El Ayuntamiento de Montilla, de manera conjunta con los consistorios de Montemayor, Moriles y Nueva Carteya, así como la Fundación Social Universal (FSU), ha firmado un convenio de colaboración para la puesta en marcha de un proyecto de desarrollo que contribuirá a fortalecer las capacidades para la gestión territorial y mejorar las condiciones de manejo de los recursos naturales de ocho comunidades indígenas de cinco municipios andinos del Valle Sur de Cusco.
Este proyecto tendrá una duración de 12 meses y un presupuesto total de 26.210 euros, aportando cada ayuntamiento hasta 5.000 euros. La población beneficiaria directa del proyecto está formada por 2.775 personas (1.390 mujeres y 1.385 hombres) de ocho comunidades indígenas de cinco municipios del Valle Sur de Cusco.
Asimismo, se trabajará con el funcionariado público de las Sub Gerencias de Medio Ambiente y Desarrollo Social y el Área de Defensa Civil de las cinco municipalidades de la Mancomunidad Municipal Valle Sur Cusco, que en su mayoría son profesionales y técnicos jóvenes con poca experiencia en recursos naturales y mecanismos para promover la participación ciudadana.
La actual situación de pandemia no solo ha revelado la fragilidad del sistema de salud sino también las débiles capacidades y condiciones para la gestión del territorio y la promoción de entornos saludables que, en principio, dificultarían la propagación de enfermedades como el Covid-19. Todo lo avanzado en la mejora de la calidad ambiental corre el riesgo de retroceder, siendo la gestión territorial de los recursos naturales más importante que nunca para el ejercicio del derecho a vivir en un ambiente saludable.
La gestión del territorio se encuentra en un segundo plano en la agenda política pese a existir políticas públicas para su promoción. El gobierno regional y los gobiernos locales tienen las competencias para la gestión del territorio, sin embargo, se hace poco para asegurar que la población acceda a entornos saludables.
El funcionariado encargado de las áreas implicadas no cuenta con la experiencia necesaria, ocasionando que las zonas periféricas de la ciudad, pertenecientes en muchos casos a comunidades indígenas, se ocupen al margen de la planificación sobre zonas de peligro y zonas agrícolas sin contar con saneamiento básico mínimo, de manera que “primero se ocupa el territorio y luego se planifica”.
A esta situación se suman las escasas prácticas de conservación de suelos, la generación de nuevos puntos de contaminación, en muchos casos de manos de población foránea, y el incremento de las quemas de pastos naturales y zonas forestadas, entre otros, vienen alterando el equilibrio ambiental de las comunidades.
Frente a los problemas estructurales en las políticas de gestión ambiental, este proyecto persigue como primer resultado el fortalecimiento de las capacidades para la gestión territorial de ocho comunidades indígenas en proceso de ser reconocidas como comunidades saludables. Para este fin, se desarrollará un trabajo de sensibilización y formación del funcionariado, así como de líderes para mejorar las estrategias en la gestión del territorio, manejo de los recursos naturales e incidencia en los gobiernos locales.
El segundo componente se orienta a mejorar las condiciones en el manejo de los recursos naturales en estas comunidades, desarrollándose técnicas de conservación de suelos, además de un trabajo de formación en prevención de quemas e incendios de pastos naturales y buenas prácticas en el manejo de los residuos sólidos.
El tercer componente se centra en mejorar la participación propositiva de mujeres y hombres en la gestión territorial a través de un trabajo de sensibilización y capacitación en estrategias para la adopción de estilos de vida saludable, prácticas de educación ambiental e identificación de zonas de riesgo y contaminación que vulneran la seguridad de las familias; de igual manera se realizará el fortalecimiento y acompañamiento a las mujeres en la labor de dirigencia en la organización comunal, así como para la participación en los espacios de toma de decisiones.
Además, el proyecto se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, abordando problemas en torno a la defensa del derecho de toda persona a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida y el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como mejorar el acceso y participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones.
Este proyecto tendrá una duración de 12 meses y un presupuesto total de 26.210 euros, aportando cada ayuntamiento hasta 5.000 euros. La población beneficiaria directa del proyecto está formada por 2.775 personas (1.390 mujeres y 1.385 hombres) de ocho comunidades indígenas de cinco municipios del Valle Sur de Cusco.
Asimismo, se trabajará con el funcionariado público de las Sub Gerencias de Medio Ambiente y Desarrollo Social y el Área de Defensa Civil de las cinco municipalidades de la Mancomunidad Municipal Valle Sur Cusco, que en su mayoría son profesionales y técnicos jóvenes con poca experiencia en recursos naturales y mecanismos para promover la participación ciudadana.
La actual situación de pandemia no solo ha revelado la fragilidad del sistema de salud sino también las débiles capacidades y condiciones para la gestión del territorio y la promoción de entornos saludables que, en principio, dificultarían la propagación de enfermedades como el Covid-19. Todo lo avanzado en la mejora de la calidad ambiental corre el riesgo de retroceder, siendo la gestión territorial de los recursos naturales más importante que nunca para el ejercicio del derecho a vivir en un ambiente saludable.
La gestión del territorio se encuentra en un segundo plano en la agenda política pese a existir políticas públicas para su promoción. El gobierno regional y los gobiernos locales tienen las competencias para la gestión del territorio, sin embargo, se hace poco para asegurar que la población acceda a entornos saludables.
El funcionariado encargado de las áreas implicadas no cuenta con la experiencia necesaria, ocasionando que las zonas periféricas de la ciudad, pertenecientes en muchos casos a comunidades indígenas, se ocupen al margen de la planificación sobre zonas de peligro y zonas agrícolas sin contar con saneamiento básico mínimo, de manera que “primero se ocupa el territorio y luego se planifica”.
A esta situación se suman las escasas prácticas de conservación de suelos, la generación de nuevos puntos de contaminación, en muchos casos de manos de población foránea, y el incremento de las quemas de pastos naturales y zonas forestadas, entre otros, vienen alterando el equilibrio ambiental de las comunidades.
Frente a los problemas estructurales en las políticas de gestión ambiental, este proyecto persigue como primer resultado el fortalecimiento de las capacidades para la gestión territorial de ocho comunidades indígenas en proceso de ser reconocidas como comunidades saludables. Para este fin, se desarrollará un trabajo de sensibilización y formación del funcionariado, así como de líderes para mejorar las estrategias en la gestión del territorio, manejo de los recursos naturales e incidencia en los gobiernos locales.
El segundo componente se orienta a mejorar las condiciones en el manejo de los recursos naturales en estas comunidades, desarrollándose técnicas de conservación de suelos, además de un trabajo de formación en prevención de quemas e incendios de pastos naturales y buenas prácticas en el manejo de los residuos sólidos.
El tercer componente se centra en mejorar la participación propositiva de mujeres y hombres en la gestión territorial a través de un trabajo de sensibilización y capacitación en estrategias para la adopción de estilos de vida saludable, prácticas de educación ambiental e identificación de zonas de riesgo y contaminación que vulneran la seguridad de las familias; de igual manera se realizará el fortalecimiento y acompañamiento a las mujeres en la labor de dirigencia en la organización comunal, así como para la participación en los espacios de toma de decisiones.
Además, el proyecto se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, abordando problemas en torno a la defensa del derecho de toda persona a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida y el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como mejorar el acceso y participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones.
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: FUNDACIÓN SOCIAL UNIVERSAL
FOTOGRAFÍA: FUNDACIÓN SOCIAL UNIVERSAL
