La apuesta por la autonomía y gobernanza democrática de Radiotelevisión Española (RTVE) y de los medios públicos en España es una tarea inaplazable, por más que el debate público en nuestro país parezca anclado en el siglo XX –hablando de ETA– o, a veces, en el XIX –cuando se trata de la monarquía y la relación con las antiguas colonias–.
El caso es que el Plan de Acción Democrática nos ha situado ante el reto de cambiar de pantalla. Y no parece que las fuerzas mayoritarias del bipartito se hayan dado cuenta del cambio de marco en el que estamos. Hace meses advertimos que el cese de la presidenta interina, Elena Sánchez, ponía en evidencia un modelo fallido de gobernanza, el del PP/PSOE, y que era hora de apostar por un esfuerzo de consenso, transparencia y buenas prácticas para garantizar una dirección independiente, profesional y con capacidad de adecuar la televisión pública a los retos del futuro de la economía digital, tal y como exige el Reglamento Europeo de Libertad de Medios. Hasta la fecha, PP y PSOE nada han hecho. Y el Real Decreto convalidado por el Congreso es una errática respuesta a la lógica de bloque institucional de la derecha.
Si el concurso público para la elección de la Presidencia y el Consejo de Administración fue una ocasión fallida para desgubernamentalizar el ente, hoy la falta de dominio del bipartidismo debiera ser la ocasión, si de una dirección independiente hablamos, para plantear retos urgentes que PP y PSOE no han cumplido como fuerzas mayoritarias en el Congreso, manteniendo la situación de excepcionalidad en el marco europeo que debe superarse resolviendo de inmediato:
Quienes siempre hemos defendido las políticas de comunicación, estamos convencidos de que, más pronto que tarde, esta dinámica cambiará, sea por acción comprometida de profesionales y sociedad civil o por obligación, al tener que cumplir el Reglamento Europeo de Medios.
La Operación López, que algunos irónicamente la tildan de simulada revuelta, en la que están empeñados tanto el PSOE como pareciera que el PP, y hasta los de Pablo Iglesias, no será sostenible en el tiempo, por más que el modelo patriarcal de dominio caciquil dentro y fuera de la Corporación trate de pervivir en el tiempo capturando el dominio público y lo común.
El viejo topo de la historia opera lentamente, pero de forma irremisible. Incluso allá donde parece que nada pasa y todo sigue igual, como en Andalucía. En Galicia, se ha movilizado el personal contra la manipulación del PP; otro tanto sucede en Telemadrid y, mientras tanto, en la RTVA, el informe del Consejo Profesional de Canal Sur ha denunciado la deriva privativa y decadente de los responsables de la tele de todos los andaluces.
Más de 400 ejemplos en el que Andalucía y los andaluces han dejado de ser el centro de la televisión pública y han sido desplazados por una agenda ideológica al servicio de intereses políticos. En suma, los Servicios Informativos de Canal Sur han abandonado su misión de servicio público, la información veraz, plural, rigurosa, imparcial e independiente a que obligan el Estatuto de Autonomía, la Ley de la RTVA, el Contrato Programa, la Carta de Servicio Público y el Estatuto Profesional, abonado como está históricamente la derecha ultramontana a la censura, la propaganda y el modelo Fox News que anticipara Urdaci.
En la RTVE es previsible que vuelvan los viernes de negro y, mientras tanto, unas pocas voces no conseguimos cambiar la lógica de la Cámara con debates de altura para mejorar nuestro sistema público audiovisual. Francamente, no nos lo merecemos, ni la UE lo admite. Tiempo de mudanza pues.
