La Diputación de Córdoba, a través del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS), suscribió ayer con los regidores de los municipios menores de 20.000 habitantes las adendas a los convenios de colaboración de Ayuda a Domicilio para la gestión del servicio provincial para 2023.
En total, la aportación económica que destina la institución provincial asciende a 60 millones de euros, un 13,64 por ciento más que el ejercicio anterior, de la que se beneficiarán unos 9.000 usuarios, lo que supondrá una carga superior a las 4,1 millones de horas de trabajo.
Así lo explicó el presidente de la institución provincial, Antonio Ruiz, que estuvo acompañado por el presidente del IPBS, Francisco Ángel Sánchez, quien subrayó que “la ayuda a domicilio se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de nuestros municipios aportando no solo una atención a nuestros mayores y dependientes, sino, además, una importantísima fuente de empleo, ya que se generan más de 3.000 empleos directos en la provincia incidiendo, además, sobre colectivos que deben ser prioritarios, dadas las tasas de desempleo en ellos, como son las mujeres y los jóvenes”.
Además, Ruiz aseguró que “los ayuntamientos están prestando servicio, actualmente, al 53 por ciento del total de dependientes de Andalucía y hemos visto como, en los últimos tres años, con la incorporación del grado 1 y de la pandemia, se ha incrementado en un 63 por ciento el número de usuarios al que le prestamos servicio”.
“Estamos viendo como el número de usuarios se esta prácticamente duplicando en muchos municipios, aunque bien es verdad que este incremento no es proporcional al incremento de las horas de servicio, pues este incremento viene derivado principalmente de la incorporación de una importante cantidad de usuarios con solo diez horas mensuales de servicio, lo que en la mayoría de las veces es insuficiente, y por eso debemos volver a pedir que desde la Junta de Andalucía se haga un esfuerzo para incrementar las horas a esos usuarios y poder prestar un servicio más operativo”, relató Ruiz.
El máximo representante provincial destacó que “es necesario que desde todas las administraciones actoras en esta materia contraer un compromiso por conseguir una financiación adecuada y suficiente para poder atender los compromisos económicos que asumimos como órganos de contratación con las entidades prestadoras del servicio y en las que los 14,60 euros recibidos resultan del todo insuficientes”.
En este sentido, Antonio Ruiz recordó que “las políticas sociales cobran una gran importancia a la hora de mantener cohesionada y vertebrada la sociedad por lo que, desde el gobierno de la Diputación, venimos defendiéndolas y apostando por fortalecerlas de ahí que las partidas recogidas en los presupuestos para el año 2023, vuelven a crecer respecto a años anteriores, suponiendo ya el incremento un 130 por ciento con respecto a lo que se destinaba hace 8 años, y convirtiéndose en la principal política en cuanto a gasto se refiere de esta institución”.
Por su parte, el presidente del Instituto Provincial de Bienestar Social quiso destacar “la importancia del servicio, no solo por el volumen de personas atendidas sino también, por el efecto transformador en la cohesión social y económica que ha desarrollado en los municipios cordobeses”.
“El impacto de esta economía de los cuidados ha permitido transformar la realidad económica y demográfica de nuestros pueblos permitiendo la generación de un fuerte pilar de empleo –en muchos casos la mayor empresa por número de empleados del municipio– y el asentamiento de la población joven al territorio. Lo que permite cambiar la realidad social de nuestros pueblos, haciéndolos más cohesionados e igualitarios, a la vez que comprometidos con las cuestiones de género”, apostilló Sánchez.
Del mismo modo, el presidente del IPBS señaló que “en los últimos tres años el Servicio de Ayuda a Domicilio se ha incrementado un 50 por ciento en los municipios de la provincia, donde asistimos a una carrera de la Junta de Andalucía cuyo objetivo es la reducción de la lista de espera de dependientes, con la aplicación del Servicio de Ayuda a Domicilio como único recurso, una cuantía horaria de apenas 10 horas mensuales, absolutamente insuficiente para atender las necesidades de las familias, devaluándose la esencia y eficacia del propio servicio por insuficiente”.
Sánchez finalizó vislumbrando la necesidad de reivindicar a la Junta de Andalucía un “nuevo modelo de atención centrado en la persona dando un salto para pasar de gestionar expedientes administrativos a gestionar casos y necesidades de las personas y donde la persona sea el centro de nuestra intervención”.
