El cese del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid es uno de esos hechos políticos que te hacen sentir arcadas de la política española. Desconozco en profundidad la carrera de Pérez de los Cobos. Con el corazón en la mano, no conozco su ideología, su personalidad, ni su trayectoria, de la que diferentes medios destacan lo que les interesa. Unos, su intervención durante el 1 de octubre en Cataluña; otros, su lucha contra ETA. Y lo cierto es que me da igual.
La causa de su cese, así como la caída en desgracia de varios de sus subordinados, ha sido la entrega de un informe a la autoridad judicial, requerido por la misma en el marco de la investigación Operación Sanitario, que viene motivada por una acusación de supuestos delitos de prevaricación administrativa y de lesiones por imprudencia, al permitir las autoridades tanto las manifestaciones como las reuniones en lugares de tránsito público en los días previos al 15 de marzo.
Como es lógico, el foco político se encuentra en la manifestación por el Día de la Mujer, durante el pasado 8 de marzo. Recordemos que, en menos de 24 horas tras su celebración, comenzaron las primeras medidas restrictivas. Sin embargo, el informe tiene un alcance mucho más amplio, pues afecta a otras manifestaciones en la Comunidad de Madrid y otros eventos en el territorio nacional hasta el 14 de marzo, incluyendo ciertos partidos de fútbol internacionales.
La pertinencia judicial del informe solo puede ser confirmado por un juez y debatido en profundidad por juristas. De hecho, el reconocido catedrático Javier Pérez Royo ha sido muy crítico con los conceptos utilizados en el proceso, al considerar que para que haya prevaricación administrativa, primero tiene que haber acto administrativo. En cambio, las implicaciones políticas del documento son demoledoras, pues desmonta, por lo menos, tres argumentos del Gobierno.
El primero es que siempre se ha dejado guiar por la recomendación de los científicos y, en especial, de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El segundo, que no fue consciente de la amenaza hasta el 9 de marzo, fecha en que se producen las primeras medidas restrictivas serias. En tercer lugar, que se permitió la celebración de manifestaciones y reuniones en lugares de tránsito público, sabiendo que podían ser una amenaza para la salud pública.
Existen algunas imprecisiones o errores en el informe, en especial en lo referido a la interpretación de las recomendaciones de la OMS. De poco calado, en cualquier caso, por ser de fácil corrección. En cambio, queda demostrado en este documento aportado en el informe que la OMS recomendó el pasado 29 de enero “evitar las aglomeraciones y no permanecer con frecuencia en espacios cerrados y abarrotados”. Esto incluiría, no solo las manifestaciones, que se siguieron permitiendo, sino que también los eventos deportivos y los de cualquier naturaleza.
Sin embargo, como confirma la propia Delegación del Gobierno en Madrid, estos eventos se siguieron celebrando. Y aquí viene uno de los puntos más inquietantes del documento: varios de sus promotores declararon como testigos, ante la Guardia Civil, que desde la Delegación se pusieron en contacto con ellos por teléfono.
El objetivo de estas llamadas habría sido que desconvocaran los actos previstos por propia iniciativa, poniendo como excusa la amenaza del Covid-19. Estos hechos ya se estaban produciendo antes del 8-M, como reflejan los folios 68 y 69 del informe.
Por tanto, si esto es cierto, desde el pasado 5 de marzo hubo manifestaciones y reuniones en lugares de tránsito público que contaron con todas las bendiciones de la Delegación del Gobierno en Madrid, mientras que otras fueron desaconsejadas verbalmente a causa del Covid-19.
Tampoco se deja en buen lugar a Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Son varias la referencias a declaraciones y decisiones personales y/o profesionales que evidencian su conciencia de la amenaza. Hecho que no impidió al Gobierno mantener los diferentes eventos mencionados.
Otro hecho que deja en muy mal lugar al que ha sido el rostro de la acción del Gobierno contra el Covid-19 es que, en el momento de redactarse el informe, su centro no hubiera aportado la información requerida por la Guardia Civil. Y ello, a pesar de haberlo solicitado en repetidas ocasiones desde el pasado 8 de abril.
No caben aquí todas las pruebas que se dan en contra del Gobierno, si bien, lo expuesto evidencia la miga política del documento. Insistimos en que no estamos en posición de evaluar su carácter jurídico, pero sí el político. Y el hecho es que la destitución de Pérez de los Cobos ha sido un acto miserable, en el que se ha purgado a un cargo por cumplir con su trabajo.
Un acto miserable, y también mediocre, porque lo que ha hecho es evidenciar aún más las tendencias autoritarias de un Gobierno que se cree que vive en un House of Cards permanente. Si viviéramos en un país serio y, de paso, tuviéramos una oposición al Gobierno seria, ya le habría costado la cabeza del Kennedy español. Desde luego, si hubiera estado el Partido Popular en el Gobierno, ya estaría medio país en la calle. Y con razón.
