El período socialista de los gobiernos de Rodríguez Zapatero se agotó al cabo de su segunda Legislatura como consecuencia de la crisis económica de 2008. Las medidas de preciso escarpelo para combatirla, reduciendo partidas de gasto del Presupuesto para equilibrar el déficit público, pesaron más que los avances en derechos y libertades conquistados bajo su mandato.
Los electores prefirieron que la derecha administrase la austeridad a la que abocaba una crisis económica que la derecha supo utilizar como ariete del Gobierno. Así, en las elecciones de noviembre de 2011, el Partido Popular obtendría mayoría absoluta y sentaba a Mariano Rajoy en el sillón del Gobierno de España, el sexto presidente de la democracia desde 1978 (contando a Leopoldo Calvo Sotelo, elegido presidente tras la dimisión de Adolfo Suárez, en 1981, hasta el triunfo socialista de 1982. Fue un presidente de transición). Se producía, así, un nuevo vaivén del bipartidismo español que posibilitaba que la derecha recuperase, una vez más, el poder.
Mariano Rajoy Brey, un político gallego de amplio recorrido desde los tiempos de la Alianza Popular (AP) de Fraga, además de abogado y notario, había sido un ministro “todoterreno” (Administraciones Públicas, Educación, Interior, Portavoz y vicepresidente) en los ocho años de gobiernos de José María Aznar, hasta que este lo designó para sucederle como candidato del Partido Popular a las elecciones de 2004, en las que el PP perdió el poder.
Es en los comicios anticipados del año 2011 cuando Rajoy consigue al fin, después de perder también la cita con las urnas de 2008, acceder a la Presidencia del Gobierno, rodeándose de figuras destacadas de la derecha española y de colaboradores suyos en el partido. Su mandato, a lo largo de tres legislaturas (una de ellas non nata), se interrumpe abruptamente con la moción de censura que le presenta el nuevo líder del PSOE, Pedro Sánchez, tras una sentencia del caso Gürtel.
Tal como había prometido, una vez formado su Ejecutivo, Mariano Rajoy comienza a aplicar su plan neoliberal para sanear la economía española de la recesión en la que había entrado desde finales de 2009. Tarda sólo dos semanas, desde su nombramiento, en anunciar el primer “hachazo” presupuestario, de casi 10.000 millones de euros, y la subida del IRPF.
Empezaba, así, a cumplir e incumplir sus promesas electorales de ahorrar gasto, reducir las administraciones públicas, volver a las privatizaciones y bajar impuestos. Excepto esto último –que los subió–, cumplió con todo lo demás.
Era evidente que el Gobierno de Rajoy tenía, como más importante reto, afrontar la grave crisis económica del país, y en ello se empeñó con todas sus fuerzas, mediante las clásicas recetas del neoliberalismo. Frente al bisturí de Zapatero, Rajoy propinó tijeretazos al gasto público y al Estado de Bienestar.
Y para reducir el desempleo, hizo una reforma laboral que flexibilizó el despido y precarizó el mercado del trabajo, desvinculando los acuerdos de empresa de los convenios colectivos sectoriales, todo ello bajo una fuerte contestación por parte de los colectivos afectados.
En lo económico, por tanto, las primeras iniciativas del Gobierno conservador fueron inmediatas y drásticas a la hora de reducir el gasto público y el tamaño de las administraciones. Continuaba, así, pero con mayor dureza aun, la senda de restricciones que había emprendido el anterior mandatario socialista, presionado por la UE y los mercados hasta el extremo de tener que acometer una enmienda a la Constitución que contemplaba priorizar el pago de la deuda frente a cualquier otro gasto público.
