Poca broma con la salud pública. Nada de chistes con la infección por carne mechada contaminada que se ha producido en Andalucía. Más seriedad con un asunto en el que han fallado, por causas diversas, los controles que debían proteger a los consumidores de productos alimenticios ante cualquier manipulación, durante su obtención, elaboración, conservación y distribución, que no se ajuste a las debidas garantías higiénico-sanitarias.
Poca broma, pues, con el primer contagio masivo por listeriosis conocido en España y que ya ha ocasionado tres muertos, siete abortos y más de dos centenares de personas ingresadas en los hospitales tras consumir carne mechada. El asunto es delicado y muy grave.
Porque es incomprensible, aunque pueda explicarse, que de una fábrica, registrada y autorizada para tal fin, salgan productos a la venta para consumo público contaminados con una bacteria que causa una infección en quienes los consuman, sin que ningún control de calidad interno ni ninguna inspección sanitaria, a la que está regularmente obligada, los detecte.
Sin embargo, ha sucedido, y en dos empresas diferentes, evidenciando un cúmulo de irregularidades y negligencias que deberán ser aclaradas, corregidas y, si procede, castigadas con la exigencia de responsabilidades administrativas y penales que correspondan. Porque con la salud pública no se juega, máxime si el “juego” tiene consecuencias luctuosas para los ciudadanos.
Los culpables de esta situación, sea por acción u omisión, han de pagarlo, puesto que no se trata de un accidente o una eventualidad imprevista, sino de una falta de rigor en quienes manipulan carne con fines lucrativos y de los encargados en controlar que tal actividad se realice con todas las garantías pertinentes.
Están en juego la confianza en las instituciones gubernamentales u organismos oficiales de control y la profesionalidad de las empresas y la fiabilidad de los productos que se consumen bajo el marchamo de una presunta calidad y garantía sanitarias. Y tal confianza, que depende de las explicaciones y la gestión de esta crisis, pero también de las medidas que se adopten para evitar que se repita, es, hoy por hoy, ínfima. La actuación de las autoridades deja mucho que desear.
En primer lugar, por no haber detectado a tiempo el problema y evitado el contagio masivo de ciudadanos. Desde que se descubrió que el foco de la infección se hallaba en la empresa cárnica Magrudis, radicada en Sevilla, que comercializa carne mechada con la marca La Mechá, hasta que se incautaron tales productos y, finalmente, se clausuró la empresa, transcurrieron injustificadamente demasiados días que solo sirvieron para que el brote se extendiera entre la población.
Desde mediados de julio, la Junta de Andalucía conocía el pico de casos por listeriosis en los centros de salud pero, hasta el 15 de agosto, la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de Andalucía no decretó la alerta sanitaria. Demasiados días para comprobar que el producto en cuestión era el causante del brote infeccioso.
Se fueron tomando decisiones a expensas de los acontecimientos y no con la debida celeridad para anticiparse a ellos y evitarlos. Se produjo, incluso, un cruce de reproches entre administraciones (autonómica y municipal, con competencias compartidas en la inspección sanitaria) que en nada contribuía a tranquilizar a la población y minimizar el problema.
Mientras la cifra de afectados aumentaba, la información ofrecida por las autoridades, pese a la aparente asepsia profesional de los datos médicos, causaba más alarma que tranquilidad. De hecho, el llamamiento, primero, a todas las embarazadas y, posteriormente, a las que solo hubieran comido carne contaminada para someterse a un tratamiento preventivo con antibióticos, no ha ayudado a transmitir confianza sobre su necesidad, por cuanto muchas de ellas temen que la medida perjudique al desarrollo de los fetos.
Y, peor aún, denota que el alcance de la infección no se conoce ni se controla, ya que la circulación de los alimentos contaminados no se paralizó hasta muy tarde y, en todo caso, han ido apareciendo nuevos productos también contaminados que obligan a la Consejería de Salud y Familias a ampliar la alerta sanitaria, el día 23 de agosto, más de un mes más tarde de que apareciera el pico por listeriosis. Y más tarde aún, el 28 de agosto, se extiende la alerta a todos los productos de la empresa Magrudis.
