La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía destinará 1, 07 millones de euros para cubrir la subida del coste plaza del servicio de atención residencial (983.826 euros) y servicio de centro de día (87.433 euros) para las personas mayores en la provincia de Córdoba.
El incremento porcentual de las plazas tiene carácter retroactivo y supondrá subidas del 1,7 por ciento para los centros de día y la atención residencial para personas mayores dependientes; y del 3,7 por ciento para la atención residencial para personas mayores dependientes con trastornos graves y continuados de conducta y psicogeriátricos, puesto que se trata de una subida no lineal dependiendo de su tipología.
Además, esta iniciativa incluye la ya anunciada subida del coste plaza equivalente al IPC, 1,2 por ciento, una medida que se aplicará con carácter retroactivo iniciándose su aplicación desde el pasado 1 de enero de 2019. Desde el año 2013, no se había actualizado este concepto y tampoco se le había incorporado la subida anual del coste de la vida, lo que había llevado al sistema hacia la precarización del servicio.
Según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), en 2018, el porcentaje de personas mayores de 65 años en Andalucía es del 17,5 por ciento, siendo la media española de 19,1 por ciento. Asimismo, se estima un envejecimiento de la población en la que las personas mayores de 65 años no bajarán del 28,4 por ciento en el año 2040; y para el grupo a partir de 80 años, los porcentajes previstos para 2070 pueden, incluso, triplicar la proporción actual.
En este sentido, la consejera Rocío Ruiz señaló que entre los compromisos del Gobierno andaluz está el reforzamiento de las medidas para fomentar el envejecimiento activo, "siendo una prioridad en esta legislatura que las personas mayores sean partícipes de nuestra sociedad, contribuyendo y aportando su experiencia y conocimiento, así como mejorar la atención asistencial que se presta en los centros sociosanitarios de Andalucía, intensificando las inspecciones para garantizar la calidad de los servicios y la renovación de las instalaciones a través de la inversión por parte de la Junta".
Igualmente, Ruiz destacó, por un lado, el papel de los casi 650 Centros de Participación Activa con los que cuenta Andalucía, 168 de ellos de titularidad de la Junta, que agrupan a más de 500.000 personas socias y desarrollan más de 100.000 horas de talleres. Por otro lado, ha recordado el trabajo que se está desarrollando para la elaboración del I Plan Estratégico Integral para Personas Mayores en Andalucía 2020-2023, que actualmente se encuentra en la fase de diagnóstico.
En total, el Gobierno andaluz destina 19,8 millones de euros para incrementar la financiación del coste plaza en los servicios de atención residencial (15,2 millones) y de centros de día (4,6 millones) de personas en situación de dependencia, atendiendo una reivindicación que venía realizándose tanto desde el sector de las personas mayores como del de personas con discapacidad.
A esta propuesta ya efectiva, se unirán otras como la unificación de criterios en las distintas normativas de aplicación en materia de acreditación y autorización de los centros; y el mantenimiento y mejora del nivel de ocupación de plazas concertadas.
El incremento porcentual de las plazas tiene carácter retroactivo y supondrá subidas del 1,7 por ciento para los centros de día y la atención residencial para personas mayores dependientes; y del 3,7 por ciento para la atención residencial para personas mayores dependientes con trastornos graves y continuados de conducta y psicogeriátricos, puesto que se trata de una subida no lineal dependiendo de su tipología.
Además, esta iniciativa incluye la ya anunciada subida del coste plaza equivalente al IPC, 1,2 por ciento, una medida que se aplicará con carácter retroactivo iniciándose su aplicación desde el pasado 1 de enero de 2019. Desde el año 2013, no se había actualizado este concepto y tampoco se le había incorporado la subida anual del coste de la vida, lo que había llevado al sistema hacia la precarización del servicio.
Según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), en 2018, el porcentaje de personas mayores de 65 años en Andalucía es del 17,5 por ciento, siendo la media española de 19,1 por ciento. Asimismo, se estima un envejecimiento de la población en la que las personas mayores de 65 años no bajarán del 28,4 por ciento en el año 2040; y para el grupo a partir de 80 años, los porcentajes previstos para 2070 pueden, incluso, triplicar la proporción actual.
En este sentido, la consejera Rocío Ruiz señaló que entre los compromisos del Gobierno andaluz está el reforzamiento de las medidas para fomentar el envejecimiento activo, "siendo una prioridad en esta legislatura que las personas mayores sean partícipes de nuestra sociedad, contribuyendo y aportando su experiencia y conocimiento, así como mejorar la atención asistencial que se presta en los centros sociosanitarios de Andalucía, intensificando las inspecciones para garantizar la calidad de los servicios y la renovación de las instalaciones a través de la inversión por parte de la Junta".
Igualmente, Ruiz destacó, por un lado, el papel de los casi 650 Centros de Participación Activa con los que cuenta Andalucía, 168 de ellos de titularidad de la Junta, que agrupan a más de 500.000 personas socias y desarrollan más de 100.000 horas de talleres. Por otro lado, ha recordado el trabajo que se está desarrollando para la elaboración del I Plan Estratégico Integral para Personas Mayores en Andalucía 2020-2023, que actualmente se encuentra en la fase de diagnóstico.
En total, el Gobierno andaluz destina 19,8 millones de euros para incrementar la financiación del coste plaza en los servicios de atención residencial (15,2 millones) y de centros de día (4,6 millones) de personas en situación de dependencia, atendiendo una reivindicación que venía realizándose tanto desde el sector de las personas mayores como del de personas con discapacidad.
A esta propuesta ya efectiva, se unirán otras como la unificación de criterios en las distintas normativas de aplicación en materia de acreditación y autorización de los centros; y el mantenimiento y mejora del nivel de ocupación de plazas concertadas.
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
