El otoño siempre ha sido la estación en la que se reinicia la actividad cotidiana del año (laboral, política, educativa...) después de la inevitable interrupción del verano y las vacaciones. Ese inicio de la actividad podía ser en calma o en tensión. De ahí que, por la gravedad de los asuntos a los que hacer frente, haya prosperado la expresión “otoño caliente” cuando la conflictividad era lo más destacado en tales problemas.
Pero este año, más que caliente, el otoño se pronostica hirviente, puesto que parece hervir por la ebullición de una problemática diversa y compleja que amenaza con empeorar si no se atiende como exigen los afectados. Y es que el curso que arranca en otoño presenta problemas de tal magnitud que bien podrían desestabilizar aún más la situación política y fracturar la convivencia pacífica en España.
El más inquietante de los problemas de este otoño es, sin duda, el de las reacciones a la sentencia del Tribunal Supremo en el juicio a los políticos catalanes encausados, condenados a penas de cárcel e inhabilitación de hasta 13 años.
Los partidos políticos soberanistas, el Gobierno de la Generalitat, organizaciones civiles afines y los partidarios de la independencia venían esperando el fallo y estaban preparados para organizar una respuesta tumultuosa en las calles que, mediante manifestaciones, bloqueos de infraestructuras y servicios públicos, enfrentamientos con las fuerzas del orden y algarabías de diverso grado, pudiera interpretarse, por su extensión e intensidad, como expresión de rechazo del conjunto de la población de Cataluña.
Como alumnos aventajados de los noticiarios, sus organizadores –una anónima plataforma que se oculta bajo el nombre de “tsunami democrático”– intentaron emular a los manifestantes de Hong Kong y paralizar el aeropuerto de Barcelona, cosa que consiguieron durante unas horas el primer día de protesta.
También pretendieron imitar la violencia vandálica protagonizada por los “chalecos amarillos” que arrasaron la capital y otras ciudades de Francia hace unos meses, destruyendo escaparates, provocando fuegos, lanzando piedras, vallas y botellas con ácido a los policías, etc. La verdad es que lo tenían fácil porque ejemplos a copiar no faltaban.
Sin embargo, la gravedad de estos hechos no radica en las manifestaciones ciudadanas –derecho consagrado en la Constitución–, sino en la actitud ambigua del Govern por alentar (“apretad”, pedía el presidente Torra a los comandos de los CDR)) este tipo de comportamientos que tienden a descontrolarse y desembocar en delitos y atentados contra la seguridad ciudadana, mientras al mismo tiempo ese Govern es responsable de mantener el orden y la convivencia en la Comunidad, además de garantizar el respeto y el cumplimiento de las leyes.
Con semejante actitud contradictoria, será prácticamente imposible llegar a un entendimiento que permita encauzar el conflicto catalán por vías políticas y de diálogo, que precisan de la mutua confianza y de la lealtad institucional entre ambas Administraciones del Estado.
No hay duda de que la configuración territorial del Estado va a estar sometida, este otoño, a fuerzas antagónicas que, por un lado, ejercen una presión centrífuga que conlleva el riesgo de desprendimiento de una parte del mismo, y, por otro, una presión centrípeta que tiende hacia desnaturalización de las autonomías y a la recentralización.
Dependiendo de cómo se aborde el conflicto catalán, el otoño hervirá por la colisión entre ambas fuerzas con inaudita virulencia política y social. Ya los radicales se encargan de encender el fuego, metafórica y literalmente hablando.
Además, por si fuera poco, un Gobierno central en funciones, después de años de inestabilidad, vuelve a confiar en la repetición electoral para que los ciudadanos decidan lo que los elegidos en abril no pudieron, no supieron o no quisieron acordar: pactar la constitución de un Ejecutivo en torno a la minoría parlamentaria mayoritaria. Nos hallamos, así, con un Gobierno que, este otoño, estará más atento a asegurarse su continuidad en el poder que en solucionar ningún problema.
