Más por suerte que por voluntad soberana de los votantes, los españoles más vulnerables y débiles (entre los que incluyo a los trabajadores, las amas de casa, las personas dependientes y la mayoría de los jóvenes y los niños) pueden albergar motivos para una cierta esperanza en que el Gobierno de España intentará defender y proteger los intereses generales de la ciudadanía.
Por suerte, el país está dirigido por un Gobierno de izquierda, nada radical, que conjugará, si no traiciona sus promesas, el interés social con el económico, lo que significa que no doblegará el primero a las exigencias del segundo, como hace y ha hecho siempre la derecha para satisfacer intereses particulares muy poderosos.
Las clases más desfavorecidas, las primeras que son olvidadas y que tienen que cargar con todos los sacrificios, tienen motivos para una cierta confianza en que, en esta ocasión de emergencia sanitaria y crisis económica, no serán dejadas de la mano de Dios por un Gobierno que, a los pocos meses de su formación, ordenó una subida espectacular del Salario Mínimo Interprofesional, comenzó a compensar el salario de los empleados públicos (profundamente devaluados por la anterior crisis financiera) y ha derogado el despido de cualquier trabajador por causas médicas.
Un Gobierno que, enfrentado a la crisis sanitaria, ha facilitado los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor, que benefician tanto al trabajador (no agotan su derecho al paro) como a las empresas (no asumen la carga empresarial de la cotización), gracias a los cuales el trabajador no rompe su vinculación laboral con la empresa durante el actual parón de la actividad económica causado por la pandemia.
Todas ellas son medidas de fuerte impacto para las cuentas del país que el Ejecutivo adopta priorizando las necesidades sociales a las estrictamente económicas, como se espera de un Gobierno de izquierda, sin por ello renunciar al sistema capitalista ni a la economía de mercado, por mucho que la derecha lo acuse de actuar de manera radical y hasta revolucionaria.
Comparado con la actuación del anterior Gobierno conservador durante la pasada crisis financiera, que practicó recortes drásticos en el gasto social, redujo a su mínima expresión al Estado de Bienestar y solo ayudó con el rescate europeo al sector financiero (los bancos) con préstamos a fondo perdido, el actual Gobierno parece más preocupado por que las clases desfavorecidas no salgan perjudicadas por la emergencia sanitaria-económica.
Ello es motivo de cierta esperanza en que las cargas no golpeen otra vez a los débiles y desafortunados de la sociedad, haciéndolos más pobres aún. Sus medidas han sido oportunas, necesarias y sensibles socialmente, diametralmente opuestas a las que tomaría un Ejecutivo preocupado exclusivamente por el interés económico y mercantil.
Muchos de los que aplaudieron por las tardes a los que se enfrentaban “en primera línea” a la pandemia, exhibiendo así un agradecimiento público a la abnegada actitud profesional de los sanitarios y otros colectivos, más por entretenimiento que por verdadera empatía, fueron los mismos que apoyaron con su voto los recortes en la sanidad y en el resto de prestaciones sociales como si fueran gastos suntuarios.
La ideología que considera elefantiásico al Estado y pugna por “adelgazarlo” es la misma a la que se adscriben los que ahora se indignan de que el Gobierno no disponga de recursos materiales y humanos para afrontar la emergencia sanitaria con mayor diligencia y eficacia.
Los que ahora apoyan de manera cómoda y nada comprometida (con aplausos) a los funcionarios públicos por su entrega en condiciones de carestía son los que anteriormente defendieron la precariedad en sus condiciones y recursos.
Los que privatizaron hospitales se quejan de falta de camas de Cuidados Intensivos y los que externalizaron servicios, porque eran más rentables prestados por la iniciativa privada, se sorprenden de que las residencias de ancianos hayan sido focos de contagio que diezmaron miles de vidas de nuestros mayores, a los que no se les permitió acudir a los hospitales para no colapsar las escasas camas de UCI. Es la actitud cínica de los hipócritas que no son consecuentes con sus decisiones políticas.
Afortunadamente, por suerte más que por voluntad expresa, existen motivos para una cierta esperanza de que las cosas no sean tan insoportables para “los de siempre”, para los que dependen de los servicios públicos, y de que se protejan también las necesidades sociales tanto como las económicas.