Cuando al fin va remitiendo el número de afectados en los hospitales, después de dejar un reguero de muertos, abortos y más de 200 personas infectadas, un segundo foco de contagio se localiza en otra empresa, gaditana esta vez, que comercializa productos cárnicos con la etiqueta Sabores de Paterna y los distribuye por Cádiz, Huelva, Málaga, Madrid y otras provincias.
Ante este nuevo brote, se afronta la situación con más determinación y celeridad, decretándose una nueva alerta sanitaria el día 6 de septiembre, al poco de detectarse una intoxicación por consumo de carne contaminada. Ello hace que, en la actualidad, ambas empresas estén ya clausuradas e inmovilizada y retirada de la circulación toda su producción.
Pero ambas, también, son muestras evidentes de que algo no ha funcionado bien en el control e inspección sanitarios de los alimentos destinados al consumo humano. Unas irregularidades y unas negligencias que deberán corregirse, depurando responsabilidades, para evitar que vuelvan a darse. Y, derivado de todo lo anterior, unos delitos contra la salud pública que habrán de dirimirse, para que nadie crea que infringir la ley y las ordenanzas sale gratis, con la contundencia ejemplarizante de la Justicia.
Hay que tomárselo en serio porque no es ninguna broma atentar contra la salud de los ciudadanos. Y porque no es de recibo que una empresa mantenga una actividad sin que sea sometida con regularidad y rigor a las inspecciones sanitarias y controles correspondientes.
También, además, para exigir que la actuación de las autoridades competentes y la gestión de toda alarma sanitaria sean mucho más eficaces y celosas de lo que han sido, ya que, en el caso Magrudis, parecían mostrar una “cautela” que priorizaba el interés de la empresa a la salud de los ciudadanos.
Se perdía así, en aras de no perjudicar el buen nombre de un negocio, un tiempo que favoreció la extensión del contagio entre la población, cuando el posible daño a la empresa se compensaría con las indemnizaciones pertinentes, pero las muertes y quebrantos de salud de los ciudadanos no hay modo de restituirlos, mucho menos con dinero.
Ese tiempo perdido –algo más de un mes– en tomar las medidas oportunas –dictar la alerta, inmovilizar los productos y clausurar la empresa– para no perjudicar a una empresa, como ha argumentado algún responsable de la Consejería de Salud, no debiera consentirse ni repetirse. Pero, desgraciadamente, ha pasado en el primer y mayor contagio masivo por listeriosis acaecido en España. Es algo muy grave como para tomárselo a broma.
Poca broma, pues, con el primer contagio masivo por listeriosis conocido en España y que ya ha ocasionado tres muertos, siete abortos y más de dos centenares de personas ingresadas en los hospitales tras consumir carne mechada. El asunto es delicado y muy grave.
Porque es incomprensible, aunque pueda explicarse, que de una fábrica, registrada y autorizada para tal fin, salgan productos a la venta para consumo público contaminados con una bacteria que causa una infección en quienes los consuman, sin que ningún control de calidad interno ni ninguna inspección sanitaria, a la que está regularmente obligada, los detecte.
Sin embargo, ha sucedido, y en dos empresas diferentes, evidenciando un cúmulo de irregularidades y negligencias que deberán ser aclaradas, corregidas y, si procede, castigadas con la exigencia de responsabilidades administrativas y penales que correspondan. Porque con la salud pública no se juega, máxime si el “juego” tiene consecuencias luctuosas para los ciudadanos.
Los culpables de esta situación, sea por acción u omisión, han de pagarlo, puesto que no se trata de un accidente o una eventualidad imprevista, sino de una falta de rigor en quienes manipulan carne con fines lucrativos y de los encargados en controlar que tal actividad se realice con todas las garantías pertinentes.
Están en juego la confianza en las instituciones gubernamentales u organismos oficiales de control y la profesionalidad de las empresas y la fiabilidad de los productos que se consumen bajo el marchamo de una presunta calidad y garantía sanitarias. Y tal confianza, que depende de las explicaciones y la gestión de esta crisis, pero también de las medidas que se adopten para evitar que se repita, es, hoy por hoy, ínfima. La actuación de las autoridades deja mucho que desear.
En primer lugar, por no haber detectado a tiempo el problema y evitado el contagio masivo de ciudadanos. Desde que se descubrió que el foco de la infección se hallaba en la empresa cárnica Magrudis, radicada en Sevilla, que comercializa carne mechada con la marca La Mechá, hasta que se incautaron tales productos y, finalmente, se clausuró la empresa, transcurrieron injustificadamente demasiados días que solo sirvieron para que el brote se extendiera entre la población.
