Hoy quiero abordar un tema muy delicado del que se ha escrito mucho pero que hay que seguir denunciando ante la opinión pública. Me refiero a la gestión vergonzosa que algunos responsables políticos autonómicos han hecho en las residencias de ancianos durante la pandemia del covid-19.
Los geriátricos se han convertido en una trampa mortal para sus residentes, que murieron en ellos sin que al menos los trasladasen a los hospitales, en una muerte sin remedio, sin sentido. Les fue dictada la sentencia para que el político de turno presumiera de que sus hospitales contaban con mayor calidad y mejor organización. ¡Ni en el mejor de los casos tiene esto justificación alguna!
Según los datos del Ministerio de Sanidad y las consejerías de las distintas Comunidades Autónomas, el número de ancianos fallecidos en las residencias por covid-19 asciende a 19.629 personas. La mayoría de estas muertes se produjeron en Madrid y Cataluña.
La Unidad Militar de Emergencia (UME) fue la encargada de desinfectar y dar apoyo a las residencias de ancianos. Cuando entraron en ellas, las escenas que se encontraron fueron dantescas: desde ancianos abandonados en unas condiciones de salubridad nefastas hasta cadáveres conviviendo con residentes. Tanto es así que hay una investigación judicial en curso.
¡Pobres abuelos, hartos de luchar tantos años con la vida! Después de vivir en el país del miedo, fueron capaces de construirnos un país libre. Por eso no podemos consentir lo que ha pasado. Quiero recordar a través de estas pocas líneas a aquellos que murieron solos y, posiblemente, bajo un gran sufrimiento, sin recibir los más mínimos cuidados paliativos.
A las dos principales capitales españolas, Madrid y Barcelona, les desbordó la situación, en gran parte, debido a que cuentan con el mayor número de residencias privadas y, también, debido a los recortes efectuados en sanidad. Los hospitales públicos no daban abasto y faltaban material, camas y personal. Los sanitarios se contagiaban porque no tenían las suficientes medidas de seguridad y la muerte también se cebó con ellos.
Este abandono de responsabilidades tiene diferentes vertientes de análisis. En cuanto a la vertiente ética y humana, yo me pregunto: ¿cuántos políticos han tenido que abandonar a sus padres para que murieran solos en medio de una agonía atroz? Por suerte, muchos de estos señores se escapaban del triaje que, por cierto, no hacían los médicos sino unos funcionarios de la Comunidad. El abuelo que pagaba un seguro privado contaba con un salvoconducto para una cama en un hospital. El director o directora del centro llamaba a su seguro privado y, rápidamente, una ambulancia venía a por él.
La Consejería de Sanidad de Madrid elaboró un protocolo con la intención de que sus hospitales no se colapsaran. Este protocolo consistía en realizar una criba para la hospitalización de los enfermos. Así, a las personas mayores que padecieran enfermedades terminales o eran dependientes se les excluía de la atención pública hospitalaria –cabe mencionar que una persona que necesitara silla de ruedas era considerada dependiente–.
Sin embargo, a aquellos enfermos que contaban con un seguro privado se les derivaba a cualquiera de las clínicas y hospitales privados ubicados en la Comunidad. De esta forma, no se saturaban los hospitales y, por lo tanto, el político se libraba de una mala imagen que no podía permitirse bajo ningún concepto.
Cuando algún anciano enfermaba, los trabajadores de las residencias tenían que llamar a un geriatra del hospital público para que valorase por teléfono el traslado según los síntomas o dependiendo de lo saturadas que estuviesen las Urgencias. En cambio, si tenía un seguro privado, solo tenían que llamar a la ambulancia que lo recogía y lo hospitalizaba.
La Comunidad de Madrid es, de todas las Autonomías, la que acumula más diligencias judiciales e, incluso, hay una querella elevada al Supremo para investigar a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso. También han presentado una querella en contra del Gobierno por posible delito de homicidio imprudente a causa de la mala gestión que, según las familias, han hecho de la pandemia. Esta querella ha sido presentada en el Tribunal Supremo por un grupo de abogados de toda España en nombre de 3.000 familiares de personas fallecidas a causa del coronavirus.
Los más indefensos y los más débiles son los que han pagado el error de esos malos políticos que anteponen a su deber con la sociedad el enriquecimiento propio y malvenden lo público, que es de todos: también de esos miles de abuelos que se han ido sin despedirse y en la más atroz de las agonías. No hay perdón para tanto dolor.