Hasta la derecha política, que no social, reclama ahora la potenciación de la sanidad y las redes de auxilio público de la población (sumándose incluso a la aprobación del Ingreso Mínimo Vital), aunque sea por mera estrategia electoral y con la boca pequeña.
Hay actualmente la oportunidad, simplemente coyuntural, de rediseñar y fortalecer la sanidad, la educación, las residencias de la tercera edad y demás servicios y prestaciones públicos en función de las necesidades de la población y no de su rentabilidad o sostenibilidad para las arcas del Estado, dejando de lado ese “darwinismo” social al que aspira el proyecto del neoliberalismo político-económico.
Entre otros motivos, porque se ha demostrado que sólo el Estado social, dotado con poderosas herramientas de justicia y bienestar, es capaz de afrontar con éxito retos como los planteados por una emergencia sanitaria de la magnitud de la que hemos vivido, aunque todavía no la hayamos superado definitivamente.
Por eso queda una tímida esperanza de que, con un poco de suerte, conscientes de la necesidad de una imprescindible solidaridad social, se pueda invertir la tendencia que hace hegemónica la economía y subsidiaria a la sociedad.
Y que las deficiencias de este modelo social, a la hora de “socializar” los costes cuando afronta crisis que son recurrentes, como la emergencia sanitaria o la pasada recesión económica, no afecten con mayor dureza a los estamentos más indefensos de la sociedad.
Ya que, por fortuna, quienes hacen posible que un Gobierno así pueda emprender tamaña transformación son los ciudadanos que, en su mayor parte, van a verse beneficiados de tales políticas: trabajadores, mujeres en general, amas de casa, jubilados y pensionistas, personas dependientes, jóvenes y niños. Y también, naturalmente, sus representantes políticos donde reside la soberanía popular a la hora de pactar y llegar a acuerdos que posibiliten disponer de leyes presupuestarias al efecto y del tiempo y estabilidad requeridos para ejecutarlos.
Si se contempla el futuro desde la perspectiva que ha proporcionado la experiencia sufrida, la conclusión inevitable es la de fortalecer el modelo social del Estado de Bienestar. Y para lograrlo sólo existe un camino: el de apoyar a los partidos que lo defienden y no a los que intentan debilitarlo en nombre de la economía y el mercado. Es decir, contar con un poco de suerte y una cierta esperanza en no malograr tales expectativas.
Por suerte, el país está dirigido por un Gobierno de izquierda, nada radical, que conjugará, si no traiciona sus promesas, el interés social con el económico, lo que significa que no doblegará el primero a las exigencias del segundo, como hace y ha hecho siempre la derecha para satisfacer intereses particulares muy poderosos.
Las clases más desfavorecidas, las primeras que son olvidadas y que tienen que cargar con todos los sacrificios, tienen motivos para una cierta confianza en que, en esta ocasión de emergencia sanitaria y crisis económica, no serán dejadas de la mano de Dios por un Gobierno que, a los pocos meses de su formación, ordenó una subida espectacular del Salario Mínimo Interprofesional, comenzó a compensar el salario de los empleados públicos (profundamente devaluados por la anterior crisis financiera) y ha derogado el despido de cualquier trabajador por causas médicas.
Un Gobierno que, enfrentado a la crisis sanitaria, ha facilitado los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor, que benefician tanto al trabajador (no agotan su derecho al paro) como a las empresas (no asumen la carga empresarial de la cotización), gracias a los cuales el trabajador no rompe su vinculación laboral con la empresa durante el actual parón de la actividad económica causado por la pandemia.
Todas ellas son medidas de fuerte impacto para las cuentas del país que el Ejecutivo adopta priorizando las necesidades sociales a las estrictamente económicas, como se espera de un Gobierno de izquierda, sin por ello renunciar al sistema capitalista ni a la economía de mercado, por mucho que la derecha lo acuse de actuar de manera radical y hasta revolucionaria.
Comparado con la actuación del anterior Gobierno conservador durante la pasada crisis financiera, que practicó recortes drásticos en el gasto social, redujo a su mínima expresión al Estado de Bienestar y solo ayudó con el rescate europeo al sector financiero (los bancos) con préstamos a fondo perdido, el actual Gobierno parece más preocupado por que las clases desfavorecidas no salgan perjudicadas por la emergencia sanitaria-económica.
