Todo ciclo político y toda coyuntura están siempre atravesados por contradicciones y diversos conflictos de índole económico y social que determinan las vías de acción y las alternativas electivas. Si algo define el actual momento histórico que vivimos es el ser un tiempo-encrucijada, un momento que, para bien o para mal, definirá la salida de la crisis institucional y de acumulación en España y el seno de la UE, bien reforzando los derechos y libertades públicas o, como se observa tras las elecciones europeas, con el retorno de formas de gobierno reaccionarias y autoritarias.
El punto de partida o el estado de la cuestión en el que debería acometerse desde la izquierda un golpe de timón tomando la iniciativa política es notoriamente adverso. Esta pérdida de peso político y electoral se da, además, en un contexto de repliegue de la izquierda y de avance de la extrema derecha en Alemania, Polonia y Países Bajos, conformando en el Parlamento Europeo una correlación de fuerzas favorable a las tesis ultraliberales y reaccionarias, lo que, a medio plazo, se traducirá en una política económica en materia monetaria y fiscal, como en temas sensibles como la migración o las políticas de transición ecológica, claramente desfavorables a la agenda social europea contemplada en la anterior legislatura por la Comisión. Lo estamos viendo ya con la escalada militar a cuenta de Ucrania.
Pero no todos han sido retrocesos políticos en la era Meloni/Orban/Macron. La victoria en Francia del Frente Popular y el repunte de Die Linke en Alemania abren una veta de exploración que interpela a las fuerzas de izquierda europeas y dibuja un escenario complejo de contradicciones y también de apertura de campo de posibilidades que conviene tomar en consideración en la evaluación del estado de la cuestión política y social en Europa, si bien es preciso reconocer que aun siendo España la referencia, la llamada "excepción ibérica", la coalición progresista está siendo minada por la acción destituyente de la derecha ultramontana y la oligarquía económica tanto como por la deriva –por activa u omisión– del PSOE en la estrategia de vuelta al bipartidismo, sea en materias estratégicas como la renovación del Poder Judicial o las políticas de vivienda o en la propia negociación de los proyectos de ley con las distintas fuerzas parlamentarias, y la penetración del discurso autoritario en amplias capas de la población civil.
Los poderes hegemónicos en España hace tiempo que están explorando la salida reaccionaria, de corte autoritario, ante la crisis de régimen que se vive. El éxito electoral de Alvise fue un anticipo y la consolidación del principal aliado de Trump –Vox, con el PP a la cabeza– y un elevado número de abstencionistas entre las clases populares, al tiempo que, elección a elección, el PSOE se conforma como fuerza de captura del voto progresista, perfila un guion nada halagüeño.
En este contexto, el espacio político de la izquierda no ha articulado una alternativa creíble, sólida y consistente, con capacidad de movilización para garantizar, cuando menos, un Gobierno de progreso en coalición. Los más de 25.000 voluntarios movilizados el 23J por Sumar y las 90.000 personas inscritas están desconectándose de un proyecto que, lejos de desplegar una escucha activa, ha buscado su colaboración casi exclusivamente para la donación o para la movilización electoral, sin diálogo, ni participación en la elaboración programática ni base de referencia en territorio con los que poder establecer nodos incipientes de organización con capacidad, cuando menos, de desplegar la pedagogía democrática consustancial a todo proyecto que se pretenda hegemónico.
En otras palabras, Sumar convertido en su congreso de este mes no ya en frente amplio sino minipartido, no ha sido hasta ahora el movimiento progresista de referencia que, más allá del Gobierno y el grupo parlamentario, establezca una agenda propia en materia de libertades públicas, derechos fundamentales o política de Estado, al tiempo que organiza y participa de las luchas en materia de sanidad, empleo, vivienda, o educación. Tampoco lo ha hecho en otros ejes identitarios que han marcado su política de comunicación como el movimiento feminista, los derechos del colectivo LGTBI, el ecologismo o la protección animal.
Antes bien, su capital político y el de Yolanda Díaz se han ido perdiendo por el camino, pedregoso ciertamente, pero no solo debido al intensivo ciclo de elecciones, sino fundamentalmente por la acción parlamentaria y de gestión de gobierno sin vislumbrar las potencialidades de construir organización con la gente que apoyó el 23J a partir de una propuesta de cambio.
Y se ha proyectado mientras tanto una imagen de desunión, de falta de horizonte orgánico, de debilidad e inconsistencia y de confusión de siglas, no ya entre las fuerzas de la coalición, sino entre lo que se supone es Sumar, como movimiento político social, y lo que Movimiento Sumar ha sido en la práctica: una parte pretendiendo ser todo, operando como partido sin estructura, ni representación, pese a los documentos aprobados en su asamblea de Villaverde.
