La Coordinadora de Trabajadores de Andalucía (CTA) convocó ayer una nueva concentración en apoyo a los trabajadores de la empresa egabrense Transportes Sanitarios Sur de Córdoba (TSC), que aseguran llevar cinco meses sin cobrar sus nóminas. La protesta, que se desarrolló a las puertas del Hospital Comarcal de Montilla, contó con el respaldo de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública y el Hospital de Montilla, así como de los colectivos de La Rambla, Montemayor, Fernán Núñez y Cabra.
Francisco Moro, secretario general de CTA, denunció que "la situación de los trabajadores de las ambulancias, a los que les deben cinco nóminas, es insostenible" y lamentó que la Junta de Andalucía "no esté pendiente" de "este servicio esencial que tiene contratado con una empresa externa", a pesar de que "conocen los incumplimientos desde hace tiempo".
Por su parte, Sebastián Reina, técnico de ambulancia, recordó que la huelga indefinida comenzó el pasado 20 de enero, a causa "no solo del impago de cinco nóminas sino, además, a la preocupante situación del material" con el que deben desarrollar su trabajo.
En ese sentido, Reina se refirió a "extintores y material de las ambulancias caducado" que camuflan con pegatinas, así como a la decisión de la empresa de derivar vehículos "que tendrían que prestar servicio en los hospitales de Montilla o Puente Genil" a otros traslados que la empresa tiene contratados en otros municipios con compañías como FREMAP.
A juicio del portavoz de los trabajadores, "esta situación afecta directamente a los pacientes", ya que, "o bien no llegan a tiempo a las citas médicas que tienen concertadas o deben esperar horas –a veces, hasta toda una mañana– para que la ambulancia los lleve de vuelta a casa".
Durante la concentración que tuvo lugar ayer a las puertas del centro sanitario de La Retamosa, los trabajadores desvelaron que TSC "está en preconcurso de acreedores desde septiembre", aunque no se les habría comunicado de manera oficial.
"Los problemas comenzaron en julio del año 2023 pero fue el pasado verano cuando las cosas empezaron a ir a peor, hasta dejarnos de ingresar cinco nóminas", señaló el portavoz de los afectados, quien aseguró que la empresa "ha amenazado" con no pagarles hasta que abandonen la huelga. Sin embargo, ayer confirmaron que no cesarán en sus reivindicaciones hasta recibir sus salarios.
Tan solo un día después de que el Pleno del Ayuntamiento de Montilla respaldara a los trabajadores de la empresa de ambulancias, la situación llegó al Parlamento de Andalucía donde el coportavoz de Podemos Andalucía y parlamentario por Córdoba, José Manuel Gómez Jurado, en una pregunta dirigida a la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, denunció que "la situación de las ambulancias en Andalucía es crítica y generalizada".
"Sabemos que la derivación a la sanidad privada y a las empresas privadas por parte del servicio de transporte sanitario está llevando a la precarización no solamente del servicio, sino también del trato a los trabajadores", aseguró el parlamentario andaluz, quien añadió que, en el caso de Transportes Sanitarios Sur de Córdoba, sus empleados "llevan un año y medio sin percibir con normalidad su salario y llevan cinco meses sin cobrar".
A juicio del coportavoz de Podemos Andalucía, "eso es un robo por parte de la empresa a la Junta de Andalucía", toda vez que denunció la presencia de "menos coches de los que están en las licitaciones, UVI que están mal empleadas, mal estado de los vehículos que no se solventa y un maltrato permanente y sistemático a los empleados y a los usuarios".
En respuesta a José Manuel Gómez Jurado, la consejera de Salud y Consumo declaró que "en cuanto fuimos conocedores" de la situación por la que atravesaban los trabajadores, "le hemos exigido a la empresa que nos dé información de la situación actual respecto a esos pagos" y reiteró, como ya avanzó Montilla Digital, que la Consejería de Salud y Consumo "ha pagado pertinentemente a la empresa, por tanto, vamos a ejercer nuestra responsabilidad para vigilar que realmente eso se cumpla por parte de la empresa".
La respuesta no satisfizo al coportavoz de Podemos Andalucía, quien no ocultó su "preocupación" porque desde el Gobierno andaluz "digan que están empezando a indagar para conocer lo que está pasando, cuando hace un año y medio que se está denunciando esta problemática".
A juicio de Gómez Jurado, "eso es una negligencia por parte de la Junta de Andalucía: eso es lavarse las manos con una problemática que está causada por una empresa que está contratada por la Junta de Andalucía", denunció el parlamentario cordobés, quien recordó a la consejera que "pueden romper el contrato, denunciar a la empresa y, por encima de todo, recuperar el servicio por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS)" porque, según defendió, "todos los informes que se han hecho al respecto demuestran que cuando se presta un servicio directo sale mucho más barato y, sobre todo, hay mucha más posibilidad de proteger los derechos de los usuarios y los derechos de los trabajadores".
Por su parte, Rocío Hernández anunció que Transportes Sanitarios Sur de Córdoba ha comunicado al Ejecutivo autonómico que "está en una fase de recapitalización esta semana" y que, por tanto, "esta semana es cuando va a abonar a los trabajadores la nómina del mes de enero y que esa deuda que tiene con ellos, que no es la misma con todos los trabajadores, va a ser abonada en tres pagos junto con la nómina de febrero, marzo y abril".
"Y si eso no es así, tomaremos las acciones legales que tengamos que tomar efectivamente o la restricción del contrato, que sería, quizás, la más tajante", advirtió la titular de Salud y Consumo, quien no obstante se mostró confiada en que la empresa cumpla con lo anunciado. "Y si no es así, a lo largo de la semana que viene tomaremos las medidas que sean necesarias", concluyó.
