La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha abonado el anticipo de la Política Agraria Común (PAC), que asciende al 70 por ciento del total, pese a que se había solicitado la posibilidad de que este año se elevara este adelanto al 90 por ciento para ayudar a los productores agrarios de la comunidad autónoma en estos momentos de sequía y altos costes de producción.
En concreto, en el que es el primer año del marco de la nueva PAC establecida por Europa, más de 200.000 agricultores y ganaderos andaluces han percibido más de 700 millones de euros. Andalucía apuesta, de este modo y un año más, por poner en manos de los productores agrarios estos importantes fondos europeos para inyectar liquidez al campo.
Atendiendo a los diferentes tipos de ayudas, destaca especialmente la ayuda básica a la renta sostenible que, junto a la ayuda complementaria redistributiva y la ayuda complementaria para los jóvenes agricultores y agricultoras suman en torno a 450 millones de euros. Una vez más, las provincias de Jaén, Sevilla y Córdoba, sumamente olivareras, concentran la mayor parte de las ayudas de la Política Agraria Común, seguidas por las provincias de Granada, Cádiz, Málaga, Huelva y Almería.
Con la aplicación, por vez primera, del nuevo régimen de ayudas directas para el período 2023-2027 de la PAC hay importantes novedades, como la asignación de nuevas ayudas, por ejemplo, los ecorregímenes, el pago redistributivo y, por supuesto, la ayuda asociada al olivar. Se ha tratado, por lo tanto, de un año más complicado para los agricultores, ganaderos y las entidades colaboradoras a la hora de familiarizarse con la tramitación de estas ayudas.
Pese a las dificultades, cabe destacar que el sector agrario andaluz ha demostrado, una vez más su profesionalidad y capacidad de adaptación y ha sido líder en la aplicación de los nuevos requisitos, que suponen más exigencias desde el punto de vista agrario y, muy especialmente, medioambiental.
Así, por ejemplo, Andalucía destaca por ser la primera comunidad autónoma española en proporción de superficie que se ha acogido a las cubiertas en cultivos leñosos, evitando así la degradación del suelo y contribuyendo a la mejora de la calidad del agua y de la biodiversidad.
El esfuerzo de agricultores y ganaderos, no obstante, se va a ver penalizado por esta reforma de la Política Agraria Común con motivo del diseño que se ha establecido de las nuevas ayudas, establecido por parte del Gobierno de España con su Plan Estratégico de la PAC (Pepac).
En concreto, según el análisis que ha realizado la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, los agricultores y ganaderos andaluces van a perder con la nueva PAC del orden de 134 millones de euros anuales, lo que supone una reducción de más del 10 por ciento en relación al año 2020. Esta pérdida, además, se concentra en las tierras de cultivo, con disminuciones estimadas en torno al 26% en secano y de aproximadamente el 32 por ciento en regadío.
Por provincias, las más damnificadas con la nueva Política Agraria Común serán Sevilla, con un 23% menos de percepción, así como Jaén, con un 12 por ciento de pérdidas. Estos datos, así como el informe que realizó la Universidad de Córdoba, que propuso cambios para que Andalucía no perdiera fondos, muestran la necesidad de una modificación del Pepac por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. De lo que se trata es de que la PAC pueda seguir siendo un incentivo para el campo.
En concreto, en el que es el primer año del marco de la nueva PAC establecida por Europa, más de 200.000 agricultores y ganaderos andaluces han percibido más de 700 millones de euros. Andalucía apuesta, de este modo y un año más, por poner en manos de los productores agrarios estos importantes fondos europeos para inyectar liquidez al campo.
Atendiendo a los diferentes tipos de ayudas, destaca especialmente la ayuda básica a la renta sostenible que, junto a la ayuda complementaria redistributiva y la ayuda complementaria para los jóvenes agricultores y agricultoras suman en torno a 450 millones de euros. Una vez más, las provincias de Jaén, Sevilla y Córdoba, sumamente olivareras, concentran la mayor parte de las ayudas de la Política Agraria Común, seguidas por las provincias de Granada, Cádiz, Málaga, Huelva y Almería.
Con la aplicación, por vez primera, del nuevo régimen de ayudas directas para el período 2023-2027 de la PAC hay importantes novedades, como la asignación de nuevas ayudas, por ejemplo, los ecorregímenes, el pago redistributivo y, por supuesto, la ayuda asociada al olivar. Se ha tratado, por lo tanto, de un año más complicado para los agricultores, ganaderos y las entidades colaboradoras a la hora de familiarizarse con la tramitación de estas ayudas.
Pese a las dificultades, cabe destacar que el sector agrario andaluz ha demostrado, una vez más su profesionalidad y capacidad de adaptación y ha sido líder en la aplicación de los nuevos requisitos, que suponen más exigencias desde el punto de vista agrario y, muy especialmente, medioambiental.
Así, por ejemplo, Andalucía destaca por ser la primera comunidad autónoma española en proporción de superficie que se ha acogido a las cubiertas en cultivos leñosos, evitando así la degradación del suelo y contribuyendo a la mejora de la calidad del agua y de la biodiversidad.
El esfuerzo de agricultores y ganaderos, no obstante, se va a ver penalizado por esta reforma de la Política Agraria Común con motivo del diseño que se ha establecido de las nuevas ayudas, establecido por parte del Gobierno de España con su Plan Estratégico de la PAC (Pepac).
En concreto, según el análisis que ha realizado la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, los agricultores y ganaderos andaluces van a perder con la nueva PAC del orden de 134 millones de euros anuales, lo que supone una reducción de más del 10 por ciento en relación al año 2020. Esta pérdida, además, se concentra en las tierras de cultivo, con disminuciones estimadas en torno al 26% en secano y de aproximadamente el 32 por ciento en regadío.
Por provincias, las más damnificadas con la nueva Política Agraria Común serán Sevilla, con un 23% menos de percepción, así como Jaén, con un 12 por ciento de pérdidas. Estos datos, así como el informe que realizó la Universidad de Córdoba, que propuso cambios para que Andalucía no perdiera fondos, muestran la necesidad de una modificación del Pepac por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. De lo que se trata es de que la PAC pueda seguir siendo un incentivo para el campo.
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR
