La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha presentado un informe al Consejo de Gobierno andaluz en el que se exponen las acciones emprendidas para compensar la pérdida de recursos que ha generado a
Andalucía la fórmula, vía real decreto, articulada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para activar medidas extraordinarias en el sector del vino para hacer frente a la crisis provocada por el covid-19.
La Dirección General de Ayudas Directas y Mercados de la Consejería, encargada de la gestión de estas partidas, ha llegado a la conclusión de que el sistema utilizado en esta convocatoria por parte del Gobierno de España ha sido diseñado en beneficio de otras comunidades autónomas, pues se trata de una convocatoria a cuya financiación Andalucía aporta 1,8 millones de euros de máxima relevancia".
Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Galicia, Madrid y Andalucía son las comunidades que menos ayudas perciben. Estas medidas fueron aprobadas por el Parlamento europeo para hacer frente a la perturbación del mercado causada por la pandemia del covid-19 y se contemplan subvenciones para el almacenamiento privado, la cosecha en verde y la destilación de crisis.
"La Junta no pudo conocer el texto legislativo definitivo hasta el momento de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, circunstancia que ya puso de manifiesto la probabilidad de que el mismo no respondiese a las necesidades puestas de manifiesto desde Andalucía" apuntan desde la Consejería.
El Real Decreto se publicó el 10 de junio y disponía que el plazo para la presentación de solicitudes permanecería abierto desde el día siguiente de la publicación y al 23 de junio de 2020, con lo que la Consejería de Agricultura se vio obligada a convocar las ayudas y a aprobar modelos y procedimientos en muy poco tiempo.
"Ello imposibilitó hacer una buena planificación de información al sector que, sin duda, ha tenido repercusión en el grado de aceptación, dada la complejidad del mecanismo elegido que requiere la presentación de garantías que han de ser constituidas formalmente", señala la Junta.
Exclusión de los vinos generosos
La exclusión de los vinos generosos andaluces del almacenamiento privado obligó a formular una reclamación al Ministerio y la publicación de la rectificación hizo que estos productores contaran únicamente con cinco días para preparar documentación y presentar ofertas.
La petición desde Andalucía para que la destilación pudiera destinarse para consumo humano no fue atendida, lo que anuló cualquier oferta. Así, las solicitudes admitidas por la Consejería para almacenamiento y cosecha en verde fijaban un importe de 814.666 euros, pero una vez aplicados porcentajes reductores por el Ministerio, al superarse el número total de ofertas estimadas, la cifra se redujo a 380.000 euros.
Por ello, la Junta de Andalucía entiende que hubiese sido más razonable que solo en el caso de que las ofertas recibidas superasen el importe que aporta cada comunidad autónoma se aplicasen penalizaciones en su ámbito territorial, teniendo en cuenta siempre que cualquier excedente de presupuesto iría destinado a otros territorios.
La Dirección General de Ayudas Directas y Mercados de la Consejería, encargada de la gestión de estas partidas, ha llegado a la conclusión de que el sistema utilizado en esta convocatoria por parte del Gobierno de España ha sido diseñado en beneficio de otras comunidades autónomas, pues se trata de una convocatoria a cuya financiación Andalucía aporta 1,8 millones de euros de máxima relevancia".
Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Galicia, Madrid y Andalucía son las comunidades que menos ayudas perciben. Estas medidas fueron aprobadas por el Parlamento europeo para hacer frente a la perturbación del mercado causada por la pandemia del covid-19 y se contemplan subvenciones para el almacenamiento privado, la cosecha en verde y la destilación de crisis.
"La Junta no pudo conocer el texto legislativo definitivo hasta el momento de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, circunstancia que ya puso de manifiesto la probabilidad de que el mismo no respondiese a las necesidades puestas de manifiesto desde Andalucía" apuntan desde la Consejería.
El Real Decreto se publicó el 10 de junio y disponía que el plazo para la presentación de solicitudes permanecería abierto desde el día siguiente de la publicación y al 23 de junio de 2020, con lo que la Consejería de Agricultura se vio obligada a convocar las ayudas y a aprobar modelos y procedimientos en muy poco tiempo.
"Ello imposibilitó hacer una buena planificación de información al sector que, sin duda, ha tenido repercusión en el grado de aceptación, dada la complejidad del mecanismo elegido que requiere la presentación de garantías que han de ser constituidas formalmente", señala la Junta.
Exclusión de los vinos generosos
La exclusión de los vinos generosos andaluces del almacenamiento privado obligó a formular una reclamación al Ministerio y la publicación de la rectificación hizo que estos productores contaran únicamente con cinco días para preparar documentación y presentar ofertas.
La petición desde Andalucía para que la destilación pudiera destinarse para consumo humano no fue atendida, lo que anuló cualquier oferta. Así, las solicitudes admitidas por la Consejería para almacenamiento y cosecha en verde fijaban un importe de 814.666 euros, pero una vez aplicados porcentajes reductores por el Ministerio, al superarse el número total de ofertas estimadas, la cifra se redujo a 380.000 euros.
Por ello, la Junta de Andalucía entiende que hubiese sido más razonable que solo en el caso de que las ofertas recibidas superasen el importe que aporta cada comunidad autónoma se aplicasen penalizaciones en su ámbito territorial, teniendo en cuenta siempre que cualquier excedente de presupuesto iría destinado a otros territorios.
Ayudas desde la Consejería
Frente a esta situación y en apoyo del sector, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha optado por incluir al sector vitivinícola entre los beneficiarios de la nueva Medida 21 a incluir en el Plan de Desarrollo Rural (PDR) de la comunidad autónoma. Se trata de una ayuda temporal y excepcional destinada a paliar las pérdidas sufridas por los integrantes del canal Horeca a causa de la crisis del covid-19.
Además, ha convocado recientemente ayudas dirigidas a los consejos reguladores para la mejora de la gestión y del control de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas de Andalucía, financiadas por la comunidad autónoma y con un presupuesto de 2,6 millones de euros, a las que, entre otros, pueden concurrir los consejos reguladores del sector vitivinícola, con un importe máximo de ayuda de 200.000 euros a cada uno de ellos.
Frente a esta situación y en apoyo del sector, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha optado por incluir al sector vitivinícola entre los beneficiarios de la nueva Medida 21 a incluir en el Plan de Desarrollo Rural (PDR) de la comunidad autónoma. Se trata de una ayuda temporal y excepcional destinada a paliar las pérdidas sufridas por los integrantes del canal Horeca a causa de la crisis del covid-19.
Además, ha convocado recientemente ayudas dirigidas a los consejos reguladores para la mejora de la gestión y del control de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas de Andalucía, financiadas por la comunidad autónoma y con un presupuesto de 2,6 millones de euros, a las que, entre otros, pueden concurrir los consejos reguladores del sector vitivinícola, con un importe máximo de ayuda de 200.000 euros a cada uno de ellos.
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR
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