Los relatos a los que se refiere el título de este comentario no son, naturalmente, los cuentos o ficciones literarias a los que tan aficionado soy, sino aquellos que se construyen como narrativas para ”explicar” los hechos y que cuentan con potencial para convertirse en realidad ante la opinión pública, a la que seduce o influye por el valor que aporta más que por la verdad que se cuenta.
Es decir, el denominado "relato" es, simplemente, una estrategia de comunicación política que tiene por objetivo transmitir una determinada visión de los hechos en función de las conveniencias, valores o perspectivas de los gobiernos, los partidos o figuras políticas que los elaboran y difunden.
Bien construidos, los relatos son eficientes porque actúan sobre los sentimientos y las emociones, facilitando, de este modo, la comprensión de una realidad compleja. En tal sentido, tratan de orientar la interpretación por parte de la ciudadanía y conformar una opinión pública a partir, precisamente, no de los hechos en sí, sino del relato que los recrea. Tanto es así que, finalmente, el mensaje del relato se convierte en un objetivo en sí mismo, aislado de los hechos.
Esto es algo fácil de comprobar, actualmente, en relación al hecho, confesado por el propio autor, de un delito fiscal por defraudación de más de 350.000 euros a la Hacienda pública, y que, en virtud del relato elaborado por el entorno político del afectado, éste aparece más como víctima que como defraudador.
Bien es verdad que no todos los declarantes de Hacienda tienen el privilegio de ser defendidos mediante un oportuno relato, salvo que se sea pareja conviviente de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Tal circunstancia explica la necesidad de un relato que exonere de responsabilidad a un dirigente político y al partido en que milita.
Pero la cantidad de relatos derivados del simple hecho de un delito fiscal justifica el interrogante que encabeza este artículo, pues cada día aparece una nueva ramificación del mismo, hasta el extremo de que ya no se sabe exactamente quién es el delincuente y quién el estafado.
Los hechos del caso que aludimos afectan a un comisionista que facturó, en plena pandemia, entre los ejercicios de 2020 y 2021, 3,7 millones de euros, de los que casi dos millones provenían de una única comisión por intermediar en un contrato de compraventas de mascarillas.
Tales ganancias no son, sin embargo, ilícitas. Lo ilegal fue que, al hacer la Declaración de Hacienda, el declarante presentó facturas falsas a nombre de diversas empresas pantallas y otros pagos inexistentes con la finalidad de deducirse gastos y evitar tener que pagar 350.000 euros en impuestos.
Es decir, cometió dos delitos fiscales y otro de falsedad en documento público, que fueron fácilmente detectados por la Agencia Tributaria durante la revisión de la declaración. Por tal motivo, la Fiscalía Provincial de Madrid denunció el pasado marzo al declarante, quien era novio de la presidenta de Madrid, por defraudar más de 350.000 euros, según resulta de la inspección de Hacienda de esos dos ejercicios.
Estos hechos acaban siendo de dominio público al publicarse la noticia en los medios de comunicación, los cuales hacen hincapié en la relación sentimental existente entre el declarante y la presidente de la Comunidad de Madrid. Y es entonces cuando se elabora un relato para intentar explicar los hechos a la ciudadanía de manera beneficiosa al defraudador fiscal. En un primer momento, Isabel Díaz Ayuso se presenta como víctima de una operación de desestabilización política por parte del Gobierno e, incluso, asegura que es Hacienda quien tiene que devolver esos 350.000 euros a su novio.
Acto seguido, el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, alias MAR, filtra al periódico El Mundo y luego a otros medios, un correo electrónico del fiscal al abogado del declarante en el que ofrecía alcanzar un pacto si se admiten los delitos fiscales y se paga una multa para ver así reducida la pena y evitar ingresar a prisión.
Se trata de una manipulación propagandística de MAR porque dicha propuesta de pacto pertenecía, en realidad, a otro correo electrónico, enviado un mes antes, por el abogado del declarante a la Fiscalía, solicitando un acuerdo de conformidad penal, reconociendo los hechos y comprometiéndose a pagar una multa. Para engordar aún más el bulo, MAR tuiteó que tal acuerdo de la Fiscalía había sido retirado por “órdenes de arriba”. El relato va cobrando cuerpo.
