Con el objetivo de acabar con el fraude alimentario dentro del sector del vino, la directora General de la Guardia Civil, María Gámez, y el presidente de la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV), David Palacios, han firmado esta semana un protocolo general de actuación para impulsar la prevención y la lucha contra estas prácticas delictivas, en defensa de las denominaciones de origen y de los viticultores, bodegas y consumidores.
También se establece un canal de comunicación directo con el objeto de facilitar el flujo de información para alertar sobre irregularidades o prácticas fraudulentas de las que pudieran derivar actuaciones por parte de la Guardia Civil; fomentar el diálogo con otras administraciones (principalmente las autonómicas) y representantes del sector afectado.
Por otro lado, ambas instituciones colaborarán en la realización de programas de formación con el objeto de, por una parte, aumentar la eficacia en las actuaciones de la Guardia Civil a través de un mejor conocimiento del sector y, por otra, dar a conocer a CECRV los procedimientos de actuación de dicho Cuerpo en el ámbito del control de la calidad alimentaria, calidad alimentaria diferenciada y producción ecológica.
En concreto, la Guardia Civil tiene asignadas las misiones genéricas de “protección del libre ejercicio de los derechos y libertades, garantizar la seguridad ciudadana”, y la “averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente”, y dentro de estas competencias se encuentran la lucha contra las conductas relacionadas con la falsificación, adulteración, venta, etiquetado, comercio o distribución ilegal de productos alimenticios.
Por otro lado, los objetivos de CECRV son representar, gestionar, defender y promocionar los intereses comunes de las denominaciones de origen vitivinícolas; defender y velar por el prestigio de los vinos españoles con denominación de origen, así como contribuir a proteger los derechos de propiedad intelectual ligados a dichas figuras de calidad y promover la lucha contra el fraude en los vinos con calidad diferenciada.
De esta forma, ambas partes comparten el objetivo de la protección de los derechos de los productores (viticultores), elaboradores (bodegas) y consumidores, garantizando el principio general de veracidad y justificación de la información, que figure en el etiquetado de los productos agrarios y alimentarios.
También se establece un canal de comunicación directo con el objeto de facilitar el flujo de información para alertar sobre irregularidades o prácticas fraudulentas de las que pudieran derivar actuaciones por parte de la Guardia Civil; fomentar el diálogo con otras administraciones (principalmente las autonómicas) y representantes del sector afectado.
Por otro lado, ambas instituciones colaborarán en la realización de programas de formación con el objeto de, por una parte, aumentar la eficacia en las actuaciones de la Guardia Civil a través de un mejor conocimiento del sector y, por otra, dar a conocer a CECRV los procedimientos de actuación de dicho Cuerpo en el ámbito del control de la calidad alimentaria, calidad alimentaria diferenciada y producción ecológica.
En concreto, la Guardia Civil tiene asignadas las misiones genéricas de “protección del libre ejercicio de los derechos y libertades, garantizar la seguridad ciudadana”, y la “averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente”, y dentro de estas competencias se encuentran la lucha contra las conductas relacionadas con la falsificación, adulteración, venta, etiquetado, comercio o distribución ilegal de productos alimenticios.
Por otro lado, los objetivos de CECRV son representar, gestionar, defender y promocionar los intereses comunes de las denominaciones de origen vitivinícolas; defender y velar por el prestigio de los vinos españoles con denominación de origen, así como contribuir a proteger los derechos de propiedad intelectual ligados a dichas figuras de calidad y promover la lucha contra el fraude en los vinos con calidad diferenciada.
De esta forma, ambas partes comparten el objetivo de la protección de los derechos de los productores (viticultores), elaboradores (bodegas) y consumidores, garantizando el principio general de veracidad y justificación de la información, que figure en el etiquetado de los productos agrarios y alimentarios.
Actuaciones en 2019
Durante el año 2019, la Guardia Civil lideró junto a EUROPOL la Operación OPSON IX, una actuación de alta intensidad desarrollada contra el fraude agroalimentario y con acciones específicas destinadas a la lucha contra la comercialización ilegal del vino.
Asimismo, en la Operación Isolu fueron detenidas e investigadas 17 personas como supuestos autores de varios delitos contra los consumidores del mercado, organización criminal, falsedad contable y documental, blanqueo de capitales y estafa por introducir con engaño en el mercado vitivinícola español de primeras materias o productos semielaborados un total de 40,74 toneladas de isoglucosa haciéndola pasar por mosto concentrado o rectificado de uva y 39.755.335 litros absolutos de alcohol haciéndolos pasar por aguardiente de vino.
En la actuación Chardonnay , la Guardia Civil investigó a una persona e inmovilizó 21.825 botellas de un establecimiento de hostelería en el que se ofrecían a los comensales botellas de vino de las variedades Chardonnay y Tempranillo con indicación de procedencia de dos municipios incluidos en la D.O.P. Somontano sin estar la empresa comercializadora integrada en dicha DOP, ni estar inscrita en el Registro Sanitario Industrial.
La Operación Baco2019 se saldó con10 personas detenidas e investigadas por irregularidades detectadas en la venta de botellas de vino de denominación de Origen Bierzo; mientras que en la actuación Fictor la Guardia Civil detuvo a una persona por irregularidades en el etiquetado de botellas comercializadas por una bodega acogida a DOP Rueda.
I. TÉLLEZ / REDACCIÓN
