Unos 200 trabajadores de los aproximadamente 300 que tiene la empresa pública Verificaciones Industriales de Andalucía, S. A. (VEIASA) en la provincia de Córdoba, congregados por los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y UGT, se han concentrado esta mañana ante las puertas del centro del polígono Las Quemadas de la capital, en la que los realizan sus labores en el servicio de Inspección Técnica de Vehículos (ITV).
De hecho, los sindicatos cifran el seguimiento en aproximadamente el 85 por ciento de la plantilla en los ocho centros de la provincia. Se trata de la primera jornada de huelga que los sindicatos mayoritarios han convocado en los centros de trabajo de la empresa para protestar, principalmente, por la no negociación y firma de un nuevo convenio colectivo desde que el último caducara en 2008.
Los trabajadores, que colapsaron la entrada a las instalaciones de VEIASA, esgrimieron consignas exigiendo el retorno de las negociaciones y la firma de nuevas condiciones laborales que les garanticen derechos laborales que no han sido renovados ni actualizados desde hace 16 años, aunque esta situación no fue denunciada hasta 2012 por las fuerzas sindicales al comprobar que no se iniciaban las negociaciones.
El coordinador provincial de UGT FICA en VEIASA, Juan Antonio García, recordó que en enero 2017 se inició una negociación pero que hasta ahora no ha habido resultados y denunció que “hasta hoy, todas las propuestas que se han ido haciendo, y que no implican subida salarial ninguna, sino igualarnos al resto de empresas públicas de la Administración andaluza, tanto en condiciones laborales como en beneficios sociales, se nos niegan siempre alegando la subida de la masa salarial, y no hay forma de cerrar la negociación, ya que la empresa está cerrada en banda y sólo exige aumentos de la producción sin ceder beneficios a los trabajadores”. García recordó que todas las estaciones ITV están abiertas con servicios mínimos, pero para atender casos de urgencias, como podrían ser trasporte sanitario o vehículos del cuerpo de bomberos.
Por su parte, el secretario general del Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba, Agustín Jiménez, recordó que el convenio lleva desde el 2008 caducado, que se denunció en 2012 y desde entonces está bloqueada la negociación y las personas trabajadoras están sufriendo la burocracia y la pasividad por parte de la Junta de Andalucía de abordar un convenio tan importante como es el de una empresa pública como VEIASA, que la están desmantelando poco a poco, externalizando servicios, por no hablar de las dificultades de conciliación o la discriminación salarial que hemos denunciado en varias ocasiones".
El secretario general de UGT Córdoba, Vicente Palomares, señaló que “hay un problema de entrada en la negociación, y es que no existe un interlocutor válido, así como la falta de una serie de premisas fundamentales en la negociación colectiva, la primera de las cuáles sería el principio de buena fe, que cuando estás negociando con alguien de una empresa pero al finalizar dice que no puede cerrar el acuerdo porque cuando va a la Administración el acuerdo al que se ha llegado no se puede reflejar y no sabemos si esto podría ser cierto o podría tratarse de una maniobra”.
Palomares mencionó, igualmente el “principio de lo acordado o escrito ya que “si quién tiene que validar un acuerdo no está sentado en la mesa paritaria desconoce el espíritu de la negociación” y denunció la imposibilidad de seguir con el convenio firmado en 2008 ya que, aseguró, “le han robado gran parte de su articulado y en nada se parece a lo que se firmó aquél día”.
Por su parte, el secretario de Acción Sindical de CCOO de Córdoba, Aurelio Martín, hizo hincapié en que "cuando decimos que el empresariado se niega a negociar, tenemos que aclarar que, en este caso, el empresariado es la Junta de Andalucía, y esta situación de bloqueo desde 2008 no es una situación casual, sino causal".
"Entendemos que esto es una acción que está haciendo la propia administración para precarizar el servicio que da VEIASA, con un claro objetivo, que es privatizarla del todo. Es una empresa que da beneficios y no se entiende que una empresa andaluza que da beneficios se precarice hasta tal punto solo para justificar su privatización y por eso vamos a defender a las personas que trabajan en esta empresa y la función pública que desarrollan con su trabajo diario", finalizó Aurelio Martín.