Desde mediados de julio, la Junta de Andalucía conocía el pico de casos por listeriosis en los centros de salud pero, hasta el 15 de agosto, la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de Andalucía no decretó la alerta sanitaria. Demasiados días para comprobar que el producto en cuestión era el causante del brote infeccioso.
Se fueron tomando decisiones a expensas de los acontecimientos y no con la debida celeridad para anticiparse a ellos y evitarlos. Se produjo, incluso, un cruce de reproches entre administraciones (autonómica y municipal, con competencias compartidas en la inspección sanitaria) que en nada contribuía a tranquilizar a la población y minimizar el problema.
Mientras la cifra de afectados aumentaba, la información ofrecida por las autoridades, pese a la aparente asepsia profesional de los datos médicos, causaba más alarma que tranquilidad. De hecho, el llamamiento, primero, a todas las embarazadas y, posteriormente, a las que solo hubieran comido carne contaminada para someterse a un tratamiento preventivo con antibióticos, no ha ayudado a transmitir confianza sobre su necesidad, por cuanto muchas de ellas temen que la medida perjudique al desarrollo de los fetos.
Y, peor aún, denota que el alcance de la infección no se conoce ni se controla, ya que la circulación de los alimentos contaminados no se paralizó hasta muy tarde y, en todo caso, han ido apareciendo nuevos productos también contaminados que obligan a la Consejería de Salud y Familias a ampliar la alerta sanitaria, el día 23 de agosto, más de un mes más tarde de que apareciera el pico por listeriosis. Y más tarde aún, el 28 de agosto, se extiende la alerta a todos los productos de la empresa Magrudis.
Cuando al fin va remitiendo el número de afectados en los hospitales, después de dejar un reguero de muertos, abortos y más de 200 personas infectadas, un segundo foco de contagio se localiza en otra empresa, gaditana esta vez, que comercializa productos cárnicos con la etiqueta Sabores de Paterna y los distribuye por Cádiz, Huelva, Málaga, Madrid y otras provincias.
Ante este nuevo brote, se afronta la situación con más determinación y celeridad, decretándose una nueva alerta sanitaria el día 6 de septiembre, al poco de detectarse una intoxicación por consumo de carne contaminada. Ello hace que, en la actualidad, ambas empresas estén ya clausuradas e inmovilizada y retirada de la circulación toda su producción.
Pero ambas, también, son muestras evidentes de que algo no ha funcionado bien en el control e inspección sanitarios de los alimentos destinados al consumo humano. Unas irregularidades y unas negligencias que deberán corregirse, depurando responsabilidades, para evitar que vuelvan a darse. Y, derivado de todo lo anterior, unos delitos contra la salud pública que habrán de dirimirse, para que nadie crea que infringir la ley y las ordenanzas sale gratis, con la contundencia ejemplarizante de la Justicia.
Hay que tomárselo en serio porque no es ninguna broma atentar contra la salud de los ciudadanos. Y porque no es de recibo que una empresa mantenga una actividad sin que sea sometida con regularidad y rigor a las inspecciones sanitarias y controles correspondientes.
También, además, para exigir que la actuación de las autoridades competentes y la gestión de toda alarma sanitaria sean mucho más eficaces y celosas de lo que han sido, ya que, en el caso Magrudis, parecían mostrar una “cautela” que priorizaba el interés de la empresa a la salud de los ciudadanos.
Se perdía así, en aras de no perjudicar el buen nombre de un negocio, un tiempo que favoreció la extensión del contagio entre la población, cuando el posible daño a la empresa se compensaría con las indemnizaciones pertinentes, pero las muertes y quebrantos de salud de los ciudadanos no hay modo de restituirlos, mucho menos con dinero.
Ese tiempo perdido –algo más de un mes– en tomar las medidas oportunas –dictar la alerta, inmovilizar los productos y clausurar la empresa– para no perjudicar a una empresa, como ha argumentado algún responsable de la Consejería de Salud, no debiera consentirse ni repetirse. Pero, desgraciadamente, ha pasado en el primer y mayor contagio masivo por listeriosis acaecido en España. Es algo muy grave como para tomárselo a broma.
DANIEL GUERRERO