Lejos, pues, de ensanchar el espacio, este año de vida del grupo de Yolanda ha sido una continua sangría de votos, voluntarios, militantes, organizaciones políticas comprometidas en la coalición, y aliados tanto sindicales como de movimientos sociales necesarios para avanzar un proyecto para la mayoría social.
Sería complejo definir las causas y los factores más determinantes de esta inercia en apenas un artículo. Sin duda, hay elementos objetivos que han marcado tal dinámica, pero también otros, debidos fundamentalmente a decisiones erradas, en tiempo y forma, que han vaciado de contenido la propuesta y disgregado los esfuerzos de integración, unidad y transformación política.
Podríamos hablar de cierta tendencia a la fragmentación y división de la izquierda, al centralismo, a la cultura política del individualismo posesivo que ha permeado las fuerzas emancipadoras, la ley de hierro de Robert Michels o, incluso, la propia influencia de los medios en la conformación de un clima de opinión siempre desfavorable a las fuerzas de impugnación del status quo, sea Podemos y Unidas Podemos, antes, o actualmente Sumar.
Pero también cabe pensar en el propio proceso de desgaste de ser fuerza de gobierno en un contexto difícil para los sectores populares, que han sufrido una tendencial pérdida relativa de poder adquisitivo por la revolución pasiva de los poderes económicos sin que se haya logrado revertir este proceso en la acción de gobierno.
Y ya sabemos por experiencia, como dejara sentenciado en sus escritos el filósofo sardo, que cuando se da una suerte de disyunción entre el Estado (la legalidad institucional) y la sociedad civil (la realidad de la economía política dominante), “uno no puede esperar entusiasmo, espíritu de sacrificio a partir de un programa abstracto y una confianza genérica en un gobierno distante”.
El caso Errejón es prototípico de una política de la impostura en la que lo que se dice no se hace y lo que se hace no se dice. Parafraseando a Marx, en el espacio político de Movimiento Sumar muchas compañeras y compañeros parecen el funcionario chileno que se empeñaba en fijar, con ayuda de la medición catastral, los límites de la propiedad territorial en el preciso momento en que los ruidos subterráneos habían anunciado la erupción volcánica que había de hacer saltar el suelo bajo los mismos pies. Mientras avanza la lava de la historia, es hora, pues, de volver a la filosofía de la praxis. O, en palabras de Anguita, decir y hacer, vivir como se habla, y contar lo que se espera de nosotras. Por la gente. Por lo común.
El punto de partida o el estado de la cuestión en el que debería acometerse desde la izquierda un golpe de timón tomando la iniciativa política es notoriamente adverso. Esta pérdida de peso político y electoral se da, además, en un contexto de repliegue de la izquierda y de avance de la extrema derecha en Alemania, Polonia y Países Bajos, conformando en el Parlamento Europeo una correlación de fuerzas favorable a las tesis ultraliberales y reaccionarias, lo que, a medio plazo, se traducirá en una política económica en materia monetaria y fiscal, como en temas sensibles como la migración o las políticas de transición ecológica, claramente desfavorables a la agenda social europea contemplada en la anterior legislatura por la Comisión. Lo estamos viendo ya con la escalada militar a cuenta de Ucrania.
Pero no todos han sido retrocesos políticos en la era Meloni/Orban/Macron. La victoria en Francia del Frente Popular y el repunte de Die Linke en Alemania abren una veta de exploración que interpela a las fuerzas de izquierda europeas y dibuja un escenario complejo de contradicciones y también de apertura de campo de posibilidades que conviene tomar en consideración en la evaluación del estado de la cuestión política y social en Europa, si bien es preciso reconocer que aun siendo España la referencia, la llamada "excepción ibérica", la coalición progresista está siendo minada por la acción destituyente de la derecha ultramontana y la oligarquía económica tanto como por la deriva –por activa u omisión– del PSOE en la estrategia de vuelta al bipartidismo, sea en materias estratégicas como la renovación del Poder Judicial o las políticas de vivienda o en la propia negociación de los proyectos de ley con las distintas fuerzas parlamentarias, y la penetración del discurso autoritario en amplias capas de la población civil.
Los poderes hegemónicos en España hace tiempo que están explorando la salida reaccionaria, de corte autoritario, ante la crisis de régimen que se vive. El éxito electoral de Alvise fue un anticipo y la consolidación del principal aliado de Trump –Vox, con el PP a la cabeza– y un elevado número de abstencionistas entre las clases populares, al tiempo que, elección a elección, el PSOE se conforma como fuerza de captura del voto progresista, perfila un guion nada halagüeño.