Ante tamaña falsedad en lo publicado, la Fiscalía emite una “nota informativa” que desmiente la información de El Mundo y de la Comunidad de Madrid, en la que resume los principales hechos del caso, entre ellos la conformidad del declarante para evitar la cárcel.
Pero, ante este paso dado por la Fiscalía, la defensa del declarante interpone una querella porque considera que el comunicado comete una revelación de secretos delictiva, que atribuye al fiscal del caso y a su superior, el fiscal jefe de Madrid.
Por su parte, el Consejo de Abogados de Madrid interpone denuncia por el mismo delito contra el fiscal general del Estado. Y como cabía esperar, el Tribunal Supremo ve en esa acción un posible delito que causa indefensión al declarante y decide encausar, por primera vez en democracia, a un fiscal general del Estado, ordenando el registro en su despacho e incautar sus dispositivos electrónicos, incluidos los móviles. El relato, a estas alturas, crece ya como una bola de nieve.
De este modo, pasamos de hechos comprobados sobre un defraudador –afortunadamente bien ayudado por el aparato político de una comunidad autónoma, con cuya presidenta es pareja convivencial– a una sospecha generalizada de actuación delictiva por parte de instituciones del Estado contra un particular.
Y para reforzar el relato, el diario ABC publica que, presuntamente, La Moncloa había filtrado la denuncia contra el novio de Ayuso al portavoz socialista de la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, a quien, a las pocas horas, el Tribunal Supremo cita como testigo en un alarde de celeridad desconocido en la Justicia española.
Es así como el relato abarca ya al propio Gobierno en su explicación de una realidad, más allá de los hechos, favorable al defraudador y al interés político de su pareja, pues cumple con la función de polarizar el debate, desviar la atención y trasladar la culpabilidad del victimario a la víctima.
Tal era –y es– su intención planificada: la de influir en las opiniones, actitudes o comportamientos de los ciudadanos. Y tal cosa es posible porque, como decía Antonio Machado, “después de la verdad, nada hay tan bello como la ficción”.
Es decir, el denominado "relato" es, simplemente, una estrategia de comunicación política que tiene por objetivo transmitir una determinada visión de los hechos en función de las conveniencias, valores o perspectivas de los gobiernos, los partidos o figuras políticas que los elaboran y difunden.
Bien construidos, los relatos son eficientes porque actúan sobre los sentimientos y las emociones, facilitando, de este modo, la comprensión de una realidad compleja. En tal sentido, tratan de orientar la interpretación por parte de la ciudadanía y conformar una opinión pública a partir, precisamente, no de los hechos en sí, sino del relato que los recrea. Tanto es así que, finalmente, el mensaje del relato se convierte en un objetivo en sí mismo, aislado de los hechos.
Esto es algo fácil de comprobar, actualmente, en relación al hecho, confesado por el propio autor, de un delito fiscal por defraudación de más de 350.000 euros a la Hacienda pública, y que, en virtud del relato elaborado por el entorno político del afectado, éste aparece más como víctima que como defraudador.
Bien es verdad que no todos los declarantes de Hacienda tienen el privilegio de ser defendidos mediante un oportuno relato, salvo que se sea pareja conviviente de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Tal circunstancia explica la necesidad de un relato que exonere de responsabilidad a un dirigente político y al partido en que milita.
Pero la cantidad de relatos derivados del simple hecho de un delito fiscal justifica el interrogante que encabeza este artículo, pues cada día aparece una nueva ramificación del mismo, hasta el extremo de que ya no se sabe exactamente quién es el delincuente y quién el estafado.
Los hechos del caso que aludimos afectan a un comisionista que facturó, en plena pandemia, entre los ejercicios de 2020 y 2021, 3,7 millones de euros, de los que casi dos millones provenían de una única comisión por intermediar en un contrato de compraventas de mascarillas.
