El Real Decreto-ley de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19, aprobado este martes por el Consejo de Ministros, prohíbe durante un mes, prorrogable por más tiempo en caso de que la situación de alerta se mantenga, el corte de suministro de electricidad, agua y gas natural a los consumidores vulnerables o en riesgo de exclusión social, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
El Gobierno de España ya está en contacto con los proveedores de los tres servicios para hacer efectiva la medida. Asimismo, se prorroga la vigencia del bono social eléctrico a los beneficiarios que debían renovar su solicitud, quienes podrán realizar el trámite hasta el próximo 15 de septiembre.
La norma también suspende la revisión de los precios máximos de venta al público de los gases licuados del petróleo envasados, como las bombonas de butano, y de la Tarifa de Último Recurso (TUR) de gas natural, para evitar que suban. Se mantendrán los precios actuales durante los próximos seis meses.
El suministro domiciliario de agua potable, electricidad y gas natural constituyen servicios esenciales que, en las actuales circunstancias, deben quedar garantizados. Con este fin, el Real Decreto Ley imposibilita el corte de suministro de agua, electricidad y gas natural a los usuarios con condición de consumidor vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión social, condición que se le reconoce a cualquier beneficiario del bono social eléctrico.
El bono social de electricidad es un descuento en la factura eléctrica de entre un 25 y un 40 por ciento para consumidores vulnerables y consumidores vulnerables severos, respectivamente, que cumplan los requisitos establecidos. Asimismo, los beneficiarios del bono social eléctrico a 31 de diciembre cada ejercicio son perceptores automáticos del bono social térmico.
Una vez concedido el bono social, la prestación tiene una vigencia de dos años. Para evitar que los beneficiarios que necesiten renovarlo dejen de percibir los descuentos y beneficios previstos, el Real Decreto Ley aprobado este martes prorroga de forma automática el plazo de los bonos hasta el 15 de septiembre de 2020. A finales de febrero de 2020, 1.290.550 unidades familiares recibían el bono social. El colectivo de pensionistas con pensiones mínimas supone aproximadamente el 13% del total de beneficiarios.
El Gobierno congela el precio de la bombona de butano
Por otro lado, el Real Decreto Ley suspende la revisión de los precios máximos de venta al público, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados, entre ellos, el de la bombona de butano, y de la TUR de gas natural para evitar alzas en el precio.
La medida se adopta en consideración del significativo porcentaje de consumidores socialmente vulnerables entre aquellos que se abastecen de gases licuados del petróleo envasado y de que el colectivo de consumidores socialmente vulnerables con instalación doméstica de gas natural tiene la posibilidad de acogerse a la tarifa de último recurso.
La revisión de los precios del gas licuado del petróleo (GLP) se realiza cada dos meses y el Real Decreto-Ley la suspende para los siguientes tres bimestres. En el caso de la TUR de gas natural, la revisión es trimestral y su suspensión se aprueba por dos trimestres.
El Gobierno de España ya está en contacto con los proveedores de los tres servicios para hacer efectiva la medida. Asimismo, se prorroga la vigencia del bono social eléctrico a los beneficiarios que debían renovar su solicitud, quienes podrán realizar el trámite hasta el próximo 15 de septiembre.
La norma también suspende la revisión de los precios máximos de venta al público de los gases licuados del petróleo envasados, como las bombonas de butano, y de la Tarifa de Último Recurso (TUR) de gas natural, para evitar que suban. Se mantendrán los precios actuales durante los próximos seis meses.
El suministro domiciliario de agua potable, electricidad y gas natural constituyen servicios esenciales que, en las actuales circunstancias, deben quedar garantizados. Con este fin, el Real Decreto Ley imposibilita el corte de suministro de agua, electricidad y gas natural a los usuarios con condición de consumidor vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión social, condición que se le reconoce a cualquier beneficiario del bono social eléctrico.
El bono social de electricidad es un descuento en la factura eléctrica de entre un 25 y un 40 por ciento para consumidores vulnerables y consumidores vulnerables severos, respectivamente, que cumplan los requisitos establecidos. Asimismo, los beneficiarios del bono social eléctrico a 31 de diciembre cada ejercicio son perceptores automáticos del bono social térmico.
Una vez concedido el bono social, la prestación tiene una vigencia de dos años. Para evitar que los beneficiarios que necesiten renovarlo dejen de percibir los descuentos y beneficios previstos, el Real Decreto Ley aprobado este martes prorroga de forma automática el plazo de los bonos hasta el 15 de septiembre de 2020. A finales de febrero de 2020, 1.290.550 unidades familiares recibían el bono social. El colectivo de pensionistas con pensiones mínimas supone aproximadamente el 13% del total de beneficiarios.
El Gobierno congela el precio de la bombona de butano
Por otro lado, el Real Decreto Ley suspende la revisión de los precios máximos de venta al público, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados, entre ellos, el de la bombona de butano, y de la TUR de gas natural para evitar alzas en el precio.
La medida se adopta en consideración del significativo porcentaje de consumidores socialmente vulnerables entre aquellos que se abastecen de gases licuados del petróleo envasado y de que el colectivo de consumidores socialmente vulnerables con instalación doméstica de gas natural tiene la posibilidad de acogerse a la tarifa de último recurso.
La revisión de los precios del gas licuado del petróleo (GLP) se realiza cada dos meses y el Real Decreto-Ley la suspende para los siguientes tres bimestres. En el caso de la TUR de gas natural, la revisión es trimestral y su suspensión se aprueba por dos trimestres.
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
