trama política en Guinea, el informe Iron sobre espionaje a abogados o el informe Land acerca de seguimientos al clan de los García Cereceda, entre otros, son ejemplos de su quehacer profesional en el manejo de información sensible, obtenida en muchos casos con métodos prohibidos.
También tuvo tiempo para estar implicado en todos los escándalos que han aflorado en los últimos años, como el caso Gürtel; el caso Gao Ping; las escuchas organizadas desde la cúpula de Interior del exministro Jorge Fernández Díaz para desprestigiar el independentismo catalán; el caso de corrupción que implica a Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, y su ático de Estepona; los casos que implican a Luis Bárcenas y a la familia Pujol con delitos por elusión fiscal y evasión de capitales; el caso del “pequeño Nicolás”, un chaval que quiso emular los pasos de Villarejo para medrar con información y relaciones peligrosas; y, últimamente, el extraño caso de la doctora Pinto, quien lo identificó como la persona que la apuñaló sin llegar a matarla, en abril de 2014, después de haber denunciado por acoso sexual, coacciones y agresiones al abogado Javier López Madrid, el amiguito íntimo de la reina Letizia (que lo llamó “compiyogui”), y uno de los detenidos en la Operación Lezo sobre corrupción en el Canal de Isabel II, empresa municipal que gestiona el abastecimiento de aguas de Madrid.
Así es y así se desenvuelve Juan Manuel Villarejo, el agente de información que pretende seguir viviendo a todo tren, acumulando millones, gracias a su condición de habitante de las cloacas y porque se cree inmune a sus efluvios tóxicos e impune con sus métodos.
Rabioso como rata acorralada, desde que está en la cárcel se atreve a amenazar al Gobierno y al Estado si no ceden a sus pretensiones y lo dejan en libertad. Procede como suele: sin aportar nunca pruebas a la Justicia, pero encendiendo el ventilador para esparcir bulos, rumores, indicios y mentiras, mezclados con algo de verdad convenientemente dosificada, con lo que amedrentar a propios y extraños si perjudican sus intereses personales. Es decir, amenaza con información secreta y medias verdades.
El último intento de chantaje conocido, que se sepa, ha sido el ejercido contra la actual ministra de Justicia, una exfiscal de la Audiencia Nacional de quien parece disponer grabaciones –como hacía por “norma” con todos los que se relacionaba, fueran “clientes”, políticos, jueces, abogados, empresarios o desconocidos–, obtenidas en cualquiera de esas reuniones que miembros de la Justicia y la Policía celebran por razones profesionales y en las que se habla sin las cautelas de un acto público.
Pero si indecente es la “estrategia de defensa” del excomisario Villarejo, más indecente es aun la instrumentalización que se hace de tales vertidos tóxicos para usarlos en la confrontación con el Gobierno y el desgaste de sus miembros.
Porque no es de recibo que, de inmediato y tomándolas al pie de la letra, los adversarios de la ministra y los críticos con el Gobierno concedan mayor credibilidad al corrupto que a la víctima de un chantaje tan falaz, llegando a pedir su dimisión y reprobándola en el Senado, Cámara donde dispone de mayoría absoluta el Partido Popular, el único partido condenado por corrupción en España.
Resulta sorprendente que unas grabaciones de procedencia sospechosa e intencionalidad manifiesta sean utilizadas, por personas públicas que deben conocer estos extremos, para cuestionar la integridad personal y la labor de un miembro del Gobierno, cuando otras similares, también obtenidas ilegalmente, han sido desestimadas por la Justicia a la hora de actuar contra nadie, ni siquiera contra un delincuente, como sucedió en el caso de “Padre coraje”, el padre gaditano que se introdujo en los ambientes que frecuentaba el asesino de su hijo hasta que consiguió grabar su confesión. Aquella grabación fue considerada ilegal y no pudo utilizarse como prueba.
Pero la remitida desde las alcantarillas a los medios de comunicación, tan burdas en su ilegalidad como en la manipulación de su edición, se considera perfectamente válida por algunos próceres de la patria para la confrontación política. Es algo sucio que se debe parar antes que se extienda el contagio del "todo vale".
Porque, aunque las ratas abunden en las alcantarillas y vivan de los desechos putrefactos que se eliminan desde la superficie, no han de condicionar la actividad cotidiana y legal que se desarrolla a plena luz en la sociedad ni afectar al modelo de convivencia, basado en las leyes y la democracia. Y ello ha de ser así porque las cloacas existen, entre otras razones, para la defensa del Estado de Derecho y el sistema democrático, no para atender propósitos menos dignos y prosaicos, en función del interés de cualquier particular, independientemente si habita en la superficie o las cloacas.
Hay que evitar que la inmundicia salga al exterior y controlar el perfecto funcionamiento de estas cañerías, procediendo a su limpieza, depuración e incluso a una desratización que evite las plagas, no vaya ser que los habituados a guerras sucias, fabricación de pruebas y demás métodos de esa mafia del poder se crean intocables y con impunidad, y pretendan atacar al Estado, exhalando un hedor insoportable, en vez de estar a su servicio. El hedor no puede propagarse fuera de las alcantarillas, como pretende el excomisario Villarejo.
DANIEL GUERRERO