Tales ganancias no son, sin embargo, ilícitas. Lo ilegal fue que, al hacer la Declaración de Hacienda, el declarante presentó facturas falsas a nombre de diversas empresas pantallas y otros pagos inexistentes con la finalidad de deducirse gastos y evitar tener que pagar 350.000 euros en impuestos.
Es decir, cometió dos delitos fiscales y otro de falsedad en documento público, que fueron fácilmente detectados por la Agencia Tributaria durante la revisión de la declaración. Por tal motivo, la Fiscalía Provincial de Madrid denunció el pasado marzo al declarante, quien era novio de la presidenta de Madrid, por defraudar más de 350.000 euros, según resulta de la inspección de Hacienda de esos dos ejercicios.
Estos hechos acaban siendo de dominio público al publicarse la noticia en los medios de comunicación, los cuales hacen hincapié en la relación sentimental existente entre el declarante y la presidente de la Comunidad de Madrid. Y es entonces cuando se elabora un relato para intentar explicar los hechos a la ciudadanía de manera beneficiosa al defraudador fiscal. En un primer momento, Isabel Díaz Ayuso se presenta como víctima de una operación de desestabilización política por parte del Gobierno e, incluso, asegura que es Hacienda quien tiene que devolver esos 350.000 euros a su novio.
Acto seguido, el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, alias MAR, filtra al periódico El Mundo y luego a otros medios, un correo electrónico del fiscal al abogado del declarante en el que ofrecía alcanzar un pacto si se admiten los delitos fiscales y se paga una multa para ver así reducida la pena y evitar ingresar a prisión.
Se trata de una manipulación propagandística de MAR porque dicha propuesta de pacto pertenecía, en realidad, a otro correo electrónico, enviado un mes antes, por el abogado del declarante a la Fiscalía, solicitando un acuerdo de conformidad penal, reconociendo los hechos y comprometiéndose a pagar una multa. Para engordar aún más el bulo, MAR tuiteó que tal acuerdo de la Fiscalía había sido retirado por “órdenes de arriba”. El relato va cobrando cuerpo.
Ante tamaña falsedad en lo publicado, la Fiscalía emite una “nota informativa” que desmiente la información de El Mundo y de la Comunidad de Madrid, en la que resume los principales hechos del caso, entre ellos la conformidad del declarante para evitar la cárcel.
Pero, ante este paso dado por la Fiscalía, la defensa del declarante interpone una querella porque considera que el comunicado comete una revelación de secretos delictiva, que atribuye al fiscal del caso y a su superior, el fiscal jefe de Madrid.
Por su parte, el Consejo de Abogados de Madrid interpone denuncia por el mismo delito contra el fiscal general del Estado. Y como cabía esperar, el Tribunal Supremo ve en esa acción un posible delito que causa indefensión al declarante y decide encausar, por primera vez en democracia, a un fiscal general del Estado, ordenando el registro en su despacho e incautar sus dispositivos electrónicos, incluidos los móviles. El relato, a estas alturas, crece ya como una bola de nieve.
De este modo, pasamos de hechos comprobados sobre un defraudador –afortunadamente bien ayudado por el aparato político de una comunidad autónoma, con cuya presidenta es pareja convivencial– a una sospecha generalizada de actuación delictiva por parte de instituciones del Estado contra un particular.
Y para reforzar el relato, el diario ABC publica que, presuntamente, La Moncloa había filtrado la denuncia contra el novio de Ayuso al portavoz socialista de la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, a quien, a las pocas horas, el Tribunal Supremo cita como testigo en un alarde de celeridad desconocido en la Justicia española.
Es así como el relato abarca ya al propio Gobierno en su explicación de una realidad, más allá de los hechos, favorable al defraudador y al interés político de su pareja, pues cumple con la función de polarizar el debate, desviar la atención y trasladar la culpabilidad del victimario a la víctima.
Tal era –y es– su intención planificada: la de influir en las opiniones, actitudes o comportamientos de los ciudadanos. Y tal cosa es posible porque, como decía Antonio Machado, “después de la verdad, nada hay tan bello como la ficción”.
DANIEL GUERRERO
FOTOGRAFÍA: DEPOSITPHOTOS.COM
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