Cuando se planta en no, se aviene luego a volver a negociar. Y cuando parece que está a punto de llegar a un acuerdo, dice que no lo firma. No es sí y sí es no. Tal es la táctica que sigue el Partido Popular (PP) a la hora de negociar con el Gobierno la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), caducado desde diciembre de 2018, para impedir la elección de los nuevos vocales, por mayoría cualificada de tres quintos de ambas Cámaras, como exige la Constitución y regula una Ley Orgánica. Una táctica obstruccionista de manual, la del no es sí y sí es no, que figurará en el Libro del Filibusterismo Político en España.
¿El motivo? ¿La defensa de la independencia de los jueces para decidir su propio órgano de gobierno? ¡Quiá! Asegurarse la mayoría de vocales que desde 2013, cuando el PP consiguió mayoría absoluta, hace predominante el voto conservador en el tercer poder del Estado, a pesar de que, desde diciembre de 2018, la composición del tribunal debería ser progresista, en función del resultado de aquellas elecciones, como marca la Constitución.
En la actualidad, tras las bajas por jubilación, una dimisión y un fallecimiento, el CGPJ está constituido por 16 miembros de los veinte que debería tener: diez de tendencia conservadora, incluido el presidente suplente, y seis progresistas. Y ese equilibrio de fuerzas favorable a la derecha es lo que no está dispuesto el PP a perder. Como sea.
La importancia del CGPJ radica en que es el órgano de gobierno del Poder Judicial, según establece el artículo 122.2 de la Constitución, que se encarga, entre otros asuntos, de ”los nombramientos, ascensos y traslados de los jueces, la inspección del funcionamiento de los Juzgados y Tribunales y de la exigencia de responsabilidad disciplinaria a los miembros de la carrera judicial”.
Está compuesto por veinte vocales, los cuales eligen a un presidente que ostenta, a su vez, la presidencia del Tribunal Supremo. El mandato es por un período de cinco años. Todos los vocales, seleccionados de candidaturas de las asociaciones judiciales, son propuestos por una mayoría de tres quintos de las Cámaras y nombrados por el rey.
Repasar la historia de las zancadillas del PP a la negociación es sumamente ilustrativo del proceder obstruccionista de un partido que, en teoría, se declara democrático, dice defender la Constitución y aspira gobernar respetando el Estado Social y democrático de Derecho en el que se cimenta el sistema político español vigente. Pero incumpliendo sus normas, como se deduce de su proceder, al menos, en este asunto de la renovación del CGPJ.
La cosa comenzó antes de que finalizara el mandato del CGPJ, en diciembre de 2018. En aquella fecha se rompió el acuerdo entre el PP de Pablo Casado y el Gobierno de Pedro Sánchez a causa de la filtración de un whatsapp de Ignacio Cosidó, portavoz entonces del PP en el Senado, en el que se jactaba del control “desde detrás” que ejercería su partido desde el Tribunal Supremo, cuyo presidente ya habían acordado que fuera Manuel Marchena, y que ostentaría el mismo cargo en el CGPJ. “Y además controlando la Sala Segunda (del Tribunal Supremo) desde detrás y presidiendo la Sala 61”, escribía el senador en su mensaje sobre la elección del magistrado. Marchena dimitió al hacerse pública la jugada.
Posteriormente, en 2020, Pablo Casado alegaría no poder alcanzar ningún acuerdo “con quienes piden la abdicación del rey, la independencia de Cataluña y el blanqueamiento de los batasunos”, con la intención de impedir que Podemos, partido coaligado con el PSOE en el Gobierno, participara en las negociaciones. Preferían, como reconocería Teodoro García Egea, que “todo siga como está a que entren miembros de Podemos” en el CGPJ.
Con el tiempo, las excusas fueron otras. Tras las elecciones de Madrid y los indultos concedidos por el Gobierno a líderes independentistas catalanes, el PP comenzó a pedir, como condición previa, que se modifique el sistema de elección de los jueces para “despolitizar la Justicia”.
Era la zancadilla número 14, tras varias anteriores, que ponía Casado para impedir la renovación del órgano de los jueces con el pretexto de que fueran “los jueces quienes elijan a los jueces” y no las Cortes Generales. Es decir, que los 12 vocales judiciales, de los veinte que componen el CGPJ, sean elegidos únicamente por la carrera judicial, sin que intervenga el Parlamento, como recoge la Constitución y regula la Ley Orgánica del Poder Judicial. Una propuesta contraria a la reforma acometida por el propio PP y un PSOE en la oposición.
¿Y por qué se eligen así? Porque, al encomendar la Constitución el nombramiento de las vocalías del CGPJ a las Cortes, estas vocalías se eligen por un sistema de extracción entre 36 candidatos propuestos por las distintas asociaciones judiciales o jueces no asociados con avales.