Sin embargo, estas medidas iniciales de Rajoy no lograron frenar el peligro de rescate y la escalada de la prima de riesgo, que se disparó a cifras históricas insostenibles, de más de 600 puntos porcentuales. Ese escenario lo obligó a aplicar nuevas medidas impopulares, como la subida del IVA, la reducción de las prestaciones por desempleo, la supresión de la paga extra de Navidad de los funcionarios, la reducción de las plantillas en las administraciones públicas (la tasa de reposición por jubilación en Sanidad fue del diez por ciento), la práctica congelación de las pensiones (incremento anual de solo el 0,25 por ciento), la subida de impuestos medioambientales y un nuevo recorte al Estado de Bienestar, como el copago farmacéutico, además de dejar sin dotación la partida presupuestaria de la Dependencia y la exigua financiación a la investigación científica, la innovación y el desarrollo, entre otros recortes.
De la contundencia de sus duras medidas económicas es relevante que, durante el primer año de su Gobierno, Mariano Rajoy hiciera uso de 29 decretos-ley, una fórmula legal que se justifica por motivos de urgencia, aunque no fuera necesario al disponer de mayoría absoluta en el Congreso para aprobar cualquier iniciativa gubernamental.
A pesar de todo, Rajoy no pudo evitar la tutela de la Unión Europea en las cuentas públicas ante el riesgo creciente de recaída en la recesión. Bajo el eufemismo de “préstamo”, España solicitó formalmente un rescate por más de 80.000 millones de euros a Europa para ayudar a las entidades financieras y al FROB, el “banco malo” creado para asumir la deuda privada de las entidades nacionalizadas, como Bankia.
Tan grave era la situación que, durante buena parte de su primera Legislatura, las políticas de austeridad del Gobierno contribuyeron a profundizar y prolongar la crisis económica, aumentando las cifras de desempleo, que a finales de 2012 había alcanzado la cota más alta de la historia, un 26 por ciento de la población activa, y los índices de pobreza y exclusión social, que pasaron del 23 por ciento de la población a cerca del 28 por ciento, de lo que daba muestra el número de familias que fueron desalojadas de sus viviendas al no poder pagarlas.
En lo social, como no podía ser de otra manera, las restricciones y el “austericidio” provocaron estragos en los servicios esenciales que provee el Estado a los ciudadanos, poniendo en cuestionamiento la viabilidad del Estado de Bienestar.
La Educación, por ejemplo, sufrió recortes que mermaron su plantilla y aumentaron la ratio de alumnos por aula. También supusieron la reducción de la dotación para becas e investigación, el incremento del número de horas docentes del profesorado y la “racionalización” de las titulaciones, etc.
En Sanidad, aparte de la reducción y congelación de los salarios, los recortes significaron la disminución de la plantilla de sanitarios de todas las categorías, la imposibilidad de seguir activo más allá de los 65 años, el copago sanitario y farmacéutico (recetas, traslados de enfermos, medicamentos, etc.) y la retirada de la tarjeta sanitaria a inmigrantes en situación irregular.
En Dependencia, como se ha señalado, no se proveyeron recursos para mantener su aplicación y atender a los nuevos demandantes de ese derecho. Y las pensiones, en contra de lo insistido por el Gobierno, estuvieron técnicamente congeladas, cuyo raquítico incremento fue siempre inferior al coste de la vida, la inflación, durante todos los años del mandato de la derecha.
Además, el desajuste de la Seguridad Social fue tan desorbitado que prácticamente vació la “hucha” de las pensiones, el remanente acumulado durante la época socialista de Rodríguez Zapatero para garantizar su financiación.
En resumen, hay que señalar que las medidas implementadas para sanear la economía golpearon con especial dureza, dadas la austeridad y las restricciones que suponían, a los colectivos más vulnerables y desfavorecidos de la sociedad, al reducir o eliminar prestaciones sociales y servicios de los que dependían para su subsistencia.
Y es que esos estratos débiles, sin apenas ingresos, tuvieron que enfrentarse a la subida del impuesto del IVA, del 18 al 21 por ciento en el tramo general y del 8 al 10 por ciento el del tipo reducido; ver reducida su prestación por desempleo; ser castigados por la supresión de la deducción por vivienda en el IRPF; pagar por hacer uso de la Justicia (reforma de tasas judiciales); etc., y ser víctimas del resto de recortes descritos más arriba.