En este contexto, el espacio político de la izquierda no ha articulado una alternativa creíble, sólida y consistente, con capacidad de movilización para garantizar, cuando menos, un Gobierno de progreso en coalición. Los más de 25.000 voluntarios movilizados el 23J por Sumar y las 90.000 personas inscritas están desconectándose de un proyecto que, lejos de desplegar una escucha activa, ha buscado su colaboración casi exclusivamente para la donación o para la movilización electoral, sin diálogo, ni participación en la elaboración programática ni base de referencia en territorio con los que poder establecer nodos incipientes de organización con capacidad, cuando menos, de desplegar la pedagogía democrática consustancial a todo proyecto que se pretenda hegemónico.
En otras palabras, Sumar convertido en su congreso de este mes no ya en frente amplio sino minipartido, no ha sido hasta ahora el movimiento progresista de referencia que, más allá del Gobierno y el grupo parlamentario, establezca una agenda propia en materia de libertades públicas, derechos fundamentales o política de Estado, al tiempo que organiza y participa de las luchas en materia de sanidad, empleo, vivienda, o educación. Tampoco lo ha hecho en otros ejes identitarios que han marcado su política de comunicación como el movimiento feminista, los derechos del colectivo LGTBI, el ecologismo o la protección animal.
Antes bien, su capital político y el de Yolanda Díaz se han ido perdiendo por el camino, pedregoso ciertamente, pero no solo debido al intensivo ciclo de elecciones, sino fundamentalmente por la acción parlamentaria y de gestión de gobierno sin vislumbrar las potencialidades de construir organización con la gente que apoyó el 23J a partir de una propuesta de cambio.
Y se ha proyectado mientras tanto una imagen de desunión, de falta de horizonte orgánico, de debilidad e inconsistencia y de confusión de siglas, no ya entre las fuerzas de la coalición, sino entre lo que se supone es Sumar, como movimiento político social, y lo que Movimiento Sumar ha sido en la práctica: una parte pretendiendo ser todo, operando como partido sin estructura, ni representación, pese a los documentos aprobados en su asamblea de Villaverde.
Lejos, pues, de ensanchar el espacio, este año de vida del grupo de Yolanda ha sido una continua sangría de votos, voluntarios, militantes, organizaciones políticas comprometidas en la coalición, y aliados tanto sindicales como de movimientos sociales necesarios para avanzar un proyecto para la mayoría social.
Sería complejo definir las causas y los factores más determinantes de esta inercia en apenas un artículo. Sin duda, hay elementos objetivos que han marcado tal dinámica, pero también otros, debidos fundamentalmente a decisiones erradas, en tiempo y forma, que han vaciado de contenido la propuesta y disgregado los esfuerzos de integración, unidad y transformación política.
Podríamos hablar de cierta tendencia a la fragmentación y división de la izquierda, al centralismo, a la cultura política del individualismo posesivo que ha permeado las fuerzas emancipadoras, la ley de hierro de Robert Michels o, incluso, la propia influencia de los medios en la conformación de un clima de opinión siempre desfavorable a las fuerzas de impugnación del status quo, sea Podemos y Unidas Podemos, antes, o actualmente Sumar.
Pero también cabe pensar en el propio proceso de desgaste de ser fuerza de gobierno en un contexto difícil para los sectores populares, que han sufrido una tendencial pérdida relativa de poder adquisitivo por la revolución pasiva de los poderes económicos sin que se haya logrado revertir este proceso en la acción de gobierno.
Y ya sabemos por experiencia, como dejara sentenciado en sus escritos el filósofo sardo, que cuando se da una suerte de disyunción entre el Estado (la legalidad institucional) y la sociedad civil (la realidad de la economía política dominante), “uno no puede esperar entusiasmo, espíritu de sacrificio a partir de un programa abstracto y una confianza genérica en un gobierno distante”.
El caso Errejón es prototípico de una política de la impostura en la que lo que se dice no se hace y lo que se hace no se dice. Parafraseando a Marx, en el espacio político de Movimiento Sumar muchas compañeras y compañeros parecen el funcionario chileno que se empeñaba en fijar, con ayuda de la medición catastral, los límites de la propiedad territorial en el preciso momento en que los ruidos subterráneos habían anunciado la erupción volcánica que había de hacer saltar el suelo bajo los mismos pies. Mientras avanza la lava de la historia, es hora, pues, de volver a la filosofía de la praxis. O, en palabras de Anguita, decir y hacer, vivir como se habla, y contar lo que se espera de nosotras. Por la gente. Por lo común.
FRANCISCO SIERRA CABALLERO
FOTOGRAFÍA: DEPOSITPHOTOS.COM
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