No me cabe la menor duda de que la España de mañana será mucho más autoritaria y pobre, tanto desde una perspectiva económica como intelectual. Y lo peor es que el postureo político de muchas personas de a pie les impide reconocerlo.
Haereticus dixit.
La causa de su cese, así como la caída en desgracia de varios de sus subordinados, ha sido la entrega de un informe a la autoridad judicial, requerido por la misma en el marco de la investigación Operación Sanitario, que viene motivada por una acusación de supuestos delitos de prevaricación administrativa y de lesiones por imprudencia, al permitir las autoridades tanto las manifestaciones como las reuniones en lugares de tránsito público en los días previos al 15 de marzo.
Como es lógico, el foco político se encuentra en la manifestación por el Día de la Mujer, durante el pasado 8 de marzo. Recordemos que, en menos de 24 horas tras su celebración, comenzaron las primeras medidas restrictivas. Sin embargo, el informe tiene un alcance mucho más amplio, pues afecta a otras manifestaciones en la Comunidad de Madrid y otros eventos en el territorio nacional hasta el 14 de marzo, incluyendo ciertos partidos de fútbol internacionales.
La pertinencia judicial del informe solo puede ser confirmado por un juez y debatido en profundidad por juristas. De hecho, el reconocido catedrático Javier Pérez Royo ha sido muy crítico con los conceptos utilizados en el proceso, al considerar que para que haya prevaricación administrativa, primero tiene que haber acto administrativo. En cambio, las implicaciones políticas del documento son demoledoras, pues desmonta, por lo menos, tres argumentos del Gobierno.
El primero es que siempre se ha dejado guiar por la recomendación de los científicos y, en especial, de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El segundo, que no fue consciente de la amenaza hasta el 9 de marzo, fecha en que se producen las primeras medidas restrictivas serias. En tercer lugar, que se permitió la celebración de manifestaciones y reuniones en lugares de tránsito público, sabiendo que podían ser una amenaza para la salud pública.
Existen algunas imprecisiones o errores en el informe, en especial en lo referido a la interpretación de las recomendaciones de la OMS. De poco calado, en cualquier caso, por ser de fácil corrección. En cambio, queda demostrado en este documento aportado en el informe que la OMS recomendó el pasado 29 de enero “evitar las aglomeraciones y no permanecer con frecuencia en espacios cerrados y abarrotados”. Esto incluiría, no solo las manifestaciones, que se siguieron permitiendo, sino que también los eventos deportivos y los de cualquier naturaleza.
Sin embargo, como confirma la propia Delegación del Gobierno en Madrid, estos eventos se siguieron celebrando. Y aquí viene uno de los puntos más inquietantes del documento: varios de sus promotores declararon como testigos, ante la Guardia Civil, que desde la Delegación se pusieron en contacto con ellos por teléfono.
El objetivo de estas llamadas habría sido que desconvocaran los actos previstos por propia iniciativa, poniendo como excusa la amenaza del Covid-19. Estos hechos ya se estaban produciendo antes del 8-M, como reflejan los folios 68 y 69 del informe.
Por tanto, si esto es cierto, desde el pasado 5 de marzo hubo manifestaciones y reuniones en lugares de tránsito público que contaron con todas las bendiciones de la Delegación del Gobierno en Madrid, mientras que otras fueron desaconsejadas verbalmente a causa del Covid-19.
Tampoco se deja en buen lugar a Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Son varias la referencias a declaraciones y decisiones personales y/o profesionales que evidencian su conciencia de la amenaza. Hecho que no impidió al Gobierno mantener los diferentes eventos mencionados.
Otro hecho que deja en muy mal lugar al que ha sido el rostro de la acción del Gobierno contra el Covid-19 es que, en el momento de redactarse el informe, su centro no hubiera aportado la información requerida por la Guardia Civil. Y ello, a pesar de haberlo solicitado en repetidas ocasiones desde el pasado 8 de abril.
No caben aquí todas las pruebas que se dan en contra del Gobierno, si bien, lo expuesto evidencia la miga política del documento. Insistimos en que no estamos en posición de evaluar su carácter jurídico, pero sí el político. Y el hecho es que la destitución de Pérez de los Cobos ha sido un acto miserable, en el que se ha purgado a un cargo por cumplir con su trabajo.
Un acto miserable, y también mediocre, porque lo que ha hecho es evidenciar aún más las tendencias autoritarias de un Gobierno que se cree que vive en un House of Cards permanente. Si viviéramos en un país serio y, de paso, tuviéramos una oposición al Gobierno seria, ya le habría costado la cabeza del Kennedy español. Desde luego, si hubiera estado el Partido Popular en el Gobierno, ya estaría medio país en la calle. Y con razón.
No me cabe la menor duda de que la España de mañana será mucho más autoritaria y pobre, tanto desde una perspectiva económica como intelectual. Y lo peor es que el postureo político de muchas personas de a pie les impide reconocerlo.
Haereticus dixit.
RAFAEL SOTO