En total, la aportación económica que destina la institución provincial asciende a 60 millones de euros, un 13,64 por ciento más que el ejercicio anterior, de la que se beneficiarán unos 9.000 usuarios, lo que supondrá una carga superior a las 4,1 millones de horas de trabajo.
Así lo explicó el presidente de la institución provincial, Antonio Ruiz, que estuvo acompañado por el presidente del IPBS, Francisco Ángel Sánchez, quien subrayó que “la ayuda a domicilio se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de nuestros municipios aportando no solo una atención a nuestros mayores y dependientes, sino, además, una importantísima fuente de empleo, ya que se generan más de 3.000 empleos directos en la provincia incidiendo, además, sobre colectivos que deben ser prioritarios, dadas las tasas de desempleo en ellos, como son las mujeres y los jóvenes”.
Además, Ruiz aseguró que “los ayuntamientos están prestando servicio, actualmente, al 53 por ciento del total de dependientes de Andalucía y hemos visto como, en los últimos tres años, con la incorporación del grado 1 y de la pandemia, se ha incrementado en un 63 por ciento el número de usuarios al que le prestamos servicio”.
“Estamos viendo como el número de usuarios se esta prácticamente duplicando en muchos municipios, aunque bien es verdad que este incremento no es proporcional al incremento de las horas de servicio, pues este incremento viene derivado principalmente de la incorporación de una importante cantidad de usuarios con solo diez horas mensuales de servicio, lo que en la mayoría de las veces es insuficiente, y por eso debemos volver a pedir que desde la Junta de Andalucía se haga un esfuerzo para incrementar las horas a esos usuarios y poder prestar un servicio más operativo”, relató Ruiz.
El máximo representante provincial destacó que “es necesario que desde todas las administraciones actoras en esta materia contraer un compromiso por conseguir una financiación adecuada y suficiente para poder atender los compromisos económicos que asumimos como órganos de contratación con las entidades prestadoras del servicio y en las que los 14,60 euros recibidos resultan del todo insuficientes”.
En este sentido, Antonio Ruiz recordó que “las políticas sociales cobran una gran importancia a la hora de mantener cohesionada y vertebrada la sociedad por lo que, desde el gobierno de la Diputación, venimos defendiéndolas y apostando por fortalecerlas de ahí que las partidas recogidas en los presupuestos para el año 2023, vuelven a crecer respecto a años anteriores, suponiendo ya el incremento un 130 por ciento con respecto a lo que se destinaba hace 8 años, y convirtiéndose en la principal política en cuanto a gasto se refiere de esta institución”.
Por su parte, el presidente del Instituto Provincial de Bienestar Social quiso destacar “la importancia del servicio, no solo por el volumen de personas atendidas sino también, por el efecto transformador en la cohesión social y económica que ha desarrollado en los municipios cordobeses”.
“El impacto de esta economía de los cuidados ha permitido transformar la realidad económica y demográfica de nuestros pueblos permitiendo la generación de un fuerte pilar de empleo –en muchos casos la mayor empresa por número de empleados del municipio– y el asentamiento de la población joven al territorio. Lo que permite cambiar la realidad social de nuestros pueblos, haciéndolos más cohesionados e igualitarios, a la vez que comprometidos con las cuestiones de género”, apostilló Sánchez.
Del mismo modo, el presidente del IPBS señaló que “en los últimos tres años el Servicio de Ayuda a Domicilio se ha incrementado un 50 por ciento en los municipios de la provincia, donde asistimos a una carrera de la Junta de Andalucía cuyo objetivo es la reducción de la lista de espera de dependientes, con la aplicación del Servicio de Ayuda a Domicilio como único recurso, una cuantía horaria de apenas 10 horas mensuales, absolutamente insuficiente para atender las necesidades de las familias, devaluándose la esencia y eficacia del propio servicio por insuficiente”.
Sánchez finalizó vislumbrando la necesidad de reivindicar a la Junta de Andalucía un “nuevo modelo de atención centrado en la persona dando un salto para pasar de gestionar expedientes administrativos a gestionar casos y necesidades de las personas y donde la persona sea el centro de nuestra intervención”.
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
