La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Rafaela Valenzuela, presidió ayer una reunión en el Ayuntamiento de Santaella con los alcaldes de las localidades de Fernán Núñez, Montemayor, La Rambla, Montalbán de Córdoba, San Sebastián de los Ballesteros, Santaella, La Guijarrosa y La Victoria, tras conocerse la autorización por parte de la Secretaría de Estado de Seguridad del acuerdo de colaboración entre estos municipios para prestar de forma asociada el servicio de Policía Local.
Se trata de un proyecto pionero en España que encuentra su base en la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, donde se establece que cuando dos o más municipios limítrofes, pertenecientes a una misma comunidad autónoma, no dispongan separadamente de recursos suficientes para la prestación de los servicios de policía local, podrán asociarse para la ejecución de las funciones asignadas por la ley a dichas policías.
El proyecto, que comenzó a gestionarse hace algo cerca de dos años a iniciativa del Consistorio de Santaella a través de su entonces concejal Manuel Pedrosa, persigue dar una respuesta "conjunta y satisfactoria" a las necesidades que el servicio de policía local presenta en los diferentes municipios implicados, donde el personal es inexistente o insuficiente para ofrecer atención en tres turnos –lo que supone dar servicio a los ciudadanos todos los días del año y a cualquier hora– o más allá de patrullas unipersonales.
Para ello, el proyecto recoge la unión de los 32 agentes que actualmente prestan sus servicios en estos municipios con el objetivo de poder dar cobertura, de forma conjunta, a una población de casi 31.000 habitantes, ofreciendo un servicio con patrullas de dos agentes, tres turnos al día, y con una capacidad de respuesta ante cualquier incidencia de un máximo de diez minutos.
Precisamente, la localización de los municipios es uno de los puntos fuertes del proyecto pues todos ellos se encuentran bien comunicados y unidos entre sí por la carretera autonómica A-386 y la carretera nacional N-331 principalmente, además de una serie de vías complementarias como son las carreteras provinciales CV-207, CV-212, CO-3300, CO-3301; la carretera autonómica A-3133 y la autovía nacional A-45.
Además, según recoge el estudio realizado por los consistorios implicados, la puesta en marcha de este servicio comarcal, teniendo en cuenta tanto los agentes actualmente en activo como aquellas plazas que ya han sido formalmente convocadas, supondría un ahorro cercano a los 700.000 euros con respecto al coste actual que tienen las diferentes policías locales.
De esta forma, los requisitos necesarios para establecer un acuerdo de este tipo son: ser municipios limítrofes –que en el caso de estas localidades de la Campiña Sur, aun no siendo limítrofes entre sí, si conforman un conjunto geográfico sin discontinuidad entre ellos–; no disponer separadamente de recursos suficientes para la prestación de servicios de policía local, y que la suma de las poblaciones de los municipios asociados no supere la cifra de 40.000, resultando entre los municipios que suscriben este acuerdo un total de 34.631 habitantes.
Se trata de un proyecto pionero en España que encuentra su base en la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, donde se establece que cuando dos o más municipios limítrofes, pertenecientes a una misma comunidad autónoma, no dispongan separadamente de recursos suficientes para la prestación de los servicios de policía local, podrán asociarse para la ejecución de las funciones asignadas por la ley a dichas policías.
El proyecto, que comenzó a gestionarse hace algo cerca de dos años a iniciativa del Consistorio de Santaella a través de su entonces concejal Manuel Pedrosa, persigue dar una respuesta "conjunta y satisfactoria" a las necesidades que el servicio de policía local presenta en los diferentes municipios implicados, donde el personal es inexistente o insuficiente para ofrecer atención en tres turnos –lo que supone dar servicio a los ciudadanos todos los días del año y a cualquier hora– o más allá de patrullas unipersonales.
Para ello, el proyecto recoge la unión de los 32 agentes que actualmente prestan sus servicios en estos municipios con el objetivo de poder dar cobertura, de forma conjunta, a una población de casi 31.000 habitantes, ofreciendo un servicio con patrullas de dos agentes, tres turnos al día, y con una capacidad de respuesta ante cualquier incidencia de un máximo de diez minutos.
Precisamente, la localización de los municipios es uno de los puntos fuertes del proyecto pues todos ellos se encuentran bien comunicados y unidos entre sí por la carretera autonómica A-386 y la carretera nacional N-331 principalmente, además de una serie de vías complementarias como son las carreteras provinciales CV-207, CV-212, CO-3300, CO-3301; la carretera autonómica A-3133 y la autovía nacional A-45.
Además, según recoge el estudio realizado por los consistorios implicados, la puesta en marcha de este servicio comarcal, teniendo en cuenta tanto los agentes actualmente en activo como aquellas plazas que ya han sido formalmente convocadas, supondría un ahorro cercano a los 700.000 euros con respecto al coste actual que tienen las diferentes policías locales.
De esta forma, los requisitos necesarios para establecer un acuerdo de este tipo son: ser municipios limítrofes –que en el caso de estas localidades de la Campiña Sur, aun no siendo limítrofes entre sí, si conforman un conjunto geográfico sin discontinuidad entre ellos–; no disponer separadamente de recursos suficientes para la prestación de servicios de policía local, y que la suma de las poblaciones de los municipios asociados no supere la cifra de 40.000, resultando entre los municipios que suscriben este acuerdo un total de 34.631 habitantes.
I. TÉLLEZ / REDACCIÓN