Los geriátricos se han convertido en una trampa mortal para sus residentes, que murieron en ellos sin que al menos los trasladasen a los hospitales, en una muerte sin remedio, sin sentido. Les fue dictada la sentencia para que el político de turno presumiera de que sus hospitales contaban con mayor calidad y mejor organización. ¡Ni en el mejor de los casos tiene esto justificación alguna!
Según los datos del Ministerio de Sanidad y las consejerías de las distintas Comunidades Autónomas, el número de ancianos fallecidos en las residencias por covid-19 asciende a 19.629 personas. La mayoría de estas muertes se produjeron en Madrid y Cataluña.
La Unidad Militar de Emergencia (UME) fue la encargada de desinfectar y dar apoyo a las residencias de ancianos. Cuando entraron en ellas, las escenas que se encontraron fueron dantescas: desde ancianos abandonados en unas condiciones de salubridad nefastas hasta cadáveres conviviendo con residentes. Tanto es así que hay una investigación judicial en curso.
¡Pobres abuelos, hartos de luchar tantos años con la vida! Después de vivir en el país del miedo, fueron capaces de construirnos un país libre. Por eso no podemos consentir lo que ha pasado. Quiero recordar a través de estas pocas líneas a aquellos que murieron solos y, posiblemente, bajo un gran sufrimiento, sin recibir los más mínimos cuidados paliativos.
A las dos principales capitales españolas, Madrid y Barcelona, les desbordó la situación, en gran parte, debido a que cuentan con el mayor número de residencias privadas y, también, debido a los recortes efectuados en sanidad. Los hospitales públicos no daban abasto y faltaban material, camas y personal. Los sanitarios se contagiaban porque no tenían las suficientes medidas de seguridad y la muerte también se cebó con ellos.
Este abandono de responsabilidades tiene diferentes vertientes de análisis. En cuanto a la vertiente ética y humana, yo me pregunto: ¿cuántos políticos han tenido que abandonar a sus padres para que murieran solos en medio de una agonía atroz? Por suerte, muchos de estos señores se escapaban del triaje que, por cierto, no hacían los médicos sino unos funcionarios de la Comunidad. El abuelo que pagaba un seguro privado contaba con un salvoconducto para una cama en un hospital. El director o directora del centro llamaba a su seguro privado y, rápidamente, una ambulancia venía a por él.
La Consejería de Sanidad de Madrid elaboró un protocolo con la intención de que sus hospitales no se colapsaran. Este protocolo consistía en realizar una criba para la hospitalización de los enfermos. Así, a las personas mayores que padecieran enfermedades terminales o eran dependientes se les excluía de la atención pública hospitalaria –cabe mencionar que una persona que necesitara silla de ruedas era considerada dependiente–.
Sin embargo, a aquellos enfermos que contaban con un seguro privado se les derivaba a cualquiera de las clínicas y hospitales privados ubicados en la Comunidad. De esta forma, no se saturaban los hospitales y, por lo tanto, el político se libraba de una mala imagen que no podía permitirse bajo ningún concepto.
Cuando algún anciano enfermaba, los trabajadores de las residencias tenían que llamar a un geriatra del hospital público para que valorase por teléfono el traslado según los síntomas o dependiendo de lo saturadas que estuviesen las Urgencias. En cambio, si tenía un seguro privado, solo tenían que llamar a la ambulancia que lo recogía y lo hospitalizaba.
La Comunidad de Madrid es, de todas las Autonomías, la que acumula más diligencias judiciales e, incluso, hay una querella elevada al Supremo para investigar a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso. También han presentado una querella en contra del Gobierno por posible delito de homicidio imprudente a causa de la mala gestión que, según las familias, han hecho de la pandemia. Esta querella ha sido presentada en el Tribunal Supremo por un grupo de abogados de toda España en nombre de 3.000 familiares de personas fallecidas a causa del coronavirus.
Los más indefensos y los más débiles son los que han pagado el error de esos malos políticos que anteponen a su deber con la sociedad el enriquecimiento propio y malvenden lo público, que es de todos: también de esos miles de abuelos que se han ido sin despedirse y en la más atroz de las agonías. No hay perdón para tanto dolor.
REMEDIOS FARIÑAS