Y sin Gobierno, sin Presupuestos y sin planes a medio y largo plazo, la coyuntura política es la idónea para que este otoño endemoniado arda con la gasolina de la confrontación partidista, la parálisis institucional, la división social y la inacción ante conflictos de todo signo que no son o no pueden ser atendidos.
Se trata, justamente, de la situación más favorable para que los populismos de derecha e izquierda emerjan con sus promesas fáciles y simples que todo lo solucionan, aprovechándose del “cabreo” de la gente con unos políticos que se muestran ineficaces ante los grandes retos, también ante los pequeños obstáculos, a los que debemos enfrentarnos, como son la migración, el empleo, la seguridad, la educación, las infraestructuras, la pobreza y hasta las pensiones o un feminicidio que no cesa.
Nada parece rebajar la temperatura porque, en vez de contribuir a la calma, el propio Gobierno y la crispación política son comburentes del fuego que hace hervir a este otoño con más intensidad que nunca. Unos partidos enfrascados en una confrontación estéril, que no dudan en utilizar los problemas para desacreditar al adversario, y un Gobierno provisional, sin capacidad para afrontar con eficacia ningún asunto que no sea de ordinaria y burocrática resolución, son los responsables en buena medida de la conflictividad ardiente que se pronostica para el otoño.
Incluso los pensionistas, que han emprendido desde los cuatro puntos cardinales del país una marcha hasta Madrid para exigir a todo pulmón, ante el Congreso de la nación, la seguridad de unas pensiones dignas, van a alimentar las llamas que harán arder este otoño preñado de problemas.
Llevan años reclamando que se les restituya el derecho a recibir las pensiones por las que han cotizado durante toda su vida laboral. Y por que no se les utilice como apuntes contables que sirven para cuadrar las cuentas del Estado, ni se les utilice como datos demográficos de fácil seducción electoralista.
Su grito en defensa de las pensiones, gobierne quien gobierne, surge del hartazgo de sentirse siempre manipulados por Ejecutivos de todo color, y de ver cómo sus pensiones, en vez mantener su poder adquisitivo, menguan cada año, con cada gobierno y con cada problema de la economía que los administradores políticos no han sabido prever ni solventar sin echar mano de la “hucha” de las pensiones y otras partidas del gasto social. Se manifiestan, gritan y contribuyen a hacer hervir este otoño con toda la razón del mundo. Y porque no consienten que se les arrebate su dignidad, aunque estén a punto de morirse.
Es enervante que la política se entretenga en mirarse el ombligo mientras el país sufre las consecuencias. Un país en el que un 26,1 por ciento de la población está en riesgo de pobreza o exclusión social. Es decir, más de 12 millones de personas en España no disponen de los mínimos de renta necesarios, ni trabajos estables o justamente remunerados, ni posibilidad de acceso a bienes materiales o servicios, como la calefacción, que indican los riesgos de padecer pobreza o exclusión, según un reciente informe elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza con datos de 2018.
Tales indicadores miden la magnitud escalofriante de una condición que se suele confundir con la indigencia y, sin embargo, está instalada en la mayoría de las ocasiones en hogares aparentemente normales, en los que el trabajo precario o el desempleo, la desestructuración familiar o familias monoparentales, la discapacidad o el cuidado de alguno de sus miembros y hasta la dificultad para acceder a una vivienda en propiedad o alquiler, materializan los múltiples rostros de la pobreza.
Personas privadas de recursos o excluidos de la sociedad por culpa de una crisis económica que ha ahondado las desigualdades y ha eliminado las posibilidades de prosperar y huir de las garras del infortunio. Por mucho que las soflamas gubernamentales se vanaglorien de haber superado la crisis económica, lo cierto es que los datos del INE y Eurostat colocan a nuestro país entre los países peor situados de la UE en cuanto al número de personas que están en riesgo de pobreza o exclusión.
Mientras unos y otros se enfrentan por cuestiones de identidad y privilegios, se desgañitan por poltronas y prebendas, una cuarta parte de la población lucha por tener una vida digna, libre del azote de las privaciones, sin que nadie se manifieste por ella ni haga uso de la violencia para obligar a socorrerla. A pesar de todos los problemas que nos acucian, este otoño no hervirá por los realmente necesitados, cuando debería ser el principal motivo para coger la antorcha.