Sin apenas acceso a los servicios esenciales de un Estado de Bienestar mermado, aquellas reformas económicas, que despreciaron a los más vulnerables, hicieron que los pobres fueran más pobres todavía. Y los ricos, más ricos.
Las grandes cifras macroeconómicas, gracias a las recetas y políticas neoliberales implementadas para su exclusivo beneficio, es decir, para sanear sus cuentas y nacionalizar las pérdidas, junto a unas condiciones externas favorables (viento de cola) por el descenso del precio de los productos energéticos, un euro devaluado respecto al dólar y, sobre todo, las facilidades del Banco Central Europeo para abaratar el precio del dinero y dar liquidez al mercado financiero, posibilitaron la vuelta al crecimiento y la recuperación económica, fundamentalmente durante los últimos años de la segunda Legislatura de Rajoy, pero a costa de crear una crisis social sin precedentes, en la que la desigualdad y la precariedad ensancharon enormemente las brechas sociales.
Y no solo eso: en cuanto a derechos y libertades, la derecha con Rajoy volvió a sus fueros de regresión y autoritarismo. Bastan tres ejemplos para demostrarlo. En primer lugar, la reforma de la Ley del Aborto, que Rajoy encargó a su ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y no al de Sanidad, y que endurecía los requisitos y eliminaba, incluso, la malformación del feto como supuesto para llevar a cabo la intervención, con la pretensión de satisfacer a su electorado más conservador, a los colectivos antiabortistas y a la Iglesia, se saldó con la dimisión del ministro y la no aprobación del proyecto de reforma. La contestación social, incluida la del sector conservador moderado, hicieron recular a Rajoy y retirar –de momento– aquella reforma.
En segundo lugar, la nefasta “ley Wert”, como se llamaba a la LOMCE, la séptima Ley de Educación de la democracia, impulsada en solitario y sin consenso por el ministro que da nombre al texto legal, el que aplicó los mayores recortes de la historia en educación.
Aparte de reducir “gastos”, la ley suprimió la asignatura de Educación para la Ciudadanía por la de Religión, con peso curricular en la nota del alumno. Además, el Ministerio recentralizaba el diseño curricular, reduciendo el margen de las autonomías para configurar sus contenidos.
Y, por último, la “Ley Mordaza”, Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, que deja en manos de la Administración el ejercicio de derechos y libertades fundamentales, en aras de garantizar el orden público y la seguridad ciudadana, y que prohíbe, por ejemplo, tomar imágenes de la actuación y presuntos abusos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su cometido.
Una norma que faculta a la Policía a ser juez y parte en sus conflictos con los ciudadanos a la hora de valorar la “desobediencia o resistencia a la autoridad” o la “falta de respeto o consideración a las fuerzas del orden” público. Todavía sigue vigente.
En política exterior, el mandato de Rajoy no se distinguió por su quehacer diplomático, salvo las debidas relaciones habituales con Europa y su aparente cordialidad con la canciller alemán, Angela Merkel, de quien dependían, en buena medida, las condiciones impuestas por Bruselas a la economía española.
España seguía sin recuperar el peso perdido en Europa, como se demostró con el fracaso de la candidatura de Luis de Guindos para presidir el Eurogrupo. Con EE UU mantuvo buenas relaciones, consiguiendo un nuevo acuerdo sobre las bases militares de utilización conjunta, pero sin llegar a los niveles de servilismo pronorteamericano de la época de Aznar. Lo mismo puede decirse de las relaciones con Latinoamérica y los países árabes, donde la preocupación se centraba en la región del Sahel y la amenaza del terrorismo del Daesh o Estado islámico.