De este modo, la representación de la soberanía popular puede escoger entre distintas sensibilidades que responden a las representadas en las Cortes en cada mandato. Ello asegura una conformación plural del CGPJ que se corresponde con una sociedad y una judicatura también plural. Se trata de un sistema democrático para elegir un órgano de gobierno del único poder del Estado que no está refrendado democráticamente en las urnas.
Precisamente por eso, por tener que corresponder con las mayorías representadas en las Cortes, es por lo que el PP pretende ahora modificar la forma de elección de los miembros del CGPJ. Las fuerzas conservadoras son minoría en el Parlamento.
Pero es algo que no hicieron cuando Rajoy gobernaba y a lo que el PSOE no se había opuesto. Sin embargo, desde que es mayoritaria la izquierda en el Congreso ha usado esta excusa, desde Casado hasta Feijóo, para continuar bloqueando la renovación de dicho órgano.
Incluso ha llegado a condicionar la renovación a la de otros órganos, en un acuerdo global, que incluyera también al Tribunal Constitucional. Pero alcanzado un pacto, en el último momento también Feijóo se echó para atrás. Sí pero no. Esta vez la excusa fue la reforma del delito de sedición, a pesar de que Cuca Gamarra, portavoz del PP en el Congreso, desvinculara una cosa de la otra.
Y así, zancadilla tras zancadilla, se han sucedido las excusas hasta hoy, cuando el PP exigió para entablar la enésima negociación la mediación del comisario de justicia de la Unión Europea, el conservador Didier Reynders, quien propuso que se abordara la modificación de la norma para la elección del CGPJ una vez este se haya renovado. Para chasco del PP, la Comisión Europea recomendó que se renueve primero el CGPJ con la normativa actual y después se proceda a reformar la norma.
En vista de lo anterior, hubo que buscarse una nueva excusa para obstaculizar las negociaciones que mantenían el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el europarlamentario popular Esteban González Pons. Y la encontraron en la Ley de Amnistía, iniciativa en trámite que ya conocían cuando pidieron la mediación europea.
Con esta última suman, pues, más de veinte excusas para seguir incumpliendo la Constitución y continuar bloqueando la urgente renovación de un Consejo General del Poder Judicial, cuyos miembros llevan más de un lustro en funciones con el mandato caducado.
Lo grave es que, seguramente, el PP continuará con esta táctica a la espera de unas próximas elecciones en las que aspira acceder al Gobierno para elegir la mayoría de las vocalías que corresponda a su representación en las Cortes Generales.
Y no depondrá su actitud bloqueadora a pesar del descrédito que está causando a la institución y el daño que ocasiona a la imagen de la justicia española en los ámbitos nacional y europeo. Así se comporta un partido que se declara constitrucionalista.
¿El motivo? ¿La defensa de la independencia de los jueces para decidir su propio órgano de gobierno? ¡Quiá! Asegurarse la mayoría de vocales que desde 2013, cuando el PP consiguió mayoría absoluta, hace predominante el voto conservador en el tercer poder del Estado, a pesar de que, desde diciembre de 2018, la composición del tribunal debería ser progresista, en función del resultado de aquellas elecciones, como marca la Constitución.
En la actualidad, tras las bajas por jubilación, una dimisión y un fallecimiento, el CGPJ está constituido por 16 miembros de los veinte que debería tener: diez de tendencia conservadora, incluido el presidente suplente, y seis progresistas. Y ese equilibrio de fuerzas favorable a la derecha es lo que no está dispuesto el PP a perder. Como sea.
La importancia del CGPJ radica en que es el órgano de gobierno del Poder Judicial, según establece el artículo 122.2 de la Constitución, que se encarga, entre otros asuntos, de ”los nombramientos, ascensos y traslados de los jueces, la inspección del funcionamiento de los Juzgados y Tribunales y de la exigencia de responsabilidad disciplinaria a los miembros de la carrera judicial”.
Está compuesto por veinte vocales, los cuales eligen a un presidente que ostenta, a su vez, la presidencia del Tribunal Supremo. El mandato es por un período de cinco años. Todos los vocales, seleccionados de candidaturas de las asociaciones judiciales, son propuestos por una mayoría de tres quintos de las Cámaras y nombrados por el rey.
Repasar la historia de las zancadillas del PP a la negociación es sumamente ilustrativo del proceder obstruccionista de un partido que, en teoría, se declara democrático, dice defender la Constitución y aspira gobernar respetando el Estado Social y democrático de Derecho en el que se cimenta el sistema político español vigente. Pero incumpliendo sus normas, como se deduce de su proceder, al menos, en este asunto de la renovación del CGPJ.