Pero este año, más que caliente, el otoño se pronostica hirviente, puesto que parece hervir por la ebullición de una problemática diversa y compleja que amenaza con empeorar si no se atiende como exigen los afectados. Y es que el curso que arranca en otoño presenta problemas de tal magnitud que bien podrían desestabilizar aún más la situación política y fracturar la convivencia pacífica en España.
El más inquietante de los problemas de este otoño es, sin duda, el de las reacciones a la sentencia del Tribunal Supremo en el juicio a los políticos catalanes encausados, condenados a penas de cárcel e inhabilitación de hasta 13 años.
Los partidos políticos soberanistas, el Gobierno de la Generalitat, organizaciones civiles afines y los partidarios de la independencia venían esperando el fallo y estaban preparados para organizar una respuesta tumultuosa en las calles que, mediante manifestaciones, bloqueos de infraestructuras y servicios públicos, enfrentamientos con las fuerzas del orden y algarabías de diverso grado, pudiera interpretarse, por su extensión e intensidad, como expresión de rechazo del conjunto de la población de Cataluña.
Como alumnos aventajados de los noticiarios, sus organizadores –una anónima plataforma que se oculta bajo el nombre de “tsunami democrático”– intentaron emular a los manifestantes de Hong Kong y paralizar el aeropuerto de Barcelona, cosa que consiguieron durante unas horas el primer día de protesta.
También pretendieron imitar la violencia vandálica protagonizada por los “chalecos amarillos” que arrasaron la capital y otras ciudades de Francia hace unos meses, destruyendo escaparates, provocando fuegos, lanzando piedras, vallas y botellas con ácido a los policías, etc. La verdad es que lo tenían fácil porque ejemplos a copiar no faltaban.
Sin embargo, la gravedad de estos hechos no radica en las manifestaciones ciudadanas –derecho consagrado en la Constitución–, sino en la actitud ambigua del Govern por alentar (“apretad”, pedía el presidente Torra a los comandos de los CDR)) este tipo de comportamientos que tienden a descontrolarse y desembocar en delitos y atentados contra la seguridad ciudadana, mientras al mismo tiempo ese Govern es responsable de mantener el orden y la convivencia en la Comunidad, además de garantizar el respeto y el cumplimiento de las leyes.
Con semejante actitud contradictoria, será prácticamente imposible llegar a un entendimiento que permita encauzar el conflicto catalán por vías políticas y de diálogo, que precisan de la mutua confianza y de la lealtad institucional entre ambas Administraciones del Estado.
No hay duda de que la configuración territorial del Estado va a estar sometida, este otoño, a fuerzas antagónicas que, por un lado, ejercen una presión centrífuga que conlleva el riesgo de desprendimiento de una parte del mismo, y, por otro, una presión centrípeta que tiende hacia desnaturalización de las autonomías y a la recentralización.
Dependiendo de cómo se aborde el conflicto catalán, el otoño hervirá por la colisión entre ambas fuerzas con inaudita virulencia política y social. Ya los radicales se encargan de encender el fuego, metafórica y literalmente hablando.
Además, por si fuera poco, un Gobierno central en funciones, después de años de inestabilidad, vuelve a confiar en la repetición electoral para que los ciudadanos decidan lo que los elegidos en abril no pudieron, no supieron o no quisieron acordar: pactar la constitución de un Ejecutivo en torno a la minoría parlamentaria mayoritaria. Nos hallamos, así, con un Gobierno que, este otoño, estará más atento a asegurarse su continuidad en el poder que en solucionar ningún problema.
Y sin Gobierno, sin Presupuestos y sin planes a medio y largo plazo, la coyuntura política es la idónea para que este otoño endemoniado arda con la gasolina de la confrontación partidista, la parálisis institucional, la división social y la inacción ante conflictos de todo signo que no son o no pueden ser atendidos.