Sin embargo, era en política interna en lo que los gobiernos de derecha de Mariano Rajoy fueron claramente deficientes, y con respecto de la corrupción, deplorables. Pero eso será objeto de un nuevo capítulo.
Los electores prefirieron que la derecha administrase la austeridad a la que abocaba una crisis económica que la derecha supo utilizar como ariete del Gobierno. Así, en las elecciones de noviembre de 2011, el Partido Popular obtendría mayoría absoluta y sentaba a Mariano Rajoy en el sillón del Gobierno de España, el sexto presidente de la democracia desde 1978 (contando a Leopoldo Calvo Sotelo, elegido presidente tras la dimisión de Adolfo Suárez, en 1981, hasta el triunfo socialista de 1982. Fue un presidente de transición). Se producía, así, un nuevo vaivén del bipartidismo español que posibilitaba que la derecha recuperase, una vez más, el poder.
Mariano Rajoy Brey, un político gallego de amplio recorrido desde los tiempos de la Alianza Popular (AP) de Fraga, además de abogado y notario, había sido un ministro “todoterreno” (Administraciones Públicas, Educación, Interior, Portavoz y vicepresidente) en los ocho años de gobiernos de José María Aznar, hasta que este lo designó para sucederle como candidato del Partido Popular a las elecciones de 2004, en las que el PP perdió el poder.
Es en los comicios anticipados del año 2011 cuando Rajoy consigue al fin, después de perder también la cita con las urnas de 2008, acceder a la Presidencia del Gobierno, rodeándose de figuras destacadas de la derecha española y de colaboradores suyos en el partido. Su mandato, a lo largo de tres legislaturas (una de ellas non nata), se interrumpe abruptamente con la moción de censura que le presenta el nuevo líder del PSOE, Pedro Sánchez, tras una sentencia del caso Gürtel.
Tal como había prometido, una vez formado su Ejecutivo, Mariano Rajoy comienza a aplicar su plan neoliberal para sanear la economía española de la recesión en la que había entrado desde finales de 2009. Tarda sólo dos semanas, desde su nombramiento, en anunciar el primer “hachazo” presupuestario, de casi 10.000 millones de euros, y la subida del IRPF.
Empezaba, así, a cumplir e incumplir sus promesas electorales de ahorrar gasto, reducir las administraciones públicas, volver a las privatizaciones y bajar impuestos. Excepto esto último –que los subió–, cumplió con todo lo demás.
Era evidente que el Gobierno de Rajoy tenía, como más importante reto, afrontar la grave crisis económica del país, y en ello se empeñó con todas sus fuerzas, mediante las clásicas recetas del neoliberalismo. Frente al bisturí de Zapatero, Rajoy propinó tijeretazos al gasto público y al Estado de Bienestar.
Y para reducir el desempleo, hizo una reforma laboral que flexibilizó el despido y precarizó el mercado del trabajo, desvinculando los acuerdos de empresa de los convenios colectivos sectoriales, todo ello bajo una fuerte contestación por parte de los colectivos afectados.
En lo económico, por tanto, las primeras iniciativas del Gobierno conservador fueron inmediatas y drásticas a la hora de reducir el gasto público y el tamaño de las administraciones. Continuaba, así, pero con mayor dureza aun, la senda de restricciones que había emprendido el anterior mandatario socialista, presionado por la UE y los mercados hasta el extremo de tener que acometer una enmienda a la Constitución que contemplaba priorizar el pago de la deuda frente a cualquier otro gasto público.
Sin embargo, estas medidas iniciales de Rajoy no lograron frenar el peligro de rescate y la escalada de la prima de riesgo, que se disparó a cifras históricas insostenibles, de más de 600 puntos porcentuales. Ese escenario lo obligó a aplicar nuevas medidas impopulares, como la subida del IVA, la reducción de las prestaciones por desempleo, la supresión de la paga extra de Navidad de los funcionarios, la reducción de las plantillas en las administraciones públicas (la tasa de reposición por jubilación en Sanidad fue del diez por ciento), la práctica congelación de las pensiones (incremento anual de solo el 0,25 por ciento), la subida de impuestos medioambientales y un nuevo recorte al Estado de Bienestar, como el copago farmacéutico, además de dejar sin dotación la partida presupuestaria de la Dependencia y la exigua financiación a la investigación científica, la innovación y el desarrollo, entre otros recortes.