La cosa comenzó antes de que finalizara el mandato del CGPJ, en diciembre de 2018. En aquella fecha se rompió el acuerdo entre el PP de Pablo Casado y el Gobierno de Pedro Sánchez a causa de la filtración de un whatsapp de Ignacio Cosidó, portavoz entonces del PP en el Senado, en el que se jactaba del control “desde detrás” que ejercería su partido desde el Tribunal Supremo, cuyo presidente ya habían acordado que fuera Manuel Marchena, y que ostentaría el mismo cargo en el CGPJ. “Y además controlando la Sala Segunda (del Tribunal Supremo) desde detrás y presidiendo la Sala 61”, escribía el senador en su mensaje sobre la elección del magistrado. Marchena dimitió al hacerse pública la jugada.
Posteriormente, en 2020, Pablo Casado alegaría no poder alcanzar ningún acuerdo “con quienes piden la abdicación del rey, la independencia de Cataluña y el blanqueamiento de los batasunos”, con la intención de impedir que Podemos, partido coaligado con el PSOE en el Gobierno, participara en las negociaciones. Preferían, como reconocería Teodoro García Egea, que “todo siga como está a que entren miembros de Podemos” en el CGPJ.
Con el tiempo, las excusas fueron otras. Tras las elecciones de Madrid y los indultos concedidos por el Gobierno a líderes independentistas catalanes, el PP comenzó a pedir, como condición previa, que se modifique el sistema de elección de los jueces para “despolitizar la Justicia”.
Era la zancadilla número 14, tras varias anteriores, que ponía Casado para impedir la renovación del órgano de los jueces con el pretexto de que fueran “los jueces quienes elijan a los jueces” y no las Cortes Generales. Es decir, que los 12 vocales judiciales, de los veinte que componen el CGPJ, sean elegidos únicamente por la carrera judicial, sin que intervenga el Parlamento, como recoge la Constitución y regula la Ley Orgánica del Poder Judicial. Una propuesta contraria a la reforma acometida por el propio PP y un PSOE en la oposición.
¿Y por qué se eligen así? Porque, al encomendar la Constitución el nombramiento de las vocalías del CGPJ a las Cortes, estas vocalías se eligen por un sistema de extracción entre 36 candidatos propuestos por las distintas asociaciones judiciales o jueces no asociados con avales.
De este modo, la representación de la soberanía popular puede escoger entre distintas sensibilidades que responden a las representadas en las Cortes en cada mandato. Ello asegura una conformación plural del CGPJ que se corresponde con una sociedad y una judicatura también plural. Se trata de un sistema democrático para elegir un órgano de gobierno del único poder del Estado que no está refrendado democráticamente en las urnas.
Precisamente por eso, por tener que corresponder con las mayorías representadas en las Cortes, es por lo que el PP pretende ahora modificar la forma de elección de los miembros del CGPJ. Las fuerzas conservadoras son minoría en el Parlamento.
Pero es algo que no hicieron cuando Rajoy gobernaba y a lo que el PSOE no se había opuesto. Sin embargo, desde que es mayoritaria la izquierda en el Congreso ha usado esta excusa, desde Casado hasta Feijóo, para continuar bloqueando la renovación de dicho órgano.
Incluso ha llegado a condicionar la renovación a la de otros órganos, en un acuerdo global, que incluyera también al Tribunal Constitucional. Pero alcanzado un pacto, en el último momento también Feijóo se echó para atrás. Sí pero no. Esta vez la excusa fue la reforma del delito de sedición, a pesar de que Cuca Gamarra, portavoz del PP en el Congreso, desvinculara una cosa de la otra.
Y así, zancadilla tras zancadilla, se han sucedido las excusas hasta hoy, cuando el PP exigió para entablar la enésima negociación la mediación del comisario de justicia de la Unión Europea, el conservador Didier Reynders, quien propuso que se abordara la modificación de la norma para la elección del CGPJ una vez este se haya renovado. Para chasco del PP, la Comisión Europea recomendó que se renueve primero el CGPJ con la normativa actual y después se proceda a reformar la norma.
En vista de lo anterior, hubo que buscarse una nueva excusa para obstaculizar las negociaciones que mantenían el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el europarlamentario popular Esteban González Pons. Y la encontraron en la Ley de Amnistía, iniciativa en trámite que ya conocían cuando pidieron la mediación europea.
Con esta última suman, pues, más de veinte excusas para seguir incumpliendo la Constitución y continuar bloqueando la urgente renovación de un Consejo General del Poder Judicial, cuyos miembros llevan más de un lustro en funciones con el mandato caducado.
Lo grave es que, seguramente, el PP continuará con esta táctica a la espera de unas próximas elecciones en las que aspira acceder al Gobierno para elegir la mayoría de las vocalías que corresponda a su representación en las Cortes Generales.
Y no depondrá su actitud bloqueadora a pesar del descrédito que está causando a la institución y el daño que ocasiona a la imagen de la justicia española en los ámbitos nacional y europeo. Así se comporta un partido que se declara constitrucionalista.
DANIEL GUERRERO