Se trata, justamente, de la situación más favorable para que los populismos de derecha e izquierda emerjan con sus promesas fáciles y simples que todo lo solucionan, aprovechándose del “cabreo” de la gente con unos políticos que se muestran ineficaces ante los grandes retos, también ante los pequeños obstáculos, a los que debemos enfrentarnos, como son la migración, el empleo, la seguridad, la educación, las infraestructuras, la pobreza y hasta las pensiones o un feminicidio que no cesa.
Nada parece rebajar la temperatura porque, en vez de contribuir a la calma, el propio Gobierno y la crispación política son comburentes del fuego que hace hervir a este otoño con más intensidad que nunca. Unos partidos enfrascados en una confrontación estéril, que no dudan en utilizar los problemas para desacreditar al adversario, y un Gobierno provisional, sin capacidad para afrontar con eficacia ningún asunto que no sea de ordinaria y burocrática resolución, son los responsables en buena medida de la conflictividad ardiente que se pronostica para el otoño.
Incluso los pensionistas, que han emprendido desde los cuatro puntos cardinales del país una marcha hasta Madrid para exigir a todo pulmón, ante el Congreso de la nación, la seguridad de unas pensiones dignas, van a alimentar las llamas que harán arder este otoño preñado de problemas.
Llevan años reclamando que se les restituya el derecho a recibir las pensiones por las que han cotizado durante toda su vida laboral. Y por que no se les utilice como apuntes contables que sirven para cuadrar las cuentas del Estado, ni se les utilice como datos demográficos de fácil seducción electoralista.
Su grito en defensa de las pensiones, gobierne quien gobierne, surge del hartazgo de sentirse siempre manipulados por Ejecutivos de todo color, y de ver cómo sus pensiones, en vez mantener su poder adquisitivo, menguan cada año, con cada gobierno y con cada problema de la economía que los administradores políticos no han sabido prever ni solventar sin echar mano de la “hucha” de las pensiones y otras partidas del gasto social. Se manifiestan, gritan y contribuyen a hacer hervir este otoño con toda la razón del mundo. Y porque no consienten que se les arrebate su dignidad, aunque estén a punto de morirse.
Es enervante que la política se entretenga en mirarse el ombligo mientras el país sufre las consecuencias. Un país en el que un 26,1 por ciento de la población está en riesgo de pobreza o exclusión social. Es decir, más de 12 millones de personas en España no disponen de los mínimos de renta necesarios, ni trabajos estables o justamente remunerados, ni posibilidad de acceso a bienes materiales o servicios, como la calefacción, que indican los riesgos de padecer pobreza o exclusión, según un reciente informe elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza con datos de 2018.
Tales indicadores miden la magnitud escalofriante de una condición que se suele confundir con la indigencia y, sin embargo, está instalada en la mayoría de las ocasiones en hogares aparentemente normales, en los que el trabajo precario o el desempleo, la desestructuración familiar o familias monoparentales, la discapacidad o el cuidado de alguno de sus miembros y hasta la dificultad para acceder a una vivienda en propiedad o alquiler, materializan los múltiples rostros de la pobreza.
Personas privadas de recursos o excluidos de la sociedad por culpa de una crisis económica que ha ahondado las desigualdades y ha eliminado las posibilidades de prosperar y huir de las garras del infortunio. Por mucho que las soflamas gubernamentales se vanaglorien de haber superado la crisis económica, lo cierto es que los datos del INE y Eurostat colocan a nuestro país entre los países peor situados de la UE en cuanto al número de personas que están en riesgo de pobreza o exclusión.
Mientras unos y otros se enfrentan por cuestiones de identidad y privilegios, se desgañitan por poltronas y prebendas, una cuarta parte de la población lucha por tener una vida digna, libre del azote de las privaciones, sin que nadie se manifieste por ella ni haga uso de la violencia para obligar a socorrerla. A pesar de todos los problemas que nos acucian, este otoño no hervirá por los realmente necesitados, cuando debería ser el principal motivo para coger la antorcha.
DANIEL GUERRERO