De la contundencia de sus duras medidas económicas es relevante que, durante el primer año de su Gobierno, Mariano Rajoy hiciera uso de 29 decretos-ley, una fórmula legal que se justifica por motivos de urgencia, aunque no fuera necesario al disponer de mayoría absoluta en el Congreso para aprobar cualquier iniciativa gubernamental.
A pesar de todo, Rajoy no pudo evitar la tutela de la Unión Europea en las cuentas públicas ante el riesgo creciente de recaída en la recesión. Bajo el eufemismo de “préstamo”, España solicitó formalmente un rescate por más de 80.000 millones de euros a Europa para ayudar a las entidades financieras y al FROB, el “banco malo” creado para asumir la deuda privada de las entidades nacionalizadas, como Bankia.
Tan grave era la situación que, durante buena parte de su primera Legislatura, las políticas de austeridad del Gobierno contribuyeron a profundizar y prolongar la crisis económica, aumentando las cifras de desempleo, que a finales de 2012 había alcanzado la cota más alta de la historia, un 26 por ciento de la población activa, y los índices de pobreza y exclusión social, que pasaron del 23 por ciento de la población a cerca del 28 por ciento, de lo que daba muestra el número de familias que fueron desalojadas de sus viviendas al no poder pagarlas.
En lo social, como no podía ser de otra manera, las restricciones y el “austericidio” provocaron estragos en los servicios esenciales que provee el Estado a los ciudadanos, poniendo en cuestionamiento la viabilidad del Estado de Bienestar.
La Educación, por ejemplo, sufrió recortes que mermaron su plantilla y aumentaron la ratio de alumnos por aula. También supusieron la reducción de la dotación para becas e investigación, el incremento del número de horas docentes del profesorado y la “racionalización” de las titulaciones, etc.
En Sanidad, aparte de la reducción y congelación de los salarios, los recortes significaron la disminución de la plantilla de sanitarios de todas las categorías, la imposibilidad de seguir activo más allá de los 65 años, el copago sanitario y farmacéutico (recetas, traslados de enfermos, medicamentos, etc.) y la retirada de la tarjeta sanitaria a inmigrantes en situación irregular.
En Dependencia, como se ha señalado, no se proveyeron recursos para mantener su aplicación y atender a los nuevos demandantes de ese derecho. Y las pensiones, en contra de lo insistido por el Gobierno, estuvieron técnicamente congeladas, cuyo raquítico incremento fue siempre inferior al coste de la vida, la inflación, durante todos los años del mandato de la derecha.
Además, el desajuste de la Seguridad Social fue tan desorbitado que prácticamente vació la “hucha” de las pensiones, el remanente acumulado durante la época socialista de Rodríguez Zapatero para garantizar su financiación.
En resumen, hay que señalar que las medidas implementadas para sanear la economía golpearon con especial dureza, dadas la austeridad y las restricciones que suponían, a los colectivos más vulnerables y desfavorecidos de la sociedad, al reducir o eliminar prestaciones sociales y servicios de los que dependían para su subsistencia.
Y es que esos estratos débiles, sin apenas ingresos, tuvieron que enfrentarse a la subida del impuesto del IVA, del 18 al 21 por ciento en el tramo general y del 8 al 10 por ciento el del tipo reducido; ver reducida su prestación por desempleo; ser castigados por la supresión de la deducción por vivienda en el IRPF; pagar por hacer uso de la Justicia (reforma de tasas judiciales); etc., y ser víctimas del resto de recortes descritos más arriba.