El caso es que el Plan de Acción Democrática nos ha situado ante el reto de cambiar de pantalla. Y no parece que las fuerzas mayoritarias del bipartito se hayan dado cuenta del cambio de marco en el que estamos. Hace meses advertimos que el cese de la presidenta interina, Elena Sánchez, ponía en evidencia un modelo fallido de gobernanza, el del PP/PSOE, y que era hora de apostar por un esfuerzo de consenso, transparencia y buenas prácticas para garantizar una dirección independiente, profesional y con capacidad de adecuar la televisión pública a los retos del futuro de la economía digital, tal y como exige el Reglamento Europeo de Libertad de Medios. Hasta la fecha, PP y PSOE nada han hecho. Y el Real Decreto convalidado por el Congreso es una errática respuesta a la lógica de bloque institucional de la derecha.
Si el concurso público para la elección de la Presidencia y el Consejo de Administración fue una ocasión fallida para desgubernamentalizar el ente, hoy la falta de dominio del bipartidismo debiera ser la ocasión, si de una dirección independiente hablamos, para plantear retos urgentes que PP y PSOE no han cumplido como fuerzas mayoritarias en el Congreso, manteniendo la situación de excepcionalidad en el marco europeo que debe superarse resolviendo de inmediato:
- 1. La aprobación de un mandato marco renovado y posterior aprobación del primer Contrato-Programa entre el Gobiernos y la Corporación RTVE.
- 2. Un pacto de Estado para la democratización, financiación y estabilización de la RTVE con el fin de acometer los retos tecnológicos de la convergencia digital.
- 3. Reforzar la producción propia y la activación de centros territoriales como el de Andalucía con la paralización urgente de la externalización de programas, formatos y medios.
- 4. Cumplir el mandato constitucional del Artículo 20 de acceso y participación con la constitución de un Consejo Ciudadano conformado por representantes de la sociedad civil (sindicatos, asociación de consumidores, organizaciones de defensa de la audiencia, academia) que proponga y evalúe el desempeño del servicio público audiovisual de RTVE.
- 5. Democratizar la gestión interna del ente retomando órganos como la Mesa de Producción Propia con el espíritu que se ideó.
Quienes siempre hemos defendido las políticas de comunicación, estamos convencidos de que, más pronto que tarde, esta dinámica cambiará, sea por acción comprometida de profesionales y sociedad civil o por obligación, al tener que cumplir el Reglamento Europeo de Medios.
La Operación López, que algunos irónicamente la tildan de simulada revuelta, en la que están empeñados tanto el PSOE como pareciera que el PP, y hasta los de Pablo Iglesias, no será sostenible en el tiempo, por más que el modelo patriarcal de dominio caciquil dentro y fuera de la Corporación trate de pervivir en el tiempo capturando el dominio público y lo común.
El viejo topo de la historia opera lentamente, pero de forma irremisible. Incluso allá donde parece que nada pasa y todo sigue igual, como en Andalucía. En Galicia, se ha movilizado el personal contra la manipulación del PP; otro tanto sucede en Telemadrid y, mientras tanto, en la RTVA, el informe del Consejo Profesional de Canal Sur ha denunciado la deriva privativa y decadente de los responsables de la tele de todos los andaluces.
Más de 400 ejemplos en el que Andalucía y los andaluces han dejado de ser el centro de la televisión pública y han sido desplazados por una agenda ideológica al servicio de intereses políticos. En suma, los Servicios Informativos de Canal Sur han abandonado su misión de servicio público, la información veraz, plural, rigurosa, imparcial e independiente a que obligan el Estatuto de Autonomía, la Ley de la RTVA, el Contrato Programa, la Carta de Servicio Público y el Estatuto Profesional, abonado como está históricamente la derecha ultramontana a la censura, la propaganda y el modelo Fox News que anticipara Urdaci.
En la RTVE es previsible que vuelvan los viernes de negro y, mientras tanto, unas pocas voces no conseguimos cambiar la lógica de la Cámara con debates de altura para mejorar nuestro sistema público audiovisual. Francamente, no nos lo merecemos, ni la UE lo admite. Tiempo de mudanza pues.
FRANCISCO SIERRA CABALLERO
FOTOGRAFÍA: DEPOSITPHOTOS.COM
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