De hecho, los sindicatos cifran el seguimiento en aproximadamente el 85 por ciento de la plantilla en los ocho centros de la provincia. Se trata de la primera jornada de huelga que los sindicatos mayoritarios han convocado en los centros de trabajo de la empresa para protestar, principalmente, por la no negociación y firma de un nuevo convenio colectivo desde que el último caducara en 2008.
Los trabajadores, que colapsaron la entrada a las instalaciones de VEIASA, esgrimieron consignas exigiendo el retorno de las negociaciones y la firma de nuevas condiciones laborales que les garanticen derechos laborales que no han sido renovados ni actualizados desde hace 16 años, aunque esta situación no fue denunciada hasta 2012 por las fuerzas sindicales al comprobar que no se iniciaban las negociaciones.
El coordinador provincial de UGT FICA en VEIASA, Juan Antonio García, recordó que en enero 2017 se inició una negociación pero que hasta ahora no ha habido resultados y denunció que “hasta hoy, todas las propuestas que se han ido haciendo, y que no implican subida salarial ninguna, sino igualarnos al resto de empresas públicas de la Administración andaluza, tanto en condiciones laborales como en beneficios sociales, se nos niegan siempre alegando la subida de la masa salarial, y no hay forma de cerrar la negociación, ya que la empresa está cerrada en banda y sólo exige aumentos de la producción sin ceder beneficios a los trabajadores”. García recordó que todas las estaciones ITV están abiertas con servicios mínimos, pero para atender casos de urgencias, como podrían ser trasporte sanitario o vehículos del cuerpo de bomberos.
Por su parte, el secretario general del Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba, Agustín Jiménez, recordó que el convenio lleva desde el 2008 caducado, que se denunció en 2012 y desde entonces está bloqueada la negociación y las personas trabajadoras están sufriendo la burocracia y la pasividad por parte de la Junta de Andalucía de abordar un convenio tan importante como es el de una empresa pública como VEIASA, que la están desmantelando poco a poco, externalizando servicios, por no hablar de las dificultades de conciliación o la discriminación salarial que hemos denunciado en varias ocasiones".
El secretario general de UGT Córdoba, Vicente Palomares, señaló que “hay un problema de entrada en la negociación, y es que no existe un interlocutor válido, así como la falta de una serie de premisas fundamentales en la negociación colectiva, la primera de las cuáles sería el principio de buena fe, que cuando estás negociando con alguien de una empresa pero al finalizar dice que no puede cerrar el acuerdo porque cuando va a la Administración el acuerdo al que se ha llegado no se puede reflejar y no sabemos si esto podría ser cierto o podría tratarse de una maniobra”.
Palomares mencionó, igualmente el “principio de lo acordado o escrito ya que “si quién tiene que validar un acuerdo no está sentado en la mesa paritaria desconoce el espíritu de la negociación” y denunció la imposibilidad de seguir con el convenio firmado en 2008 ya que, aseguró, “le han robado gran parte de su articulado y en nada se parece a lo que se firmó aquél día”.
Por su parte, el secretario de Acción Sindical de CCOO de Córdoba, Aurelio Martín, hizo hincapié en que "cuando decimos que el empresariado se niega a negociar, tenemos que aclarar que, en este caso, el empresariado es la Junta de Andalucía, y esta situación de bloqueo desde 2008 no es una situación casual, sino causal".
"Entendemos que esto es una acción que está haciendo la propia administración para precarizar el servicio que da VEIASA, con un claro objetivo, que es privatizarla del todo. Es una empresa que da beneficios y no se entiende que una empresa andaluza que da beneficios se precarice hasta tal punto solo para justificar su privatización y por eso vamos a defender a las personas que trabajan en esta empresa y la función pública que desarrollan con su trabajo diario", finalizó Aurelio Martín.
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: UGT CÓRDOBA
FOTOGRAFÍA: UGT CÓRDOBA