Sin apenas acceso a los servicios esenciales de un Estado de Bienestar mermado, aquellas reformas económicas, que despreciaron a los más vulnerables, hicieron que los pobres fueran más pobres todavía. Y los ricos, más ricos.
Las grandes cifras macroeconómicas, gracias a las recetas y políticas neoliberales implementadas para su exclusivo beneficio, es decir, para sanear sus cuentas y nacionalizar las pérdidas, junto a unas condiciones externas favorables (viento de cola) por el descenso del precio de los productos energéticos, un euro devaluado respecto al dólar y, sobre todo, las facilidades del Banco Central Europeo para abaratar el precio del dinero y dar liquidez al mercado financiero, posibilitaron la vuelta al crecimiento y la recuperación económica, fundamentalmente durante los últimos años de la segunda Legislatura de Rajoy, pero a costa de crear una crisis social sin precedentes, en la que la desigualdad y la precariedad ensancharon enormemente las brechas sociales.
Y no solo eso: en cuanto a derechos y libertades, la derecha con Rajoy volvió a sus fueros de regresión y autoritarismo. Bastan tres ejemplos para demostrarlo. En primer lugar, la reforma de la Ley del Aborto, que Rajoy encargó a su ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y no al de Sanidad, y que endurecía los requisitos y eliminaba, incluso, la malformación del feto como supuesto para llevar a cabo la intervención, con la pretensión de satisfacer a su electorado más conservador, a los colectivos antiabortistas y a la Iglesia, se saldó con la dimisión del ministro y la no aprobación del proyecto de reforma. La contestación social, incluida la del sector conservador moderado, hicieron recular a Rajoy y retirar –de momento– aquella reforma.
En segundo lugar, la nefasta “ley Wert”, como se llamaba a la LOMCE, la séptima Ley de Educación de la democracia, impulsada en solitario y sin consenso por el ministro que da nombre al texto legal, el que aplicó los mayores recortes de la historia en educación.
Aparte de reducir “gastos”, la ley suprimió la asignatura de Educación para la Ciudadanía por la de Religión, con peso curricular en la nota del alumno. Además, el Ministerio recentralizaba el diseño curricular, reduciendo el margen de las autonomías para configurar sus contenidos.
Y, por último, la “Ley Mordaza”, Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, que deja en manos de la Administración el ejercicio de derechos y libertades fundamentales, en aras de garantizar el orden público y la seguridad ciudadana, y que prohíbe, por ejemplo, tomar imágenes de la actuación y presuntos abusos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su cometido.
Una norma que faculta a la Policía a ser juez y parte en sus conflictos con los ciudadanos a la hora de valorar la “desobediencia o resistencia a la autoridad” o la “falta de respeto o consideración a las fuerzas del orden” público. Todavía sigue vigente.
En política exterior, el mandato de Rajoy no se distinguió por su quehacer diplomático, salvo las debidas relaciones habituales con Europa y su aparente cordialidad con la canciller alemán, Angela Merkel, de quien dependían, en buena medida, las condiciones impuestas por Bruselas a la economía española.
España seguía sin recuperar el peso perdido en Europa, como se demostró con el fracaso de la candidatura de Luis de Guindos para presidir el Eurogrupo. Con EE UU mantuvo buenas relaciones, consiguiendo un nuevo acuerdo sobre las bases militares de utilización conjunta, pero sin llegar a los niveles de servilismo pronorteamericano de la época de Aznar. Lo mismo puede decirse de las relaciones con Latinoamérica y los países árabes, donde la preocupación se centraba en la región del Sahel y la amenaza del terrorismo del Daesh o Estado islámico.
Sin embargo, era en política interna en lo que los gobiernos de derecha de Mariano Rajoy fueron claramente deficientes, y con respecto de la corrupción, deplorables. Pero eso será objeto de un nuevo capítulo.
DANIEL GUERRERO