Ello es motivo de cierta esperanza en que las cargas no golpeen otra vez a los débiles y desafortunados de la sociedad, haciéndolos más pobres aún. Sus medidas han sido oportunas, necesarias y sensibles socialmente, diametralmente opuestas a las que tomaría un Ejecutivo preocupado exclusivamente por el interés económico y mercantil.
Muchos de los que aplaudieron por las tardes a los que se enfrentaban “en primera línea” a la pandemia, exhibiendo así un agradecimiento público a la abnegada actitud profesional de los sanitarios y otros colectivos, más por entretenimiento que por verdadera empatía, fueron los mismos que apoyaron con su voto los recortes en la sanidad y en el resto de prestaciones sociales como si fueran gastos suntuarios.
La ideología que considera elefantiásico al Estado y pugna por “adelgazarlo” es la misma a la que se adscriben los que ahora se indignan de que el Gobierno no disponga de recursos materiales y humanos para afrontar la emergencia sanitaria con mayor diligencia y eficacia.
Los que ahora apoyan de manera cómoda y nada comprometida (con aplausos) a los funcionarios públicos por su entrega en condiciones de carestía son los que anteriormente defendieron la precariedad en sus condiciones y recursos.
Los que privatizaron hospitales se quejan de falta de camas de Cuidados Intensivos y los que externalizaron servicios, porque eran más rentables prestados por la iniciativa privada, se sorprenden de que las residencias de ancianos hayan sido focos de contagio que diezmaron miles de vidas de nuestros mayores, a los que no se les permitió acudir a los hospitales para no colapsar las escasas camas de UCI. Es la actitud cínica de los hipócritas que no son consecuentes con sus decisiones políticas.
Afortunadamente, por suerte más que por voluntad expresa, existen motivos para una cierta esperanza de que las cosas no sean tan insoportables para “los de siempre”, para los que dependen de los servicios públicos, y de que se protejan también las necesidades sociales tanto como las económicas.
Hasta la derecha política, que no social, reclama ahora la potenciación de la sanidad y las redes de auxilio público de la población (sumándose incluso a la aprobación del Ingreso Mínimo Vital), aunque sea por mera estrategia electoral y con la boca pequeña.
Hay actualmente la oportunidad, simplemente coyuntural, de rediseñar y fortalecer la sanidad, la educación, las residencias de la tercera edad y demás servicios y prestaciones públicos en función de las necesidades de la población y no de su rentabilidad o sostenibilidad para las arcas del Estado, dejando de lado ese “darwinismo” social al que aspira el proyecto del neoliberalismo político-económico.
Entre otros motivos, porque se ha demostrado que sólo el Estado social, dotado con poderosas herramientas de justicia y bienestar, es capaz de afrontar con éxito retos como los planteados por una emergencia sanitaria de la magnitud de la que hemos vivido, aunque todavía no la hayamos superado definitivamente.
Por eso queda una tímida esperanza de que, con un poco de suerte, conscientes de la necesidad de una imprescindible solidaridad social, se pueda invertir la tendencia que hace hegemónica la economía y subsidiaria a la sociedad.
Y que las deficiencias de este modelo social, a la hora de “socializar” los costes cuando afronta crisis que son recurrentes, como la emergencia sanitaria o la pasada recesión económica, no afecten con mayor dureza a los estamentos más indefensos de la sociedad.
Ya que, por fortuna, quienes hacen posible que un Gobierno así pueda emprender tamaña transformación son los ciudadanos que, en su mayor parte, van a verse beneficiados de tales políticas: trabajadores, mujeres en general, amas de casa, jubilados y pensionistas, personas dependientes, jóvenes y niños. Y también, naturalmente, sus representantes políticos donde reside la soberanía popular a la hora de pactar y llegar a acuerdos que posibiliten disponer de leyes presupuestarias al efecto y del tiempo y estabilidad requeridos para ejecutarlos.
Si se contempla el futuro desde la perspectiva que ha proporcionado la experiencia sufrida, la conclusión inevitable es la de fortalecer el modelo social del Estado de Bienestar. Y para lograrlo sólo existe un camino: el de apoyar a los partidos que lo defienden y no a los que intentan debilitarlo en nombre de la economía y el mercado. Es decir, contar con un poco de suerte y una cierta esperanza en no malograr tales expectativas.
DANIEL GUERRERO
