Las organizaciones que representan a las denominaciones de origen de vino a nivel europeo (EFOW) y a nivel nacional (CECRV) consideran que la propuesta de reforma del sistema de indicaciones geográficas (IIGG) que presentó el pasado 31 de marzo la Comisión Europea, conseguiría lo contrario de lo que pretende, es decir, "debilitar a las figuras de calidad, en lugar de reforzarlas, complicar su gestión, en vez de simplificarla, y socavar el vínculo de las IIGG con el desarrollo rural, en lugar de fortalecerlo".
Desde la European Federation of Origin Wines (EFOW) y la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV) –a la que pertenece Montilla-Moriles– señalan que la propuesta legislativa sobre el sistema de indicaciones geográficas presentada por la Comisión Europea carece "de visión, de claridad y de ambición".
"Podría poner en peligro la fortaleza del sector, debilitando las figuras de calidad, que en las últimas décadas se han convertido en verdaderos motores de la calidad y del prestigio del vino y del resto de productos agroalimentarios de nuestro país y de la Unión", apuntan desde EFOW y CERCV.
Por ello, estas organizaciones añaden que no se puede plantear una reforma para reforzar el sistema de IIGG "sin tener en cuenta las necesidades que las propias indicaciones geográficas vienen trasladándole a la Comisión desde que a principios de 2021 comenzó a gestarse esta propuesta".
En esta línea, apuntan que la propuesta de la Comisión no solo no simplifica la gestión de las indicaciones geográficas, sino que la complica, pretendiendo externalizar parte de las tareas y responsabilidades en materia de gestión de IIGG a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, lo que "supondría un reduccionismo del concepto de indicación geográfica, ya que centraría buena parte de su política en el ámbito de los derechos de propiedad intelectual".
"Una indicación geográfica no es una expresión de intereses privados que sólo protege un nombre o un signo. Las indicaciones geográficas son derechos colectivos que desempeñan funciones públicas sobre los productos agroalimentarios", defienden ambas organizaciones, a la vez que recuerdan que, hasta el momento, el marco jurídico actual ha abordado las figuras de calidad como instrumento de política pública, herramienta de desarrollo local y parte fundamental de las políticas agrícola y comercial de la UE.
Asimismo, indican, aunque la propuesta pretenda simplificar el sistema de indicaciones geográficas, en realidad lo que hace es complicar su gestión porque "multiplica el número de interlocutores institucionales para las IIGG". Además, consideran "preocupante" que la Comisión Europea no proporcione más detalles sobre el funcionamiento del nuevo sistema de indicaciones geográficas en su propuesta, atribuyéndose en la misma, por el contrario, múltiples poderes delegados, que permitirían a la Comisión decidir sobre ellos con un amplio margen, vía legislación secundaria.
Por último, tanto EFOW como CECRV califican la propuesta legislativa de "poco ambiciosa", porque precisamente en aquellos aspectos en los que las denominaciones de origen de vino sí han solicitado a la Comisión avances y mejoras colectivas (la sostenibilidad, las capacidades y atribuciones de las agrupaciones de productores reconocidas -órganos de gestión de las IIGG-, la protección online), la reforma no va más allá de los compromisos que sobre ello ya recoge la nueva PAC y la legislación UE en vigor.
"Una reforma en los términos de la planteada no es en modo alguno necesaria ni demandada por las figuras de calidad, que sí están satisfechas con las actuales disposiciones que sobre las indicaciones geográficas introdujo en diciembre del año pasado la nueva PAC y que ya permiten a las DDOO reforzar su sostenibilidad y una mejor protección normativa", aseguran.
Por ello, EFOW y sus miembros, caso de CECRV por parte española, trabajarán intensamente con el Parlamento Europeo y con los Estados miembro en los próximos meses, durante el proceso de tramitación legislativa de este proyecto, para lograr una política sólida de IIGG.
Desde la European Federation of Origin Wines (EFOW) y la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV) –a la que pertenece Montilla-Moriles– señalan que la propuesta legislativa sobre el sistema de indicaciones geográficas presentada por la Comisión Europea carece "de visión, de claridad y de ambición".
"Podría poner en peligro la fortaleza del sector, debilitando las figuras de calidad, que en las últimas décadas se han convertido en verdaderos motores de la calidad y del prestigio del vino y del resto de productos agroalimentarios de nuestro país y de la Unión", apuntan desde EFOW y CERCV.
Por ello, estas organizaciones añaden que no se puede plantear una reforma para reforzar el sistema de IIGG "sin tener en cuenta las necesidades que las propias indicaciones geográficas vienen trasladándole a la Comisión desde que a principios de 2021 comenzó a gestarse esta propuesta".
En esta línea, apuntan que la propuesta de la Comisión no solo no simplifica la gestión de las indicaciones geográficas, sino que la complica, pretendiendo externalizar parte de las tareas y responsabilidades en materia de gestión de IIGG a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, lo que "supondría un reduccionismo del concepto de indicación geográfica, ya que centraría buena parte de su política en el ámbito de los derechos de propiedad intelectual".
"Una indicación geográfica no es una expresión de intereses privados que sólo protege un nombre o un signo. Las indicaciones geográficas son derechos colectivos que desempeñan funciones públicas sobre los productos agroalimentarios", defienden ambas organizaciones, a la vez que recuerdan que, hasta el momento, el marco jurídico actual ha abordado las figuras de calidad como instrumento de política pública, herramienta de desarrollo local y parte fundamental de las políticas agrícola y comercial de la UE.
Asimismo, indican, aunque la propuesta pretenda simplificar el sistema de indicaciones geográficas, en realidad lo que hace es complicar su gestión porque "multiplica el número de interlocutores institucionales para las IIGG". Además, consideran "preocupante" que la Comisión Europea no proporcione más detalles sobre el funcionamiento del nuevo sistema de indicaciones geográficas en su propuesta, atribuyéndose en la misma, por el contrario, múltiples poderes delegados, que permitirían a la Comisión decidir sobre ellos con un amplio margen, vía legislación secundaria.
Por último, tanto EFOW como CECRV califican la propuesta legislativa de "poco ambiciosa", porque precisamente en aquellos aspectos en los que las denominaciones de origen de vino sí han solicitado a la Comisión avances y mejoras colectivas (la sostenibilidad, las capacidades y atribuciones de las agrupaciones de productores reconocidas -órganos de gestión de las IIGG-, la protección online), la reforma no va más allá de los compromisos que sobre ello ya recoge la nueva PAC y la legislación UE en vigor.
"Una reforma en los términos de la planteada no es en modo alguno necesaria ni demandada por las figuras de calidad, que sí están satisfechas con las actuales disposiciones que sobre las indicaciones geográficas introdujo en diciembre del año pasado la nueva PAC y que ya permiten a las DDOO reforzar su sostenibilidad y una mejor protección normativa", aseguran.
Por ello, EFOW y sus miembros, caso de CECRV por parte española, trabajarán intensamente con el Parlamento Europeo y con los Estados miembro en los próximos meses, durante el proceso de tramitación legislativa de este proyecto, para lograr una política sólida de IIGG.
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA. JOSÉ ANTONIO AGUILAR