Francisco Moro, secretario general de CTA, denunció que "la situación de los trabajadores de las ambulancias, a los que les deben cinco nóminas, es insostenible" y lamentó que la Junta de Andalucía "no esté pendiente" de "este servicio esencial que tiene contratado con una empresa externa", a pesar de que "conocen los incumplimientos desde hace tiempo".
Por su parte, Sebastián Reina, técnico de ambulancia, recordó que la huelga indefinida comenzó el pasado 20 de enero, a causa "no solo del impago de cinco nóminas sino, además, a la preocupante situación del material" con el que deben desarrollar su trabajo.
En ese sentido, Reina se refirió a "extintores y material de las ambulancias caducado" que camuflan con pegatinas, así como a la decisión de la empresa de derivar vehículos "que tendrían que prestar servicio en los hospitales de Montilla o Puente Genil" a otros traslados que la empresa tiene contratados en otros municipios con compañías como FREMAP.
A juicio del portavoz de los trabajadores, "esta situación afecta directamente a los pacientes", ya que, "o bien no llegan a tiempo a las citas médicas que tienen concertadas o deben esperar horas –a veces, hasta toda una mañana– para que la ambulancia los lleve de vuelta a casa".
Durante la concentración que tuvo lugar ayer a las puertas del centro sanitario de La Retamosa, los trabajadores desvelaron que TSC "está en preconcurso de acreedores desde septiembre", aunque no se les habría comunicado de manera oficial.
"Los problemas comenzaron en julio del año 2023 pero fue el pasado verano cuando las cosas empezaron a ir a peor, hasta dejarnos de ingresar cinco nóminas", señaló el portavoz de los afectados, quien aseguró que la empresa "ha amenazado" con no pagarles hasta que abandonen la huelga. Sin embargo, ayer confirmaron que no cesarán en sus reivindicaciones hasta recibir sus salarios.
La problemática llega al Parlamento de Andalucía
Tan solo un día después de que el Pleno del Ayuntamiento de Montilla respaldara a los trabajadores de la empresa de ambulancias, la situación llegó al Parlamento de Andalucía donde el coportavoz de Podemos Andalucía y parlamentario por Córdoba, José Manuel Gómez Jurado, en una pregunta dirigida a la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, denunció que "la situación de las ambulancias en Andalucía es crítica y generalizada".
"Sabemos que la derivación a la sanidad privada y a las empresas privadas por parte del servicio de transporte sanitario está llevando a la precarización no solamente del servicio, sino también del trato a los trabajadores", aseguró el parlamentario andaluz, quien añadió que, en el caso de Transportes Sanitarios Sur de Córdoba, sus empleados "llevan un año y medio sin percibir con normalidad su salario y llevan cinco meses sin cobrar".
A juicio del coportavoz de Podemos Andalucía, "eso es un robo por parte de la empresa a la Junta de Andalucía", toda vez que denunció la presencia de "menos coches de los que están en las licitaciones, UVI que están mal empleadas, mal estado de los vehículos que no se solventa y un maltrato permanente y sistemático a los empleados y a los usuarios".
En respuesta a José Manuel Gómez Jurado, la consejera de Salud y Consumo declaró que "en cuanto fuimos conocedores" de la situación por la que atravesaban los trabajadores, "le hemos exigido a la empresa que nos dé información de la situación actual respecto a esos pagos" y reiteró, como ya avanzó Montilla Digital, que la Consejería de Salud y Consumo "ha pagado pertinentemente a la empresa, por tanto, vamos a ejercer nuestra responsabilidad para vigilar que realmente eso se cumpla por parte de la empresa".
La respuesta no satisfizo al coportavoz de Podemos Andalucía, quien no ocultó su "preocupación" porque desde el Gobierno andaluz "digan que están empezando a indagar para conocer lo que está pasando, cuando hace un año y medio que se está denunciando esta problemática".
A juicio de Gómez Jurado, "eso es una negligencia por parte de la Junta de Andalucía: eso es lavarse las manos con una problemática que está causada por una empresa que está contratada por la Junta de Andalucía", denunció el parlamentario cordobés, quien recordó a la consejera que "pueden romper el contrato, denunciar a la empresa y, por encima de todo, recuperar el servicio por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS)" porque, según defendió, "todos los informes que se han hecho al respecto demuestran que cuando se presta un servicio directo sale mucho más barato y, sobre todo, hay mucha más posibilidad de proteger los derechos de los usuarios y los derechos de los trabajadores".
Por su parte, Rocío Hernández anunció que Transportes Sanitarios Sur de Córdoba ha comunicado al Ejecutivo autonómico que "está en una fase de recapitalización esta semana" y que, por tanto, "esta semana es cuando va a abonar a los trabajadores la nómina del mes de enero y que esa deuda que tiene con ellos, que no es la misma con todos los trabajadores, va a ser abonada en tres pagos junto con la nómina de febrero, marzo y abril".
"Y si eso no es así, tomaremos las acciones legales que tengamos que tomar efectivamente o la restricción del contrato, que sería, quizás, la más tajante", advirtió la titular de Salud y Consumo, quien no obstante se mostró confiada en que la empresa cumpla con lo anunciado. "Y si no es así, a lo largo de la semana que viene tomaremos las medidas que sean necesarias", concluyó.
JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓN
FOTOGRAFÍAS: PLATAFORMA POR LA SANIDAD PÚBLICA
FOTOGRAFÍAS: PLATAFORMA POR LA SANIDAD PÚBLICA
